Pueblos Originarios. Pichetto ataca el derecho de las comunidades originarias sobre sus tierras

Esta iniciativa del diputado Pichetto quiere dejar sin efecto la ley 26160 que plantea la pertenencia de las comunidades indígenas sobre sus tierras, desacreditaría sus derechos e implantaría la nulidad de “cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas”.

Ya en diciembre pasado, el presidente Javier Milei, contó que lo llamó el magnate Elon Musk interesado en el litio y le prometió un marco jurídico que respete los “derechos de propiedad”. Quieren regalar los territorios de comunidades indígenas y poblaciones a empresas y países imperialistas. Hay que enfrentar esta ofensiva extractivista que quiere despojar de sus territorios ancestrales a las comunidades originarias.

La ley que trata sobre la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, aunque insuficiente, brinda un marco legal para intentar frenar los desalojos y la expulsión de los pueblos de sus tierras, aunque en muchos casos es un papel mojado que no consigue frenar los desalojos y el despojo de los pueblos originarios.

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Picheto, en el proyecto titulado “Derogación de la Prórroga de Entrega de Tierras a Comunidades Indígenas y Nulidad de lo Actuado” propone suprimir el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 805/2021 de Alberto Fernández que prorrogó la emergencia territorial y la validez de la 26.160 hasta noviembre de 2025 y anular toda acción administrativa que haya hecho el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A su vez, propone incorporar en la Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes un nuevo artículo, que establece condiciones restrictivas para el reconocimiento del derecho a la posesión tradicional indígena.

Presenté un proyecto para terminar con las sucesivas prórrogas a la Ley 26.160, y con ello, los reclamos y la usurpación de tierras por parte de pueblos pseudo originarios.

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 9, 2024

El racista de Picheto sostiene que “No hay razón legal que justifique la continuidad de la emergencia. De hecho, hacerlo, sería consolidar la discriminación entre ciudadanos argentinos”. No extraña de quien en 2023 declaró que “los mapuches son un pueblo invasor”. Y agregó “En Argentina por suerte apareció (Julio Argentino) Roca y la Patagonia es argentina por Roca”. Estas declaraciones racistas se expresan en los considerandos del proyecto donde señala que “desde el INAI se han relevado comunidades indígenas que no son originarias del actual territorio argentino; se han relevado comunidades indígenas descendientes de quienes no habitaban el territorio nacional en la época de la conquista”.

La reciente declaración de culpables de usurpación a miembros de la comunidad Buenuleo en Río Negro, a pesar de que el boleto de compraventa que ostentaba el denunciante Friederich carecía de validez legal, no impidió a los jueces que le reconocieron la legítima posesión de las tierras y desconociera la posesión ancestral de la comunidad de esos territorios. Un adelanto de lo que pretende Picheto con su proyecto de ley.

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En síntesis, Pichetto y Milei quieren habilitar la extranjerización de la tierra para entregar los bienes comunes de la Argentina a otros países, corporaciones y capitales, como Benetton o Lewis, entre tantos otros. Quieren borrar la obligación constitucional de garantizar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas que tiene actualmente, el Estado Nacional. Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el procedimiento culminado, es decir, apenas el 30%.

La Ley 26.160, que se intenta derogar con este proyecto, suspende los desalojos en tierras habitadas por indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral. La ley toma como base el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas”.

Ya en 2017, Picheto, en aquel momento, jefe del bloque de senadores del PJ-FpV, se había manifestado en contra de la existencia de “tierras sagradas” en la Patagonia, en referencia a las tierras ancestrales de los pueblos originarios que sufren el despojo, el hostigamiento y la persecución desde la Campaña del Desierto.

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En el sur como en el norte, la defensa de los glaciares y periglaciares, del agua, del derecho a vivir en los territorios, de las comunidades indígenas y las poblaciones contra toda política de despojo y de hacer de los mismos zonas de sacrificio, pusieron límite a la extranjerización por parte de multinacionales y transnacionales. Como también de magnates como Lewis o Benetton, apropiadores de lugares paradisíacos, en territorio originario, para su descanso. Esa resistencia fue a costa de represión, persecuciones y hasta asesinatos como el de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, Elías Garay Cañicol y de hermanos qom.

La resistencia de los pueblos originarios y sus derechos negados

Los pueblos originarios son ejemplo de resistencia en su pelea histórica por el reconocimiento de sus territorios ocupados ancestralmente. La deuda del Estado burgués argentino que le reconoce “derechos de propiedad” a extranjeros pero no tiene la misma vara con las comunidades originarias, muestra que la única propiedad que reconocen es la que está en función del lucro capitalista. La propiedad comunitaria de los pueblos oprimidos, que se consideran guardianes de los bienes comunes, como algo que les pertenece colectivamente pero no para el lucro y la destrucción, sino más bien siendo parte y respetando la naturaleza y legado para dejar a las futuras generaciones (la idea de sostenibilidad); no tiene el mismo estatus y es negada aún cuando el propio derecho internacional la reconoce.

Hay fuerzas para rechazar la ofensiva de Milei y este proyecto reaccionario de Picheto. En defensa del territorio, del agua y la vida. Contra el saqueo de bienes comunes y la extranjerización de las tierras que pretende profundizar Milei para grandes terratenientes, magnates y las potencias imperialistas. Ningún desalojo a las comunidades indígenas, plena vigencia de la Ley 26.160 y entrega de títulos comunitarios en todo el país. Restitución de sus territorios apropiados por multimillonarios como Benetton o Lewis. Son ideas centrales a levantar en este momento.