Crisis política en Perú. Perú: Martín Vizcarra y el adelanto de elecciones

Esta iniciativa, que de aprobarse por el parlamento se daría en abril del próximo año y bajo la actual normatividad electoral - como bien lo anunció el ministro Vicente Zevallos -, se da en un contexto en el cual la economía peruana se encuentra estancada. Esto ha sido claramente señalado por diversos especialistas y por los fríos indicadores que muestran que, en lo que va del 2019 la economía apenas creció 1.45%, con lo cual no nos acercamos ni a la sombra del 4.2% previsto para este año por el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2019-2022 realizado en abril de este año. Este retroceso del crecimiento económico se viene dando desde el 2013, cuando el impacto de la crisis internacional se empezó a sentir en el país a raíz de la retracción de la compra de materias primas por parte de China, que se había convertido en uno de los mayores socios comerciales del Perú.

Por esa razón, hace poco un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ponía de manifiesto que por primera vez en mucho tiempo la pobreza se incrementaba en el Perú. Este mismo documento dejaba al descubierto que en Lima, en estos últimos meses, 420 mil personas padecían desempleo, dentro de las cuales más de 200 mil eran mujeres. Una de las razones que habría llevado a esta situación tendría que ver con el fin del periodo conocido como el “boom primario exportador” que aleatoriamente generó el desarrollo de la industria de la construcción, la misma que en ciudades como Lima, absorbía a un sector importante de lo que se conoce como la Población Económicamente Activa (PEA).

En el interior del país la situación no es mejor. Como consecuencia de la parálisis de los proyectos mineros, de la reducción del Canon y de los efectos ambientales de la mega minería a cielo abierto, muchos conflictos socio ambientales han vuelto a manifestarse con mucha fuerza, como fue el caso de los comuneros de las Bambas que se opusieron a la contaminación provocada por la construcción de una carretera para trasportar el mineral y últimamente la lucha de los agricultores del Valle de Tambo en Arequipa que se oponen al proyecto minero Tía María de propiedad de la empresa transnacional Southern Copper. Este último conflicto desencadenó otros conflictos en la macro región sur, como el que protagonizaron los pobladores de la región Moquegua contra la empresa minera Quellaveco por el incumplimiento de las promesas laborales hechas por la patronal minera en complicidad del ejecutivo, o el conflicto de los campesinos de los valles alto andinos de Candarave en Tacna contra la empresa Southern que se apropia de sus reservas hídricas afectando notoriamente su producción agraria que, en la mayoría de los casos, es de subsistencia.

Leé también Pueblos del sur del Perú se movilizan en solidaridad con los campesinos del Valle de Tambo

A este descontento social en desarrollo provocado por factores económicos, se suma el cuestionamiento a las instituciones heredadas del régimen de 1993 impuesto por Alberto Fujimori. Este cuestionamiento al régimen, que tiene como base objetiva, el hecho que las diversas instituciones del Estado y los partidos políticos hayan pasado a convertirse abiertamente en correas de trasmisión de los intereses de los grandes capitalistas sean estos mineros, de la construcción o las finanzas, ha llevado a que la lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos y los políticos de turno sea una de las demandas más sentidas de la población peruana. Este cuestionamiento social a la corrupción se expresa hoy en el fujimorismo, por esa razón, desde que asume el gobierno el 2016 Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la lucha contra el indulto a Alberto Fujimori fue la principal fuente de movilización social y su incumplimiento por parte de PPK, se convirtió a la postre en la causa de su caída.

La lucha contra el indulto a Alberto Fujimori, abrió un cuestionamiento mayor contra toda la institucionalidad y la casta política, lo cual se expresó embrionariamente en consignas como ¡Que se vayan todos! o ¡Asamblea Constituyente para dar vida a una nueva Constitución!, las cuales empezaron a ser coreadas por los manifestantes en las diversas movilizaciones en todo el país. El nuevo gobierno de Martín Vizcarra, percibe rápidamente la progresividad de las demandas populares, y decide cooptar el descontento social, para ello se posiciona como el principal enemigo del fujimorismo y junto al juez Concepción Carhuancho y al fiscal Domingo Pérez terminan encarcelando a Keiko Fujimori al probarse que ésta se encontraba involucrada en la corrupción promovida por Odebrecht. Así mismo, Vizcarra promueve un proceso de Reforma Política desde el ejecutivo que termina en el referéndum de diciembre del 2018, el cual tenía como objetivo realizar cambios cosméticos a instituciones muy desprestigiadas como el poder legislativo y el poder judicial, con lo cual lo que se buscaba era enchalecar la bronca social en las vías de la institucionalidad propia del régimen del 93.

Si bien Vizcarra pudo en su momento desviar la bronca social, no ha podido acabar con las causas objetivas de este descontento, ya que estas tienen que ver – como ya lo vimos - con la crisis del modelo de acumulación capitalista al cual el presidente sirve muy devotamente. Por esa razón, ante el rebrote de nuevos conflictos sociales promovidos por obreros o campesinos que cuestionan con su movilización las líneas matrices de la política de reactivación económica del ejecutivo basada en la promoción de más inversión extranjera minera y más ajuste laboral, Martín Vizcarra no ha tenido mejor idea que apelar a su perfil anti fujimorista y “democratizante” para desviar la bronca social. Como señalamos líneas arriba, esto lo vimos últimamente ante el descontento generalizado del gran sur contra su política económica que se expresaba en la licencia al proyecto Tía María que amenazaba en convertirse en un polvorín social por su capacidad de irradiación a una zona caracterizada por sus altos niveles de pobreza y su tendencia a la radicalización, lo cual ha llevado a que 4 de sus presidentes regionales se autodefinan – muy a su manera – de izquierda o que algunos provengan de las filas de los movimientos sociales que en su momento confrontaron al Estado, como es el caso de Walter Aduviri en Puno y en menor medida de Zenón Cueva en Moquegua.

Entonces, el anuncio de adelanto de elecciones hecho por el presidente Vizcarra en un momento en el cual su popularidad había descendido en un 20% y con lo cual su capacidad de maniobra a favor del gran capital se reduce acentuando su carácter de gobierno débil y no asentado, busca en esencia cambiar el norte del descontento social, sacando, una vez más de la escena las demandas sociales de los explotados y oprimidos, reemplazándolas por una medida que, de aprobarse por el parlamento, abriría un escenario electoral en el cual la acción de las calles seria reemplazada por la ilusión de las urnas. De esta manera, la posibilidad para que los empresarios pasen sus medidas de ajuste y de saqueo serán más viables, como ocurrió el año pasado cuando el empoderado Vizcarra aprobó sin problemas medidas como la eliminación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público o la política de reactivación productiva del 31 de diciembre de 2018 con la cual se infringía un severo golpe a los derechos de las y los trabajadores.

Nosotros, desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST", consideramos que para acabar con el régimen del 93 impuesto por Alberto Fujimori, solo debemos confiar en la acción y movilización independiente de las y los trabajadores y el pueblo. Por esa razón y frente a la actual crisis política proponemos la necesidad de articular las diversas luchas a nivel nacional en un gran encuentro obrero y popular que vote un Plan Nacional de Lucha contra el gobierno y su política de reactivación de la economía y contra la corrupción institucionalizada como consecuencia de la hegemonía capitalista expresada en la vigencia del actual modelo neoliberal. Así mismo, nos reafirmamos en la necesidad de imponer a través de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de las ruinas del régimen de 1993 y que nos permita acabar con los beneficios de la casta política que hoy sirve al gran capital y, por otro lado, nos permita aprobar un plan para que las consecuencias de la crisis económica la paguen los empresarios y no el pueblo trabajador.