La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la medida contra la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés, por considerarla una "pantalla jurídica".
Lunes 18 de abril de 2022 22:51
Foto: La propiedad de Lewis, construida sobre un camino público, cuyo libre acceso ratficó la Justicia pero guardias privados siguen bloqueando | Télam
La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años.
"Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido", sostuvo hoy el organismo.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal deberá resolver sobre el pedido de la IGJ, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.
Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).
Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificó y se dejó al lago fuera del área protegida.
Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a cualquier persona, algo que no se cumple pese a que hubo varios fallos en ese sentido de la justicia rionegrina.
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En febrero, el magnate mandó una patota a amedrentar a organizaciones que se movilizaban en la sexta marcha "por la soberanía" de Lago Escondido. Manifestantes fueron "interceptados, hostigados y privados de su libertad por aproximadamente cincuenta hombres, a caballo y armados, organizados por una persona que ejercía el mando y que fuera identificada como Nicolás van Ditmar".
Esa situación, según consta en la denuncia, obligó a los miembros de la expedición a intentar replegarse hacia la cabecera sur del lago, donde "pasaron la noche en condiciones de precariedad y con grave riesgo para la salud de las víctimas", una de las cuales fue el sanitarista y exministro Jorge Rachid.
Negocios escondidos
La IGJ advirtió también que Hidden Lake (en castellano, Lago Escondido) es la compañía a través de la cual Lewis interpuso "múltiples recursos procesales dilatorios y apelaciones" que impidieron materializar el acceso público a Lago Escondido, a lo largo de 17 años.
Otro hecho tenido en cuenta por el ente es que la sociedad del británico no realizó "durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión del propio Lewis en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos autosostenerse como entidad mercantil genuina", expresó el organismo a través de un comunicado.
En noviembre de 2020 el historiador y denunciante, Alejandro Olmos Gaona, presentó un escrito a la Procuración del Tesoro para solicitar que se declare nula la compra fraudulenta del lago por parte de Lewis. La entidad está a cargo del procurador Carlos Zaninni, en el cargo desde 2019. La denuncia proscribió el año pasado, según informó Télam.
Durante el macrismo, el procurador Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta del lago a Lewis. Fue apartado de su cargo y volvió a ser camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal. En la Procuración quedó entonces otro amigo del expresidente Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, quien –según Olmos Gaona– “paralizó cualquier decisión en ese sentido”.
Compra fraudulenta
“El 19 de junio del año 1996, el Dr. Lisandro Allende, solicitó en su carácter de Presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A. la autorización para la adquisición de tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”.
Según el historiador, “tal solicitud obtuvo dictamen favorable de la Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación” en tiempo récord. El fundamento para el visto bueno fue que “la peticionante era una persona jurídica argentina, con un Presidente argentino, siendo autorizada finalmente por el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”.
Sin embargo, si bien el pedido de tierras fue encabezado por una empresa “argentina”, el 5 de mayo, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en Hidden Lake S.A. “cuyas 11.999 acciones estaban en poder de una sociedad británica denominada Lago Corp. Representada por Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis con 1 acción, quien es ciudadano inglés”, el hijo de Joe Lewis.
“Esta sociedad con nombre distinto realizó la escritura de la propiedad a su favor, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad de Río Negro, y donde se consigna que la misma se encuentra en zona de seguridad de fronteras. Es decir se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra”, resume Olmos Gaona.
Así, “se celebró una escritura en clara infracción a las disposiciones del Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, ya que la norma citada creó en todo el territorio argentino zonas de seguridad destinadas a reforzar las previsiones territoriales de la Defensa Nacional, que corresponden a espacios geográficos que presentan un valor estratégico para la defensa de la integridad territorial de la Nación”.
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Por otra parte, Olmos Gaona indicó que “a la maniobra de la empresa británica, cabe sumar todo lo ocurrido respecto al lago Escondido, que es un bien de dominio público nacional, pero para cuyo acceso, es indispensable transitar por la propiedad privada adquirida en fraude al Estado”.
Ni un camino
Días atrás, el Gobierno de Río Negro y el Poder Judicial local recibieron un nuevo petitorio que reclama el libre acceso al Lago Escondido por el camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por Lewis.
El 9 de marzo último, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), la abogada Magdalena Odarda, confirmó que se rechazó por "inviable" la propuesta de construir un camino alternativo para acceder al Lago Escondido, planteada por Lewis durante una audiencia de conciliación en la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche.
En marzo pasado, los abogados de Lewis propusieron abrir un camino en la zona de "El Manso" para que se pueda cumplir con la sentencia que en 2009 ordenó el libre tránsito por las tierras del empresario hacia el espejo de agua.
La IGJ mencionó este lunes que su pedido se apoya también en que existen "causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro y hasta de la Corte Suprema de Justicia de La Nación". La primera de ellas data del 2005.
Hay tomas y tomas...
Es conocida la amistad del ex presidente Mauricio Macri con el magnate. Días después del ataque de la patota a la marcha por la soberanía, Macri se alojó en la residencia de Lewis, junto al Gobernador del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Yasir Al-Rumayyan, según dieron cuenta medios de la zona.
Pero la impunidad de Lewis no es nueva. Desde los años 90 Lewis posee toda la tierra que tiene en la Patagonia. Desde entonces el Estado ha sido conducido, salvo por la Alianza y el macrismo, por gobiernos peronistas. A Lewis no sólo ningún gobierno le tocó un centímetro de tierra, sino que además ha sido beneficiado por subsidios a través de la empresa de la que es socio, Pampa Energía. En 2019 aumentó su participación accionaria en la energética dirigida por Marcelo Mindlin, a través de Hidden Lake SA (El Cronista).
Los distintos gobiernos han sido cómplices de este tipo de usurpación, todos cipayos de empresarios que saquean los recursos y fugan toda la riqueza a sus países imperialistas. Se quedan con las hectáreas que quieren mediante todo tipo de maniobra fraudulenta.
Las topadoras, las represiones y las campañas de demonización es la forma en que el Estado responde a la lucha por tierra de los sectores más empobrecidos, como hizo en el caso de Guernica, o como hace con comunidades originarias que enfrentan a las mineras. Pero … hay tomas y tomas. Lewis es apenas un ejemplo de cómo el Estado despoja y reprime a los que casi nada tienen, mientras avala la entrega de recursos y el saqueo en favor de unos pocos usurpadores.