NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS. Perú: COVID-19 y su impacto en los trabajadores ambulantes

En esta coyuntura marcada por la proliferación del COVID-19, vemos que quienes se empiezan a afectar con más crudeza, son los trabajadores ambulantes que generalmente viven en los alrededores de las grandes ciudades,en muchos casos sin contar con agua potable y otros servicios esenciales. Por esa razón, el Estado debe garantizar cuanto antes un salario de cuarentena, equivalente al costo de la canasta básica familiar, para quienes realizan estas actividades de subsistencia y que viven del día a día.

Se suele denominar ambulante o trabajador ambulante, a toda aquella persona que carece de un trabajo formal e incluso precario, por tal razón se ve obligado para subsistir a vender en las calles productos diversos como caramelos, cigarrillos, gaseosas, ropa, productos de segundo uso, comida, entre otros y en la actualidad mascarillas de seguridad, guantes, etc. A estos sectores también se les conoce con el nombre de cuentapropistas.

Esta actividad alcanzó un alto grado de expansión en el Perú en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando el país vivió una severa crisis económica que redujo notablemente los índices de trabajo formal y profundizó el desempleo y el subempleo. En la actualidad, y a pesar de haber atravesado por un importante periodo de crecimiento económico denominado boom de las materias primas (2002-2013), las y los trabajadores ambulantes según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) son un sector importante dentro de la denominada Población Económicamente Activa (PEA), debido a que existen altas tasas de informalidad laboral (más del 70% de la PEA). Esto pudo concretarse debido a la aplicación de una serie de políticas económicas que promovieron los despidos masivos y la precariedad laboral, favoreciendo así a los grandes empresarios.

Según un informe publicado en el diario El Comercio, en Lima, por ejemplo, los vendedores ambulantes representan alrededor del 9% del empleo informal total. Esto se traduce en aproximadamente 300.000 trabajadores ambulantes, de los cuales el 65% son mujeres. Solo en la zona comercial de Gamarra se ubicaban - antes de ser desalojados por el alcalde derechista George Forsyth - la cantidad de 15.000 ambulantes, mientras que en el distrito populoso de la Victoria se concentrarían en promedio más de 35.000. Sin duda, estas cifras se elevan sustantivamente si las consideramos a nivel nacional y más aún si tomamos en cuenta el porcentaje de inmigrantes venezolanos que se dedican a esta actividad por las carencias de trabajo formal.

En tiempos de cuarentena por el coronavirus, se habla de los trabajadores que “viven del día a día”, es decir, aquellos que se ven obligados a salir todos los días a las calles a ganarse un ingreso diario que les permita cubrir los gastos básicos para su subsistencia personal y la de su familia. Muchos de estos sectores son los denominados ambulantes que, como ya lo dijimos, viven de la venta al menudeo de diversos productos o servicios elementales.

Por la cuarentena social obligatoria, los ambulantes han sido impedidos de realizar su trabajo, afectándose así de manera sustantiva la satisfacción de sus necesidades primarias. Sobre estos sectores ha caído también la estigmatización por la prensa y por quienes desde sus privilegios de clase la pasan cómodamente con la cuarentena y hacen del “yo me quedo en casa” su principal bandera de guerra contra quienes son obligados por la necesidad a salir a trabajar a las calles.

Por eso vemos todos los días declaraciones en los medios de comunicación de mujeres madres de familia que salen a vender exponiéndose al contagio y a ser detenidas por los militares o policías, pero no tienen otra alternativa, y cuando los periodistas las abordan manifiestan que no tienen que comer o que los pocos ahorros que tenían ya se les acabaron.

El Gobierno ha tratado de capear esta carencia estructural con un bono de 380 soles (aproximadamente 120 dólares) a sectores considerados pobres extremos y "trabajadores independientes" de todo el país, abarcando en promedio a 800 mil personas, lo cual es insuficiente para cubrir los gastos de 3 semanas de aislamiento social. Además, que la clasificación de los beneficiarios de este bono se ha hecho tomando las cifras de un registro que data del 2012 por tanto no cubre a los nuevos sectores empobrecidos.

Consideramos que es de vital importancia que el Estado garantice cuanto antes un salario de cuarentena, equivalente al costo de la canasta básica familiar, para todas las y los trabajadores y familias que realizan estas actividades de subsistencia y que viven del día a día. Recursos económicos para implementar estas y otras medidas existen y hoy se encuentran en las arcas de los grandes empresarios y banqueros que amasaron mucha de su fortuna en los últimos 30 años de saqueo neoliberal. Por ello, exigimos impuestos progresivos a las grandes fortunas, hay que sacar los recursos de las enormes ganancias de estos sectores que mayoritariamente se encuentran estructurados en áreas como la minería, la construcción, la agroindustria, los bancos, las finanzas, las AFPs, quienes se enriquecen a diario a costa de la venta de nuestros recursos naturales, la explotación de la clase trabajadora y la especulación financiera.

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