Reproducimos la declaración de la agrupación de mujeres y diversidad sexual Pan y Rosas Teresa Flores sobre las limitaciones al proyecto de ley de aborto en tres causales decretadas por el gobierno de Sebastián Piñera.
Martes 27 de marzo de 2018
El gobierno de Piñera decretó una serie de resoluciones que permitirán, tanto a instituciones privadas como al personal de salud, negarse por decisión propia a realizar un aborto en cualquiera de sus tres causales recientemente aprobadas. Cuestión que había sido restringida para aquellas instituciones que tuvieran contratos con el Ministerio de Salud por concepto de prestaciones obstétricas y ginecológicas.
Junto con ello, se suprimió el "carácter excepcional" de la objeción de consciencia y si antes era restringida para "médicos cirujanos" ahora cualquier miembro del personal de salud podrá negarse, indiscriminadamente, a entrega de información, diagnóstico o toma e informe de exámenes.
El resultado es que la ley de aborto en 3 causales ya no es vista como un derecho, es decir, asegurada por el Estado a través de sus instituciones públicas; y quienes decidirán no seremos las mujeres que vivimos en carne propia el riesgo de muerte y el embarazo forzado por violaciones, dependerá en cambio de la disposición personal de un profesional, en cualquier momento y sin asegurar la alternativa a tiempo para que podamos ser atendidas en otro establecimiento.
Sabíamos que la derecha buscaría cercenar esta conquista que, aunque responde sólo al 3% de los casos de aborto clandestino que se realizan en Chile, significó para el movimiento de mujeres no sólo la posibilidad de que muchas de nosotras accediéramos al derecho al aborto en el hospital, sino que fortaleció nuestra organización, como lo vimos la pasada marcha del 8 de marzo, con cientos de miles de hombres y mujeres que salimos a las calles.
El problema de fondo es que un gobierno de turno puede decidir por nosotras sobre nuestro cuerpo y vidas a través de un simple decreto presidencial, por eso creemos que el Estado tiene que asegurar el derecho al aborto libre, legal seguro, gratuito y en el hospital y que la administración de nuestros derechos tiene que estar en nuestras manos: en las y los trabajadores de los hospitales públicos y en las organizaciones de mujeres, no en decretos presidenciales.
Lo que está impulsando el gobierno de Piñera, lejos de constituirse como una defensa de libertad de acción y expresión, es una imposición autoritaria fundamentada en ideales religiosos a quienes queremos decidir si tener o no tener un hijo o hija en una sociedad donde no sólo la violación es una realidad, sino también la falta de educación sexual. Y es el hurto a la mujeres de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, más allá de las circunstancias que nos han llevado a embarazarnos.
El derecho al aborto no tiene relación con una cuestión moral, es un problema de salud pública y, como tal, debe ser asegurado por el Estado.
La responsabilidad de este retroceso no es sólo de la derecha, es también de la Nueva Mayoría que escogió la vía de negociación con la derecha, modificando la ley en el parlamento y dejando aspectos centrales para su implementación en manos de un decreto presidencial fácilmente reversible.
El Frente Amplio hasta ahora se ha limitado a entrar en el juego parlamentario de negociaciones con la derecha y la Nueva Mayoría, reeditando la vieja política de los consensos con partidos empresariales, sin proponer un proyecto alternativo por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.
Desde Pan y Rosas pondremos nuestra fuerza en la lucha en las calles y en la organización de las mujeres en sus lugares de trabajo y estudio sin confianza en los partidos empresariales de la derecha y la Nueva Mayoría.
