A pesar de la implantación de la reforma educativa por parte del gobierno federal en febrero de 2013, y del enorme esfuerzo y sacrificio que ha conllevado la lucha magisterial por su abolición, miles de aspirantes acudieron a realizar las pruebas del concurso de oposición convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Maestra Tania Vonki Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Sábado 25 de julio de 2015
Conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada por el legislativo en septiembre de 2013, se llevó a cabo el proceso de evaluación para ingresar a la docencia en educación básica y media superior (durante el ciclo escolar 2015-2016). Esto ocurrió en la semana del 11 al 19 de julio del año en curso y se aplicó en 29 entidades federativas.
Con una jornada bastante intensa que supuso seis horas de examen con un intermedio de dos horas de descanso, miles de aspirantes se presentaron en las 270 sedes de aplicación, esperando resultar ser acreedores de uno de los 16 mil 292 espacios laborales disponibles a nivel nacional.
Según datos de la SEP, de los 138 mil 593 aspirantes programados para este proceso, asistieron 112 mil 671 sustentantes, es decir, 81.3% de las personas esperadas.
En el Distrito Federal se contó con 34 sedes de aplicación que fueron Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (CONALEPs) en donde se contaba con equipo de cómputo.
El número de aspirantes a la docencia se incrementó con respecto a los 131 mil aspirantes del año pasado, sin embargo, el número de plazas se redujo con respecto a las 16,505 de 2014.
Aunque la probabilidad de conseguir un espacio como docente sea desmotivadora y a pesar de los derechos laborales que han sido aniquilados con la reforma educativa, hay miles de personas dispuestas a participar en el concurso para obtener una plaza docente.
“Una evaluación incapaz de medir el talento profesional”: Hugo Aboites
Respecto al contenido del examen, éste no evalúa el conocimiento sobre la asignatura a impartir –salvo un par de preguntas– sino que más bien se enfoca en la estructura del programa educativo diseñado por la SEP y en la habilidad del docente para resolver problemas por fuera del contexto histórico concreto en el que labora.
Además, el método de elegir una opción entre cuatro respuestas posibles, muy parecidas entre sí, pero en donde sólo una es la correcta, no expresa realmente la habilidad del docente para resolver problemas, incluso todas las opciones pueden ser inviables dependiendo de las propias perspectivas y de las propias condiciones laborales. Una evaluación estandarizada es injusta.
El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Hugo Aboites Aguilar menciona en un artículo que escribió en 2012 para el periódico La Jornada que “una prueba estandarizada […] es un instrumento probadamente incapaz de medir el talento profesional […] la inocente ‘rendición de cuentas’ se transformó en una estructura de sujeción del maestro”.
Así pues, que sólo una respuesta sea correcta significa someterse a un estándar de homogenización de la educación que incluso va en contra de los mismos principios que la SEP dice buscar implementar, de inclusión y respeto de la pluralidad. Y más bien responde a un modelo docente favorable a intereses ajenos; ya que las evaluaciones no son propuestas por la población a la que afectan, sino a particulares apoyados por el Estado, que sólo buscan enriquecerse contratando mano de obra barata, pero cualificada.
Cabe mencionar que las guías de estudio contenían una bibliografía muy amplia, casi imposible de abarcar por una sola persona. Por otro lado, algunos de los textos que se señalaban en ella responden a una realidad distinta de la del país. Por ejemplo, en lo referente al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS o NTICS), sucede que en la mayoría de las escuelas no se cuenta con la infraestructura adecuada o suficiente para que el docente pueda abordarlas en clase.
Si la educación es realmente pública y gratuita como señala el artículo tercero constitucional, sería injusto tratar de que las familias o cualquier agente externo a la escuela, como una empresa privada, se encarguen de costear los materiales que el gobierno debería garantizar; incluso los materiales más básicos, como gises, borrador o plumones para pizarrón, muchas veces deben ser costeados por los mismos profesores.
En las zonas marginadas y abandonadas por los gobiernos ni siquiera se cuenta con un aula para la enseñanza, o éstas se están cayendo a pedazos. Sin contar que el ambiente social y la precariedad económica también afectan la forma de aprendizaje escolar.
Por esto es que los maestros salen a luchar en defensa del derecho a la educación y en contra de la reforma educativa, porque el hecho de que los aspirantes y docentes salgan “idóneos” en sus pruebas no provoca una mejora en la realidad social, económica, política ni académica del país.
Con información de La Jornada y El Informador.
