Coronavirus. Perú: los trabajadores tenemos propuestas para encarar la crisis socio-sanitaria generada por el COVID-19

Es precisamente como consecuencia de esa crisis estructural del sistema sanitario que médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud han empezado a protestar por la precaria situación en la cual se ven obligados a atender a los enfermos y probables contagiados del COVID-19, que todos los días acuden a los servicios sanitarios. Ellos no cuentan con la cantidad de mascarillas, ni con los uniformes necesarios para encarar en primera línea esta pandemia, lo cual los hace vulnerables a los contagios, como ya ocurrió con 10 médicos que a la fecha se encuentran infectados, 80 en evaluación y con una obstetra que acaba de fallecer.

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Además, por la denominada “racionalización del personal” (despidos o pases al retiro obligatorios) que es propia de un modelo económico que se sostiene en el recorte del gasto público, hoy no tenemos en los centros médicos la cantidad de personal idóneo que se requeriría para encarar con eficacia el incremento de los contagiados.

Así mismo, y según declaraciones de los funcionarios de salud, en el hospital Rebagliati (que es el más grande del país), solo se cuenta con 20 camas UCI disponibles (implementadas debidamente para cuidados intensivos) las cuales podrían servir para atender a pacientes de gravedad. A esto se suma la carencia de pruebas para evaluar a los probables contagiados del COVID-19, por eso, hasta el momento solo se han aplicado 7.800 pruebas, de las cuales solo se tiene los resultados de 800. Por ello, muchos especialistas consideran que las cifras públicas de contagiados – 395 hasta el momento – podrían ser más elevadas. Este déficit en la implementación de las pruebas o test de descarte, hace que la cuarentena y el estado de emergencia que restringe la circulación de la población, sea una medida insuficiente ya que al no saberse con exactitud científica cuantos contagiados existen en el país, cualquier iniciativa pública de aislamiento y de asistencia sanitaria a los afectados se hace imposible.

El Gobierno ha salido a decir que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir las pruebas necesarias, por eso se ha propuesto como meta comprar solo 1 millón 600 mil pruebas, las cuales nadie sabe con certeza cuando estarían disponibles ni la fiabilidad de las mismas. De concretarse este ofrecimiento presidencial se podrían aplicar en promedio 500 pruebas diarias, como mínimo y 5 mil como máximo (según las propias palabras del presidente Martín Vizcarra). Estas cifras distan mucho del número de habitantes del país (más de 30 millones según el último censo de población y vivienda) y de experiencias con relativo éxito para encarar el COVID-19, como es el caso concreto de Corea del Sur donde se llegaron a aplicar 250 mil pruebas diarias y solo de esa manera se pudo parar el avance de la pandemia en este país asiático.

Y si hoy por hoy el Estado no cuenta con los recursos disponibles para implementar estas medidas de urgencia, se debe a las políticas de saqueo y expoliación de nuestra economía que se vienen aplicando desde hace buen tiempo atrás a través de los beneficios tributarios a los grandes empresarios y al pago puntual de la deuda externa. Solo en beneficios tributarios al gran capital, a través de las modalidades de evasión y elusión tributaria, entre los años 2009 y 2020 se estima que el Estado perdió la suma de 153 mil millones de soles. Solo para el año 2020, como bien lo señala la ONG Oxfam-Perú, en su documento de trabajo N°1-2019: “el costo de los beneficios tributarios ascendería a 16.715 millones de soles, monto que más que duplica lo que se proyecta asignar a la Protección Social (6.796 millones de soles), es decir a todo el gasto en programas sociales”. Cabe mencionar también que muchas de estas grandes empresas, que gozan de estos beneficios tributarios, pertenecen al rubro de la gran minería, el cual entre los años 2003-2013 se vio beneficiado notablemente debido al auge del precio de las materias primas en los mercados internacionales.

Como ya se dijo líneas arriba, para que los empresarios logren apropiarse de esas enormes tasas de ganancia, contaron con la complicidad de los diversos gobiernos de turno, incluyendo el del señor Martín Vizcarra, quienes con el apoyo de los parlamentos y más allá de las diferencias de forma, fueron aprobando una serie de medidas que terminaron por legalizar este saqueo nacional y la sobre explotación de los trabajadores. La última expresión de esto se vivió al finalizar el año 2019 cuando, en pleno conflicto entre el ejecutivo encabezado por Vizcarra y la mayoría parlamentaria de orientación fujimorista, ambas facciones terminaron haciendo un paréntesis para aprobar la iniciativa presentada por el ejecutivo que otorgaba la ampliación por 10 años más (hasta el 2031) a los empresarios agro exportadores, quienes desde 1993 no pagan impuestos al Estado. Anteriormente estas dos expresiones del empresariado ya habían aprobado juntas el plan de competitividad y productividad que recortaba una serie de derechos a las y los trabajadores.

Entonces, si hoy queremos en serio enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, necesitamos poner cuanto antes la economía al servicio de los intereses sanitarios del conjunto del pueblo trabajador. Ello implica, para empezar, grabar con un impuesto significativo la fortuna de esos grandes empresarios que desde buen tiempo atrás se vienen beneficiando de la sobre explotación de los trabajadores y de los beneficios tributarios que les otorgan los gobiernos de turno. Solo de esa manera tendremos los recursos suficientes para comprar o empezar a producir en nuestro país los test de descarte del COVID-19, que nos permitiría que el total de la población sea evaluada gratuitamente a través de un testeo masivo.

Esta medida de urgencia va atada a la necesidad de centralizar todo el sistema de salud, incluyendo la salud privada (desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados), poniéndola bajo gestión pública y control de las y los trabajadores, especialistas y los usuarios. Eso nos permitirá también contar con todas las instalaciones necesarias para recibir a los eventuales infectados que necesiten internación y que puedan ser atendidos adecuadamente.

Además de ello, debemos exigir licencias con goce de sueldo al 100% (a cargo de las empresas públicas y privadas) de toda persona infectada o en peligro de contagio, así como de todas las personas mayores de 65 años y de padres y madres que no pueden enviar sus hijas e hijos a las escuelas por motivo de cierre. Licencias pagadas por el Estado y empresas privadas para las y los trabajadores informales, con trabajos precarios o inmigrantes indocumentados en zonas afectadas para que no se vean obligados a trabajar exponiéndose a la infección. Prohibición de despidos. Congelamiento de los alquileres desde diciembre del 2019 y moratoria de su cobro. También debemos plantear la suspensión de todo juicio de desalojo, pues todas las familias verán sus ingresos reducidos. Así mismo, creemos que es importante que se formen comisiones de Higiene y Seguridad en todos los lugares de trabajo, con plenos poderes para investigar, consultar y cuestionar las medidas que hacen a la seguridad de las y los trabajadores y usuarios.

Para que estas y otras medidas sean posibles, es necesario impulsar la organización de la clase trabajadora y pelear para que ésta intervenga en la crisis con un programa independiente de las distintas variantes del empresariado y sus partidos. Y esto lo hacemos en el marco de nuestra lucha por un Gobierno de las y los trabajadores que nos permita cambiar de raíz esta sociedad que demuestra estar organizada en función de las ganancias y no de la vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

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