Reforma del INE. Plan B: polarización política ante la carrera electoral

Luego de no conseguir los votos suficientes en la Cámara de Diputados para que se aprobara la reforma constitucional en materia electoral, el presidente López Obrador presentó su versión light, el llamado Plan B, con el que busca reducir –mediante modificaciones a leyes secundarias- el aparato y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), y con ello debilitarlo.

El nuevo paquete de reformas en materia electoral ya fue aprobado casi en su totalidad en la Cámara de Diputados, pero tuvo que ser devuelto al Senado para resolver en torno a la llamada cláusula de “vida eterna”, que permitiría a los partidos pequeños preservar su registro si van en coalición, mediante un reparto de votos.

Este miércoles, 1 de febrero, al iniciarse el nuevo periodo de sesiones, el tema será prioritario en la cámara alta, con la intención de que las reformas se envíen al Ejecutivo para su promulgación.

Tanto el Consejo General del INE como la oposición (PRI-PAN-PRD) están a la espera de que entre en vigor la nueva legislación para promover todos los recursos de inconstitucionalidad posibles y frenar el Plan B. Dos leyes ya fueron promulgadas, contra las cuales ya se interpusieron impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte tiene como plazo hasta el 2 de junio para resolver respecto a todos los recursos que se presenten, con lo cual se determinará si las elecciones presidenciales del 2024 se realizarán con la normatividad vigente o con los nuevos cambios.

Más allá del discurso oficialista de “reducir los costos de la democracia”, esta ofensiva contra el INE –con todos sus dimes y diretes- constituye un nuevo capítulo en la larga serie de choques entre la 4T y el instituto electoral en lo que va del sexenio, durante los cuales el último se ha mostrado como trinchera de la oposición neoliberal para golpear al gobierno federal.

Junto a la preparación de los recursos legales contra el Plan B, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, amenaza y chantajea con que las elecciones del 2024 estarían en riesgo. Dice que no hay garantía de que se instalen todas las casillas, que ante la incertidumbre podría haber muchas impugnaciones y solicitudes de anulación del proceso electoral, y que puede generarse inestabilidad social.

En este contexto de polarización política se prepara una nueva movilización de la base de derecha que defiende al INE. Se trata de la convocatoria a una segunda marcha (en continuidad con la realizada el pasado 13 de noviembre bajo el lema “El INE no se toca”), esta vez contra el Plan B, por parte de organizaciones agrupadas en la alianza UNID@S, vinculada al empresario Claudio X. González.

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Renovación de consejeros

En estrecha vinculación con todo lo anterior, el 1 de abril vence el periodo de funciones de Lorenzo Córdova y otros tres consejeros del INE: Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.

En consecuencia, durante los primeros días de ese mes se desarrollará en la Cámara de Diputados el proceso de relevo de los cuatro consejeros. Para ser electos, los nuevos consejeros deben ser votados por al menos dos terceras partes de los diputados, lo que se adelanta difícil ante la polarización política, pues ningún bloque por sí solo tiene suficientes legisladores para imponer a quienes propongan. Ante ese escenario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha propuesto que se elijan por sorteo.

De cualquier forma, se tratará de una elección de altos funcionarios (los cuales seguirán ganando millonadas) que se disputarán los partidos del régimen. Incluso en la versión original de la reforma electoral, en la que se planteaba la elección de los consejeros por voto popular, la restricción estaba en el mecanismo de postulaciones, pues la designación de aspirantes quedaba únicamente en manos de los poderes de la Unión, es decir, de los partidos del Congreso y la casta política.

En todo caso, lo más democrático sería que tanto la postulación como la elección de los altos funcionarios -así como de legisladores- estuviera sujeta a la elección popular; que quienes resultaran electos fueran revocables en cualquier momento por sus electores y cobraran lo mismo que un trabajador medio.

En la carrera electoral

Rumbo a las elecciones de junio en el Estado de México y Coahuila, así como hacia las presidenciales de 2024, la polarización política –también alentada por AMLO- tiende a fortalecer a la 4T, pues a pesar de su relativo desgaste, es mayor la crisis de representatividad que continúan arrastrando los partidos del Pacto por México. Quizá entonces, la opción de elegir a los candidatos del Morena como “mal menor” cobre fuerza.

Sin embargo, aunque hay diferencias entre la 4T y sus antecesores –hoy oposición- abiertamente neoliberales, también hay una buena dosis de continuidad. Así, mientras que se destina una gran cantidad de recursos para ayudas sociales o se incrementan los salarios muy por arriba de lo que se veía en los sexenios anteriores, todo esto no sólo es insuficiente (y más frente a la elevada inflación), sino que se implementa junto con el avance de la precarización laboral; mientras que se esgrime una retórica diplomática que se delimita de Estados Unidos en ciertos temas, al mismo tiempo continúa la subordinación al vecino del norte en temas económicos (TMEC), de seguridad (militarización) y migración; entre otros ejemplos.

De lo anterior se desprende la necesidad conquistar la independencia política de la clase trabajadora respecto al gobierno, los partidos y las instituciones del régimen, para impulsar la organización democrática, la unidad de nuestras filas y la movilización, en alianza con el conjunto de las y los oprimidos, y luchar en la perspectiva de un gobierno obrero y popular para la resolución íntegra de nuestras demandas.