El gobernador se deslindó de las responsabilidades en las irregularidades denunciadas en la licitación del plan Qunita. La decisión del juez Bonadio desgasta aún más su imagen.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 18 de febrero de 2016
Las versiones de un posible procesamiento de Manzur sobrevolaban el aire en noviembre de 2015, cuando el ex ministro de Salud fue citado a declarar junto a Aníbal Fernández, Daniel Gollán, entre otros. La decisión resultante de la indagatoria de los funcionarios nacionales sería tomada por el juez federal Claudio Bonadio cuando el resultado del balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri se haya resuelto.
Tres meses después, Bonadio procesó al gobernador de Tucumán, al ex jefe de Gabinete y al ex ministro de Salud por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario por las contrataciones realizadas en el marco del Plan Qunita.
La legisladora porteña Graciela Ocaña había denunciado irregularidades en la licitación de 140 mil kits para recién nacidos. En concreto, se denuncia sobreprecios que habrían rondado los $550 millones (cada kit costaba el doble de su precio de mercado).
La trama de las licitaciones del Plan Qunita había sido expuesta en junio de 2015 por los periodistas José M. Stella e Ignacio Montes en su web Eliminando Variables. En las licitaciones llamó la atención la firma Fasano SRL, quien logró más del 80% de las adjudicaciones (el resto se lo repartían cinco empresas). Lo llamativo es que Fasano SRL había presentado ante el Estado un balance afirmando que en 2013 facturó sólo $6.000 y gracias al Plan Qunita pasaría a ser una de las mayores firmas en el rubro, con una facturación de $903 millones (un aumento del 15.045.833%).
Entre noviembre y febrero, operadores habían tanteando las aguas judiciales en torno a la situación procesal de Manzur, buscando cartas que estén disponibles para jugar en la nueva relación del tucumano con el gobierno de Macri e inclinar la balanza a favor del último.
Previsible o no, el procesamiento no deja de ser un baldazo de agua fría para el gobernador. A la larga sombra de los fraudulentos comicios provinciales ahora se suma la pesada herencia kirchnerista de un procesamiento. Aunque el procesamiento todavía no está firme, la decisión de Bonadio esmerila una imagen ya de por sí desgastada.
Manzur se desligó de las sospechas en su contra y afirma que las adjudicaciones se firmaron cuando él ya había dejado el Ministerio de Salud para volver a ser el vice de Alperovich. Sin embargo, nadie la va a quitar el rótulo de ser el primer gobernador procesado en la provincia. La oposición se frota las manos con esta situación, obviando inclusive que Macri asumió estando procesado y que el “capitalismo de amigos” no es algo propio del kirchnerismo.
Aníbal Fernández y Daniel Gollán también se desligaron, alegando desconocimientos sobre los pliegos. Aunque no lo hayan dicho en sus primeras declaraciones, desde el lado de los procesados ven en todo esto una jugada por parte la “corpo” judicial contra los ex ministros kirchneristas. En el tenor de estas denuncias, Manzur también es preso de su imagen.
En marzo de 2015, un mes después de reasumir la vicegobernación y alistando para la campaña electoral, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán avaló el sobreseimiento de Manzur en una causa por enriquecimiento ilícito. Una pequeña ayuda de los amigos de la “korpo” judicial. Para ese entonces ya era conocido como el “ministro más rico”, que de un año para otro aumentaba $10 millones su patrimonio.
Se dan por descontado que las presentaciones judiciales continuarán, sin embargo no hay certezas en torno a un gobierno que había sido “parido” con poca legitimación. De fondo se ven algunos de los mecanismos utilizados por la casta política gobernante, que no es “más que una junta que administra los negocios comunes”.
