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Se trata de una ley sancionada el año pasado en Chubut en medio de una polémica sesión en la que debía tratarse un proyecto impulsado por iniciativa popular.
Martes 10 de febrero de 2015
El viernes 6 de febrero, la Unión de Asambleas Chubutenses (UAC) presentó en los tribunales de Esquel una acción de amparo para pedir la nulidad de la sesión legislativa del 25 de noviembre del año pasado en la cual estaba previsto tratar la ley impulsada por el mecanismo de iniciativa popular para prohibir la megaminería en la provincia.
Sin embargo los legisladores pusieron a votación un proyecto que daba la potestad al Ejecutivo para habilitar proyectos mineros, liquidando el espíritu del texto original respaldado por 13 mil firmas. En la misma presentación judicial pidieron la nulidad de dicha ley, así como de los decretos promulgatorios y reglamentarios.
Desde la UAC afirmaron que el proyecto en cuestión “abre la puerta a la habilitación de la megaminería en Chubut, mediante consultas populares zonificadas que no cumplen con los mecanismos previstos por la Constitución Provincial, y que no fueron proyectadas con la ineludible participación previa de los Pueblos Originarios que habitan en territorio chubutense, como establece el Convenio OIT N° 169.”
Además advirtieron que se mantienen en estado de alerta y movilización: “exigimos la nulidad del fraude perpetrado y el justo tratamiento de nuestra iniciativa popular. Seguiremos luchando para que la voluntad popular sea debidamente considerada y respetada. No queremos la contaminación, el saqueo y el avasallamiento a nuestros derechos que produce la megaminería.”
Los diputados en la mira
La organización ya había denunciado penalmente días después de la sanción de la ley, a los 15 diputados (FPV y PJ) que votaron a favor por el presunto cobro de dadivas. Durante la polémica sesión, se tomó una fotografía del diputado Gustavo Muñiz (FPV) recibiendo instrucciones, por celular, para modificar el proyecto del gerente de la empresa minera Yamana Gold, Gastón Berardi.
Esa denuncia incluía un pedido de investigación sobre el empresario, y un control de patrimonio y movimiento de cuentas de los legisladores a partir de la fecha en que se presentó el proyecto.
