CONFLICTO MINERO-AMBIENTAL. Perú: a pesar de la represión continúa la lucha contra la megaminería

Pobladores de la provincia arequipeña de Islay y del valle de Tambo llevan más de 45 días de paralización y protestas contra el proyecto Tía María, a pesar que el Gobierno se vio obligado a suspenderle a este proyecto la licencia por 120 días. Los pobladores enfrentan así la política pro empresarial, represiva y de criminalización de la protesta social promovida por el Gobierno de Martín Vizcarra, la cual cada día se hace más dura como claramente lo evidencian las últimas detenciones de manifestantes y la denuncia, por parte del ministerio público, a dos dirigentes sociales de Arequipa que participaron en las luchas en defensa del valle de Tambo.

Como se sabe, luego de más de 45 días de manifestaciones y paralizaciones, la lucha que empezó originalmente en el valle de Tambo, se extendió a la provincia de Islay en la región Arequipa, ocasionando que diferentes provincias de esta región y del sur peruano se solidaricen con las protestas en rechazo a la megaminería. Por ello, podemos decir que la lucha del valle de Tambo sirvió como detonante para que otras regiones afectadas por la megaminería se pongan de pie como es el caso de Moquegua contra el proyecto minero Quellaveco y los campesinos de Cusco y Apurímac en el denominado “corredor minero”.

Leé también Perú: se incrementan las luchas contra la megaminería y la reforma laboral de Vizcarra

La paralización en el valle de Tambo se inició el 15 de julio, y se prolongó hasta el 5 de agosto en donde se convocó a una paralización indefinida que obligó a que Martín Vizcarra retroceda decretando la suspensión de la licencia al proyecto Tía María. A pesar de esa victoria transitoria, los campesinos del valle y gran parte de los pobladores de la provincia de Islay han decidido continuar la lucha hasta que el Gobierno resuelva la anulación definitiva de este proyecto.

Para encarar esta lucha social, el Gobierno – que días atrás ordenó la intervención de las fuerzas armadas – ha endurecido su política frente a los sectores que se encuentran en pie de lucha. Producto de ello, el pasado martes 27 de agosto se dieron 5 detenciones de manifestantes en enfrentamientos contra la policía y el jueves 29 de agosto otros 3 manifestantes fueron detenidos cuando se encontraban realizando actos de protesta contra el proyecto Tía María. A ello se suma la apertura de procesos judiciales a los dirigentes sociales Jorge del Carpio y José Luis Chapa, a quienes el Estado, a través del ministerio público, pretende responsabilizar de los enfrentamientos ocurridos en la ciudad de Arequipa. Así mismo, y para evitar que los bloqueos prosperen, el Gobierno viene brindando protección y resguardo a otras instituciones y empresas como es el caso del Terminal Internacional del Sur, y el Terminal de Hidrocarburos de Mollendo, los cuales a la fecha se encuentran fuertemente protegidos por personal de las fuerzas armadas.

Las denuncias contra los dirigentes Jorge del Carpio y José Luis Chapa, se suman al encarcelamiento de Walter Aduviri (líder del denominado Aymarazo, que fue una contundente lucha contra la minería realizada en la región Puno en el año 2011). Con esto, lo que se busca desde el poder judicial es crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social, atemorizando y advirtiendo que todo aquel que se oponga a los intereses pro empresariales será castigado con la cárcel.

Para encarar esta situación y fortalecer sus niveles de organización y de lucha, los campesinos del valle de Tambo llevarán a cabo este sábado 31 de agosto, en el poblado de Cocachacra, una reunión de coordinación donde también estarán presentes organizaciones sociales de la macro región sur del Perú, lo cual es muy importante en la perspectiva de ir construyendo, a partir de acciones concretas, la solidaridad más amplia con los que luchan. Sin embargo, debemos de coadyuvar para que las y los trabajadores urbanos, quienes también vienen siendo agredidos por las políticas de ajuste del gobierno, se vinculen a las luchas de los campesinos construyendo en la práctica instancias de auto organización obrero-populares que se propongan dar vida a un espacio nacional que apruebe un plan de lucha que haga retroceder a este Gobierno pro empresarial.