Represión. Petición de hasta cuatro años de cárcel a tres jóvenes por manifestarse

Las penas que solicita la Fiscalía para los tres acusados oscilan entre 1 y 4 años por lesiones, desórdenes públicos y atentado a la autoridad por hechos que niegan quienes fueran detenidos durante la manifestación de hace más de seis años y medio. El juicio tiene lugar este 21 de marzo a las 11 horas en el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, calle Julián Camarillo, número 11, donde la plataforma de apoyo a este caso de represión policial ha convocado media hora antes una concentración en solidaridad con los encausados.

Estos detenidos en la manifestación Unidad contra el pensionazo y la nueva agresión: no al pacto social son acusados de hechos como golpear a un policía (mientras el detenido asegura que estaba cubriendo fotográficamente la manifestación), insultar a un policía (hecho que niega el detenido, que afirma ser detenido por rezagarse al huir de una carga policial) y lanzar una botella hacia los efectivos policiales, respectivamente.

Este detenido, al cual se le piden dos años y ocho meses de prisión, afirma que "no tiró ninguna botella contra un policía ni contra nadie. Estuvimos en la manifestación que transcurrió de forma normal y al final hubo algunas cargas policiales y nosotros que estábamos allí concentrados fuimos detenidos de forma totalmente arbitraria. De hecho, me detienen cuando estoy intentando evitar que golpeen a mi novia".

La pena menor que se pide supera el año por desórdenes públicos, sin embargo se cree que esta situación se da por los acontecimientos inmediatamente posteriores a la detención, ya que en palabras de este detenido, pasaron “casi 72 horas en el calabozo y no sabíamos de qué nos acusaban. De camino a los juzgados de Plaza de Castilla fue cuando nos leyeron la acusación. No nos pareció casual que la acusación contra mis dos compañeros, que habían pedido un parte de lesiones tras el trato que recibieron en los calabozos, fuera más elevada"

El detenido para el que la Fiscalía pide la pena de 4 años considera que “el objetivo de estas condenas tan altas es ser ejemplarizante. Las detenciones se producen en un momento de recortes en el que no interesa que la gente salga a la calle. Además, estábamos protestando por un tema, como el retraso de la edad de jubilación, en el que prácticamente hay un consenso".

El retraso de la edad de jubilación fue una de las últimas medidas implementadas por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en una batería de ataques a los derechos y condiciones de la clase obrera y a las libertades democráticas con las que se perseguía descargar los efectos de la crisis económica sobre los trabajadores, las personas migrantes y la juventud, que continuaría así mismo el gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Esta reforma entró en vigor en 2013 y su aplicación es progresiva hasta 2027. El llamado “pensionazo” se uniría al aumento del desempleo en cifras de varios millones, la imposición de un paquete de derrotas laborales y sindicales en la Reforma Laboral de Zapatero y posteriormente de Rajoy, así como de numerosas privatizaciones serían algunos de los puntos calientes de la agenda neoliberal que iba a redoblar la precariedad laboral y el descontento social, expresado en movilizaciones como ésta, que serían duramente reprimidas.

Meses después las protestas desarrolladas del 15M en adelante marcarían una dinámica de ascenso de la lucha de clases en los años posteriores, pero también una ola de represión gubernamental por la vía policial, judicial e incluso legal, con la aprobación de la llamada Ley Mordaza.

Y es que este descontento social es reprimido no sólo con dureza en la calle, sino también en los juzgados, que criminalizan, imponiendo multas y penas de cárcel a activistas, sindicalistas y luchadores, como Alfon, los antifascistas de Zaragoza o este caso de represión, frente al cual manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con los encausados desde Izquierda Diario.