A mediados de año se negociarán la mayoría de los convenios colectivos del sector privado, con un panorama de profundización de la rebaja salarial y en el contexto de decenas de miles de puestos de trabajo perdidos. Mientras el gobierno prioriza a los empresarios, los trabajadores deben imponer su propia agenda, para que la crisis la paguen capitalistas.
Lunes 22 de febrero de 2021
El acuerdo alcanzado en julio del año pasado en el Consejo Superior Tripartito, aplazando por un año las negociaciones salariales por la pandemia del coronanvirus, postergó para este año las definiciones en relación a los salarios de los trabajadores.
Se prevé que las negociaciones en los Consejos Colectivos abarcarán cerca de 180 convenios y ya se visualiza la intención del gobierno de profundizar las rebajas salariales que se vienen dando desde la asunción del gobierno multicolor.
Durante 2020, y en el contexto de la emergencia sanitaria, ya se dio una importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
El "periodo puente" promovido por el gobierno durante la pandemia, incluye una "recuperación" salarial del 3% en enero (que para algunos sectores recién se cobrará en abril) y un correctivo a mediados de año en el que descontarán los puntos que haya caído el PBI (alrededor de un 5,8% según cálculos del gobierno).
De esta manera se comienza a negociar con un porcentaje de pérdida salarial de por lo menos un 4%.
Todo esto según datos y cifras oficiales, que como sabemos tienden a minimizar la gravedad de la situación.
Para que todo esto pudiera suceder no podemos dejar de mencionar el papel jugado por el PIT-CNT; sus dirigentes colaboraron con el gobierno validando este acuerdo, y son los responsables que el ajuste y ataque al salario se hayan dado prácticamente sin conflictos.
La excusa de la "sábana corta"
El gobierno, y por supuesto los empresarios, insisten con la mentira de la "sábana corta".
El fantasma del aumento de la desocupación acecha en momentos de crisis, ya se han perdido según cifras oficiales cerca de 60mil puestos de trabajo, y con este argumento desde el gobierno plantean que hay que elegir: trabajo o salario.
Aprovechándose de la pandemia de coronavirus, desde la Coalición intentan chantajear a los trabajadores con que hay que aceptar la pérdida salarial y de esa forma se podrán preservar los empleos, lo cual la propia realidad se encarga de desmentir: Desde comienzos de la emergencia sanitaria el gobierno ha impuesto esta política y aún así se ha dado un importante aumento del desempleo.
Mientras tanto en el sector público la pérdida salarial real ronda el 5% ya que el aumento de enero fue a partir de una fórmula (inflación de 2020 menos el centro del rango meta) que implicó una pérdida de salario.
El gobierno prometió que habrá una recuperación a finales del quinquenio, pero la situación es incierta y en última instancia implica aceptar que por casi 5 años habrá pérdida del poder adquisitivo. En el discurso oficial sobrevuela además la idea de que aquellos trabajadores que tienen sueldos mínimamente decorosos son unos privilegiados a los que hay que recortar derechos.
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Los objetivos del gobierno
La crisis social y económica que se ha agudizado con el comienzo de la pandemia ha puesto sobre la mesa las medidas con que la derecha pretende dar una salida.
Un presupuesto de ajuste junto a propuestas que apuntan a preservar las ganancias de los empresarios son la respuesta de Lacalle y compañía.
Con sus anuncios nos quieren hacer creer que los que generan la riqueza social son los empresarios y que si les va bien a ellos los trabajadores tendrán más oportunidades. Así es como se esmeran en dar apoyos, subsidios y exoneraciones de todo tipo para favorecer y cuidar a las patronales.
Esta visión es compartida también por la oposición del Frente Amplio, quien a lo sumo ( y cuando la situación económica es favorable) destina algunos dineros para políticas sociales que amortigüen el impacto de la crisis.
Todo el arco político se esmera por atraer inversiones (y para eso no tienen empacho en dar todo tipo de prebendas y facilidades), promocionando un país "productivo" con empresarios exitosos.
La pandemia está siendo utilizada para bajar el costo laboral, bajando salarios y recortando derechos de los trabajadores; todo con la excusa de que priorizan cuidar la generación de empleos.
Un programa de los trabajadores para enfrentar la crisis
La dirección del PIT-CNT ha entrado en esa lógica, y se ha comido el cuento de que hay que aceptar las rebajas salariales, para que la economía se mantenga funcionando. Sus reclamos en todo caso no van más allá de reclamar medidas de apoyo para los desempleados y los trabajadores informales y prácticamente termina agradeciendo que los trabajadores formales mantengan sus empleos.
Por el contrario, los trabajadores, verdaderos creadores de la riqueza social y quienes realmente ponen en funcionamiento la economía, no son los que tienen que pagar el costo de la crisis.
Es necesario abrir los libros de contabilidad y terminar con los secretos de todas esas empresas que se dicen en crisis, para ver en realidad cuanto han ganado, como fugan sus ganancias, se llenan los bolsillos o especulan y vacían sus empresas.
Cuando las medianas y las grandes empresas cierran con la excusa que sus negocios no son rentables la salida es la expropiación para nacionalizarlas y ponerlas a producir bajo control de sus trabajadores en el marco de un plan de obras públicas.
Basta de exoneraciones a las grandes multinacionales, UPM es un claro ejemplo de como se les facilita que vengan a ganar dinero a costa de los trabajadores y destruyendo el medio ambiente.
Por el contrario hay que poner impuestos a las grandes fortunas, a los grandes exportadores como los frigoríficos, cerealeras y arroceras que han hecho fortunas en las últimas décadas.
Ante la amenaza de los despidos hay que imponer el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin pérdida de salarios.
Hay que frenar el proceso de privatizaciones en el que pretende avanzar el gobierno y terminar con las tercerizaciones y trabajo precario que hoy existe en las empresas públicas ( proceso que el Frente Amplio continuó y profundizó en sus 3 periodos en el gobierno).
No podemos tampoco dejar de lado la Ley de Urgente Consideración (LUC) porque es la herramienta del gobierno para avanzar en el ajuste económico en base a represión y autoritarismo estatal.
Hay que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI y demás organismos multilaterales dirigidos por el imperialismo.
Para lograr una salida favorable a los trabajadores hay que luchar por una nueva dirección para el movimiento obrero, porque los dirigentes de la central han perdido la independencia política, hacen seguidismo al Frente Amplio y negocian migajas con la derecha multicolor.
Los trabajadores tenemos la fuerza suficiente como para enfrentar al gobierno y pelear por una salida obrera a la crisis, pero para eso hay que organizarse y discutir democráticamente desde las bases obreras y populares como poner en marcha un plan de lucha, basado en la movilización en las calles y sin ninguna confianza en algún sector burgués.
