COVID-19 Y CRISIS SANITARIA. Perú con más militares en las calles y sin condiciones de bioseguridad para trabajadores de salud, amplía el estado de emergencia

El presidente Martín Vizcarra extiende el Estado de Emergencia por dos semanas más y lo hace valiéndose de una serie de anuncios punitivos contra las regiones del Norte del país y sin decir nada sobre los elementos de bioseguridad para el personal médico que, como ya quedó claro debido las diversas denuncias públicas que se hicieron, vienen laborando en muy malas condiciones las mismas que ponen en evidencia la crisis estructural del sistema sanitario peruano.

Vizcarra tampoco dijo nada sobre las pruebas moleculares que se hacen necesarias para detectar a los infectados y evitar de esa manera que continúen los contagios. Tampoco se tomó la molestia de aclarar qué pasaría con los test serológicos que anunció que compraría el Estado y que fueron cuestionados por los especialistas debido a su poca objetividad y su propensión a dar falsos negativos en las evaluaciones a probables pacientes con COVID-19.

Sobre las pruebas de descarte, cabe mencionar que hasta el momento se han realizado 9.219 pruebas, de las cuales 8.639 muestras tienen resultado negativo y 580 casos con resultado positivo. El Gobierno al inicio de la pandemia sostuvo que el Perú tenía solo 10.000 pruebas, de ello podemos deducir que a la fecha solo quedarían 781 pruebas, lo cual es muy preocupante ya que nadie sabe con exactitud cuándo tendremos el lote de pruebas rápidas y moleculares que anunció el ejecutivo que se compraría para revertir ese déficit. Este hecho no es menor ya que la única forma de revertir la curva de contagio y a su vez poder terminar con las medidas de aislamiento de toda la población, que afectan a los sectores más pobres fundamentalmente, es sabiendo con exactitud quienes están contagiados para darles tratamiento adecuado y así evitar que sigan contagiando. Apostar solo a la inamovilidad sin un complemento sanitario es ir a un callejón sin salida.

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El presidente también hizo público que “se ha acordado hacer el llamamiento de los licenciados de las FF.AA de las promociones de los años 2018, 2019 y 2020 para aumentar en 10.000 personas que “resguardarán” el cumplimiento de las medidas dadas por el ejecutivo por el “aislamiento social”. Ello demuestra que la apuesta del ejecutivo pasa por reforzar las medidas represivas ante esta crisis sanitaria que hasta la fecha ya ha costado 11 muertes. Esto contrasta con las diversas denuncias de los gremios de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud quienes han dejado claro que existe una notoria falta de personal para atender eficazmente a los pacientes, por tanto, el nombramiento de más personal de salud se convertía en una necesidad de primer orden. Sin embargo, el Gobierno al priorizar las medidas punitivas, lo que termina generando es que las jornadas de 12 hasta 24 horas corridas que venían llevando adelante los trabajadores de salud se mantengan.

Otra de las medidas que anunció es: “La suspensión temporal y excepcional del aporte de 1 mes a las AFPs para el mes de abril de 2020” una medida sin duda tomada ante el reclamo masivo de las y los trabajadores que en redes sociales exigían se les permita retirar sus aportes porque las inversiones de las AFPs habían caído y por ende sus aportes se estaban viendo afectados. A ello se suma el anuncio que permite que los trabajadores formales puedan retirar hasta 2.500 soles de su CTS (fondo compensación por tiempo de servicios), para que de esa manera puedan encarar la difícil situación económica que ya se empieza a vivir. Sin embargo, no dijo nada de los trabajadores informales o precarizados que hoy en el Perú son más del 70% de la población económicamente activa PEA.

Tampoco dijo nada de las empresas como las de la minería o la cervecería Backus que no cumplen el estado de emergencia y que siguen exponiendo al contagio a sus trabajadores y sus familias, por ello hoy tenemos dos trabajadores de Backus y uno de la empresa Minera Cerro Verde contagiados con el coronavirus. ¿Para esas empresas no hay sanciones penales señor presidente?

Como se ve, quedan muchas cosas pendientes que a la postre terminarán afectando la vida del pueblo trabajador. Por eso, de manera urgente hace falta exigir que se prohíban los despidos en las empresas privadas y públicas y que no se recorten los salarios a sus trabajadores por la cuarentena obligatoria. Así mismo, se debe pagar un salario de cuarentena equivalente al salario mínimo a todas las personas y familias que dependen del día a día y que sobreviven del comercio ambulatorio, y en lo referente a las medidas sanitarias, urge que se dé cuanto antes un testeo masivo con pruebas moleculares que nos permita detectar a los infectados para darles la atención especial que requieren y evitar así que sigan propagando el contagio. La cuarentena y el estado de emergencia por sí mismos no bastan.