La medida significa un salto represivo hacia las comunidades mapuche, al mismo tiempo que el Gobierno justifica las redadas masivas en las ciudades y el accionar del funcionario que abrió fuego contra un taxista. Jorge Sharp (FA) mantiene silencio y sigue participando de la Comisión de Seguridad.
Miércoles 20 de junio de 2018 06:54
Grupo antiterrorista, redadas y fuego real
La política del gobierno de Piñera en materia represiva no deja de dar saltos agigantados, luego de planteada la “modernización” de carabineros, para concentrar sus fuerzas en el ámbito operativo de calle, y luego de presentado el Sistema Táctico Operativo Policial, inspirado en la política de Tolerancia Cero del alcalde neoyorquino Walter Giulliani.
A los más de 17.000 detenidos en 4 redadas masivas en todo el país los últimos meses, que saturaron los tribunales, al mismo tiempo que tanto Sebastián Piñera como el general Hermes Soto volvían a justificar al carabinero que abrió fuego contra un chofer de Uber, bajo el supuesto de la legítima defensa, se suma el viaje a Colombia de un grupo de 40 carabineros del GOPE bajo el nombre de “Comando Jungla”, que se entrenarán durante todo Junio en tácticas antiterroristas en escenario de selva, y que culminará con más entrenamientos en EEUU y Europa, pudiendo ampliarse el grupo de participantes.
El Ministro del Interior Andrés Chadwick, dando a conocer los fundamentos políticos, planteó el pasado fin de semana que “junto a Carabineros, estamos trabajando en la formación de un grupo especializado de trabajo para toda la macrozona sur para combatir con más eficacia la acción terrorista. Esa es una de nuestras prioridades y en eso estamos planificando y trabajando”, dando por sentado que en el sur del país existe terrorismo.
En el mismo sentido, el general Hermes Soto detalló que “están haciendo un entrenamiento de retroalimentación con la policía de allá, para poder conocer materias relacionadas con el combate contra las organizaciones criminales. Las características del terreno de la selva colombiana son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del país, por eso hemos dispuesto que se haga allá el curso, ya que tienen la expertise que se necesita para esto”, confirmando que se trata del enfrentamiento armado a lo que consideran organizaciones criminales efectivamente existentes.
El entrenamiento en sí mismo, según han dado a conocer, consiste en exploración terrestre, identificación de huellas en vegetación, movimientos en grupo, tiro de alta precisión y exploración aérea, entre otros.
Conflicto armado y violación a los derechos humanos
Esta medida significa un enorme salto en la política represiva del gobierno, especialmente hacia el pueblo nación mapuche, puesto que “la expertise” que posee la Policía Nacional de Colombia es en escenario de guerra real contra un adversario con capacidad de combate, y con una extendida práctica de violación a los derechos humanos. Todo, aprendido y con el impulso y apoyo material y económico del gobierno de los EEUU, especialmente a partir del Plan Colombia iniciado por el demócrata Clinton, continuado por el también demócrata Obama, pasando por el guerrerista Bush.
Lo cierto es que el conflicto armado en Colombia se extiende por más de 60 años y ha causado más de 220.000 víctimas, especialmente en la década de los 90’. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por su parte, más allá de su política reformista y estrategia militar de guerra de desgaste, es una fuerza combatiente que en su mejor momento llegó a agrupar 21.500 efectivos, controlar vastos territorios del país, e incluso invadir, capturar o aniquilar bases del ejército colombiano.
Nada de esto ocurre en Chile. Por el contrario, la única fuerza armada que utiliza efectivamente la violencia en el sur del país son Carabineros, en apoyo de grupos de terratenientes armados, que desde el período del Intendente Andrés Jouannet (DC) vienen recibiendo apoyo de equipos tales como camionetas y radios.
Esta es la expertise que busca Piñera y su gobierno: un grupo preparado para la guerra, para el conflicto armado real contra un pueblo que reclama sus tierras.
Momento policial y momento militar
Esta iniciativa avanza decididamente a resolver la vieja controversia que atraviesa Carabineros de Chile, sobre si es o no una policía militarizada. Entendamos que la misión teórica de la policía como institución, como grupo armado que protege la propiedad privada, incluye el uso del fuego real como respuesta en un enfrentamiento, pero su propósito no es la eliminación de un enemigo sino fundamentalmente el mantenimiento del orden público. La fuerza militar, en cambio, basa su existencia en la capacidad estratégica y táctica de minimizar las probabilidades de sobrevivencia del enemigo. En el caso de la policía, es especialmente notoria su militarización cuando sus operaciones son coordinadas al más alto nivel de mando y de gobierno, y tanto su planificación estratégica como táctica operativa se inspiran y reciben influencia directa de la estrategia militar, además de un equipamiento que les permita realizar tales tareas, como transportes acorazados de personal y capacidad de operaciones aéreas.
La Policía Nacional de Colombia tiene experiencia no sólo en el mantenimiento del orden público, sino en un escenario de guerra que ocasionó la muerte de 40.000 combatientes y 180.000 civiles, en estrecha colaboración con los paramilitares de ultraderecha, los sicarios y el ejército, que son los responsables de la inmensa mayoría de las muertes.
Éstos son los que van a entrenar a los 40 enviados del GOPE.
Jorge Sharp en la Comisión de Seguridad: también es responsable
No contento con haber sido llamado por el mismísimo Andrés Chadwick a integrar la Comisión de Seguridad del gobierno, y de haberse mostrado muy satisfecho con la barrida de feriantes en los alrededores del Mercado Cardonal (mientras el derechista alcalde de Temuco Miguel Becker hacía lo mismo), Jorge Sharp no sólo se mantiene como integrante de la comisión, sino que no ha dicho una palabra sobre todo esto. Inconsecuente consigo mismo, luego de haber puesto como “condición” la mayor transparencia en las mesas de trabajo, hasta el DC Huenchumilla criticó que esta medida no se consultó a la Comisión, de la misma manera que la disminución de presupuesto a instituciones sociales no fue consultada a la Comisión de la Infancia, mientras que los militantes del Frente Amplio siguen participando como si del mejor ejercicio democrático se tratara.
