Mediante una conferencia de prensa en la ciudad de Valparaíso, Piñera descartó la reconstucción de las viviendas afectadas y apeló a bonos y un subsidio para los dueños de los terrenos a partir del próximo lunes.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Jueves 26 de diciembre de 2019
El incendio iniciado el pasado 24 de diciembre en los cerros Rocuant, San Roque y Ramaditas ha destruido cerca de 245 viviendas. Frente a esto Piñera anunció que a partir del próximo lunes -a casi una semana del incendio- se realizará la entrega de bono de enseres y subsidio de arriendo. Mientras que desde el inicio del inciendio jóvenes y manifestantes de la rebelión popular han desplegado una gran campaña de solidaridad con trabajos voluntarios, levantando puntos de acopio y centros de resguardo.
Te puede interesar:Comité Emergencia y Resguardo en Valparaíso levanta punto de acopio y encuentro para combatir incendio
Te puede interesar:Comité Emergencia y Resguardo en Valparaíso levanta punto de acopio y encuentro para combatir incendio
"Tenemos que terminar con esta mala de costumbre de construir en lugares de alto riesgo", expresó Piñera durante la conferencia de prensa en la tarde de este jueves. Pero, ¿acaso los pobres tienen derecho a decidir a dónde habitar? ¡Como si los trabajadores y pobladores eligieran vivir con el temor constante a perder su hogar! ¡El Estado es responsable! En vez de asegurar los negocios de bancos e inmobiliarias, debería el Estado asegurar viviendas dignas y de calidad en zonas habitables para cada familia.
Sebastián Piñera anunció en la Cuenta Pública en junio de este año, la realización de 25 mil viviendas sociales con 146 nuevos proyectos, promesas que no garantizaron en absoluto las condiciones de su entrega –como lo fue en los gobiernos de la ex Concertación y Nueva Mayoría-, con viviendas precarias, de material ligero, con pocos metros cuadrados y con una burocracia de años para obtener el acceso.
Una de las soluciones para garantizar el derecho a la vivienda hacia las decenas de miles de familias sin casa propia y personas en situación de calle, es la expropiación de parte del Estado hacia las propiedades de las diez familias más ricas del país, junto con el impuesto progresivo a las grandes empresas, para que se pueda crear y financiar la construcción de viviendas dignas bajo la planificación y control de los sindicatos, juntas vecinales y comunidades.
Las inmobiliarias, banqueros y empresarios del puerto que se llevan millones con este negocio de la vivienda, debieran pagar la reconstrucción. Con los ingresos del puerto en un día ya podríamos obtener recursos para reconstruir viviendas. Mediante impuestos progresivos a estos grandes empresarios, podemos financiar un plan de emergencia y reconstrucción gestionado por trabajadores y comunidades damnificadas, para que nadie se quede en la calle sin hogar, así como expropiar las viviendas ociosas para que todas las familias afectadas tengan donde vivir.
"El gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno local de Jorge Sharp nos plantean subsidios de arriendo para las personas que fueron afectadas por este incendio, pero también nos dice quien no sea propietario del terreno no va a poder volver a construir. Sabemos que estas son soluciones parches que da el gobierno, que no viene a solucionar el problema estructural de la vivienda. Por eso nosotros planteamos un plan de Emergencia con un plan de construcción gestionado por trabajadores, pobladores, mujeres y juventud para reconstruir a través de los impuestos a las grandes empresas y familias con grandes ganancias, como los Von Appen.", expresó Lyam Riveros, estudiante de la Universidad de Playa Ancha, militante de la agrupación juvenil Vencer e integrante del Comité de Emergencia y Resguardo de Valparaíso.
