Una vez más se pone en evidencia la alianza entre el poder económico trasnacional y el Estado peruano. Los negocios de la Southern, del presidente Martín Vizcarra y su ministro a costa de sacrificar las necesidades de agua, de trabajo digno y los derechos comunales y al territorio del pueblo arequipeño y del Perú.
Lunes 22 de julio de 2019
Foto: redes sociales
El otorgamiento de la licencia de construcción a Southern Copper Corporation para la ejecución del proyecto minero Tía María, muestra una vez más que el gobierno de Martín Vizcarra está al servicio de los intereses de las empresas transnacionales que contaminan el medio ambiente e incrementan sus ganancias a costa de la mano de obra precarizada que encuentran en nuestro país.
Para lograr ese objetivo, Vizcarra se ha rodeado de un conjunto de ministros cuya cercanía al gran capital minero y a las ideas neoliberales es enorme. Uno de esos personajes es el actual ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, quien fue el encargado de firmar la licencia que autoriza la construcción del proyecto Tía María en el valle de Tambo, el cual viene siendo repudiado por la población de este rico valle a través de un paro que ya lleva más de una semana.
El Ministro Francisco Ísmodes Mezzano, como figura en el portal web del ministerio que dirige, toda su vida laboral estuvo vinculado a las grandes empresas de la minería, así tenemos que ocupo diferentes gerencias en la Compañía Minera Milpo S.A.A. desde 1991 hasta agosto de 2013; además ha sido consultor de la Compañía Minera Antamina, Rio Tinto SA, Minsur SA, entre otras empresas mineras.
Vizcarra lo nombra como Ministro de su gestión sabiendo de sus vínculos con el gran capital minero, lo cual desde ya pone de manifiesto el conflicto de intereses y la evidente parcialización del Ministro Ísmodes con las demandas y necesidades de sus antiguos empleadores. Este no es un caso aislado, sino todo lo contrario, es una constante que pone en evidencia la existencia de las denominadas “puertas giratorias” en el sector público, que no son otra cosa que la influencia que ejercen los grandes empresarios para imponer en los ministerios clave y en cargos de importancia estratégica para ellos, a sus ex funcionarios de confianza. Así se aseguran que el Estado se convierta en la correa de trasmisión de los intereses del gran capital.
Por ello el lunes 15 de julio, mientras los agricultores de Tambo paralizaban el Valle, el ministro Ísmodes daba declaraciones en canal N y decía muy preocupado que "si no se otorgaba esta licencia de construcción, el proyecto regresaba a fojas cero", como si esto fuera un crimen capital que nos afectaría a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, cuando en realidad lo correcto hubiera sido tomar en cuenta las demandas de la población que exigen desde hace años atrás no al proyecto minero ya que son conscientes que, durante los casi 70 años de explotación minera en el Perú, la empresa Southern no ha hecho más que dejar una sombría huella de contaminación ambiental como bien lo certifican los casos de los humedales de Ite (Tacna), la contaminación de la cuenca del río Torata (Moquegua) o los daños ambientales generados en la ciudad de Ilo (Moquegua) por parte de su refinería.
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El Ministro Ísmodes ha tratado de descalificar la justa lucha del pueblo de Tambo, aduciendo que el paro “estaba siendo politizado”, por tanto, junto al presidente Vizcarra se han reafirmado en que no hay marcha atrás en el otorgamiento de la licencia de construcción ya que, según ellos, este es solo un trámite administrativo. Sabemos bien que en realidad es más que eso; es un problema político que tendrá un enorme impacto social ya que significará otorgarle la facultad a la empresa Southern para que pueda explotar a través de la modalidad a Tajo Abierto, las reservas de cobre de la zonas donde se establecerán los yacimientos de La Tapada y Tía María valiéndose para ello de las reservas de agua que sirven para las actividades agrícolas de los pobladores de esta región. Cabe mencionar que estos yacimientos mineros se encuentran muy cerca de las zonas de vivienda y producción agraria de los pobladores del valle de Tambo, por eso el proyecto Tía María ha sido rechazado en diversas oportunidades.
Queda demostrado así, que el Estado no es neutro, como sostienen los liberales y las organizaciones reformistas y neo reformistas, sino, como diría Marx, “es el comité de gestión de los asuntos de la burguesía”, por eso, su objetivo máximo es asegurar el incremento de la tasa de ganancia de los grandes empresarios transnacionales y sus socios locales.
