La organización social solicitó la recusación del fiscal federal Matías Zanona. Denuncian que no les permitió defenderse en la causa en las que se los investiga. El juez federal de Roca, Hugo Greca, rechazó el pedido. El FOL apelará la decisión.
Viernes 12 de abril de 2024 10:54
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) junto a su abogado Mariano Pedrero recusaron al fiscal federal de General Roca, Matías Zanona, por impedir la defensa de las organizaciones sociales en una causa armada contra cuatro integrantes de esta organización en 2017
La fiscalía, luego de siete años de investigación y cuando por primera vez iban a testificar los integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha en la causa que se investiga a esa organización, se negó a incluir estos testimonios y pidió al juez la inmediata elevación a juicio.
Es grave. Intentan avanzar rápidamente en la criminalización de una organización social a costa de todas las garantías como es la defensa y el debido proceso. La persecución judicial como siempre es selectiva. Es eficiente y veloz para perseguir, condenar y encarcelar a los sectores populares y lenta para los poderosos.
La situación de la causa
La causa contra cuatro personas que integraban el FOL Fiske Menuco (Gral. Roca, Río Negro) se inició en el año 2017 por graves delitos. “La acusación, impulsada por el entonces armador político del PRO y ahora libertario Nicolás Suárez Colmann, ataca las formas de organización de quienes son parte de la clase trabajadora excluida de los mercados formales de trabajo”, denunciaron desde la organización.
Como parte de esta persecución judicial, utilizan figuras penales de gravedad no asociadas a la protesta social. “En la investigación, la Policía Federal realizó escuchas telefónicas a integrantes del FOL, tareas de inteligencia en los barrios donde el FOL realiza cotidianamente sus actividades y allanamientos en las casas de las personas acusadas”, explicaron.
La acusación es una clara persecución política, aseguran desde el Frente de Organizaciones en Lucha. Y denuncian que se realizó una reconstrucción de los hechos seleccionando solo algunas de las pruebas. Por otro lado, en el proceso se desestima el proceso de organización colectiva y las instancias asamblearias de resolución para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organización en un grupo de sus integrantes.
“Que la Justicia Federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organización social compuesta casi en su totalidad por mujeres que se dedican a trabajar para mejorar la vida de sus comunidades mediantes equipos de trabajo, sosteniendo comedores y merenderos, y sosteniendo cotidianamente espacios de cuidado, evidencia cómo la Justicia persigue de manera infundada a los más pobres, gastando importantes recursos del Estado, al tiempo que no investiga los verdaderos graves delitos de los ricos de la región”, concluyen.
A principios de este año, el fiscal Zanona acordó con los abogados defensores incorporar nuevas declaraciones. Por primera vez, tras siete años de investigación, la Justicia iba a escuchar a integrantes de esa organización. Sin embargo, el fiscal desconoció el acuerdo y pidió al juez la elevación a juicio sin haber incorporado los testimonios.
“La negativa de incorporar a los testigos que propusimos da cuenta de la animosidad de la fiscalía”, cuestionó el abogado del FOL, Mariano Pedrero. “Es evidente que el procesamiento criminaliza una forma de organización social, ya que los hechos imputados resultan imprecisos, amplios y ambiguos”, indicó. Y agregó que “en el proceso se cuestionan los criterios y pautas establecidos por el FOL y ellos, pueden gustarnos o no, podemos compartirlos o no, pero de ninguna manera se puede afirmar que sean delictivos”.
Finalmente, el juez federal de Roca, Hugo Greca, rechazó el pedido de apareamiento del fiscal. El abogado informó que se opusieron a la elevación a juicio y van a apelar la recusación. "Es gravísima la situación porque es una causa armada en base a supuestas denuncias de personas NN que el fiscal mantiene en el anonimato desde hace 7 años. Es además una causa que no tiene porque estar en el juzgado federal. En todo caso debería investigar el Poder Judicial provincial. Esto desnuda que es una causa política, armada en base al discurso nacional que busca criminalizar y estigmatizar a las organizaciones que luchan por sus derechos en medio del ajuste, los despidos y la pobreza creciente. Al día de hoy, no se entiende porque estuvo en un cajón durante más de 7 años y, de golpe, se reactivó sin saber bien todavía cuál es la acusación fiscal que no se entiende e impide el derecho a defensa", denunció Pedrero.
