Las empresas petroleras están incumpliendo con las inversiones previstas y por ende frenando la explotación de los pozos nuevos. Esto trae perjuicios a los trabajadores del sector.
Fernando Luna Lic. Seguridad e Higiene - Trabajador de Shell Raizen Precandidato a primer concejal por Avellaneda en la lista del PTS FIT "Unir y fortalecer la izquierda"
Sábado 16 de julio de 2016 15:14
Foto: tiempoar comar
En mayo el ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren expidió el primer permiso oficial de importación de crudo del exterior, que fue realizado por la empresa Oil de Cristóbal López; se hizo contratando a Shell Western, unidad dedicada al trading [transporte] de combustibles de la de la petrolera anglo-holandesa. Cualquier relación no es mera coincidencia.
Esta importación se realizó a U$$ 40 el barril de Bonny Light -el tipo de crudo más utilizado para la demanda argentina- desde Nigeria, con flete incluido. Ahora nuevamente las principales empresas vuelven a importar 1 millón de barriles, más de 156 mil metros cúbicos. Aunque Aranguren haya hecho una suerte de “reto” a las empresas por la nueva importación, no la impidió ni mucho menos.
Mientras tanto, las empresas que incluso extraen crudo en territorio argentino especulan con sus márgenes siderales de ganancias; dicha especulación pone como moneda de cambio miles de puestos de trabajo en la industria. Luego de la baja del barril, tras haber transcurrido más de una década de mega ganancias, hoy frenan la producción.
Tomemos de muestra la provincia de Salta, donde recientemente los desocupados de la industria organizaron una comisión para defender los puestos de trabajo. Actualmente produce un estimativo de 26.484,758 m³ de petróleo y 237.216,523 Mm³ de gas mensual, lo que arroja un estimado anual de 312 mil m³ de petróleo y 2.800.000 Mm³ de gas. En el 2011 llegó a extraer más de 514 mil m³ de petróleo y 4.500.000 Mm³ de gas, produciendo ganancias en concepto de regalías por $ 100 millones en petróleo y $ 175.500 millones en gas respectivamente. Como reclaman los trabajadores, las empresas están incumpliendo con las inversiones previstas y por ende frenando la explotación de los pozos nuevos.
Si bien hay detalles de las calidades del tipo del petróleo, se puede apreciar que gran parte de las exportaciones se pueden cubrir con la producción local.
Esto tiene un impacto directo en los puestos de trabajo y la economía local. Como referencia, en Salta la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles -dirigida por el diputado Alberto Roberti- en una año pasó de un plantel de afiliados ocupados de casi 1300 a 700. A esto hay que sumarle el resto de trabajadores que pertenecen a otros gremios, a pesar de ser parte directa o indirecta de la industria.
Los trabajadores del norte saben muy bien que existe producción por extraer; con Bolivia se comparte la cuenca de donde se extraen el petróleo y principalmente el gas. Si no se extrae en Argentina es pura por especulación de las empresas y del propio Estado. Por el lado privado, muchas de las compañías tienen acciones en las empresas bolivianas, y por ende sacan la producción por allí ya que le resulta más barata la extracción y posterior exportación. Por el lado del Estado, no exige las inversiones pactadas para la explotación de los pozos. Las principales empresas, como Panamerican Energy, Tecpetrol y Pluspetrol, tienen que cumplir con un mínimo de 3 pozos por año, cosa que no vienen haciendo. Cada pozo tiene un piso de 70 trabajadores directos y puede tener unos 30 más de piso, dependiendo el tipo de pozo y ubicación.
Este manejo típico de las empresas capitalistas, y más en el caso de la mega industria del petróleo, no repara en daños o consecuencias. Al igual que en la película “Petróleo sangriento”, en el interior del país estos conglomerados son dueños y señores. Los trabajadores sabemos que la solución no va a venir de manos privadas y/o solo estatales. Solo la gestión obrera y el pueblo trabajador pueden realmente explotar estos recursos en pos del beneficio interno y sin los perjuicios ambientales que dejan las empresas privadas. El Frente de Izquierda, a diferencia de los frentes o partidos patronales, presentó un proyecto de ley para nacionalizar toda la industria bajo control de los trabajadores y el pueblo. Como bien plantea este proyecto, se redistribuirían las mega ganancias en educación, salud, energías alternativas. Esto crearía miles de nuevos puesto de trabajo y se invertiría en la mejora de la calidad de vida. Esto no se puede llevar adelante si nos es con los propios trabajadores de la industria a la cabeza.
