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PERÚ. Pobladores de Perú quieren fuera al Grupo México

Continúan las protestas en Perú contra el proyecto minero de la filial de Grupo México, Tía María. El proyecto de 1,400 millones de dólares, se mantiene frenado debido a la oposición de los pobladores de Cocachacra, Islay.

Leah Muñoz

Leah Muñoz @leahdanmunoz

Jueves 21 de mayo de 2015

Las protestas, vigiladas por la Policía Nacional, han continuado en Perú contra el proyecto cuprífero Tía María, del segundo mexicano más rico, Germán Larrea.

Principalmente realizadas por los pobladores de Islay y frentes de defensa, en las mismas también han participado la Federación de Trabajadores de Arequipa y un sector del sindicato de los maestros (Sutep).

Estas protestas se desarrollan mientras el gobierno de Perú afirmó que la policía puede usar armas de fuego para disolver manifestaciones.

Desde el día 19 de mayo la Federación Nacional Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú (FNTMMSP), principal organización sindical del país, dio inicio de una huelga general indefinida en lucha por la mejora de condiciones laborales y en contra de la tercerización laboral. La FNTMMSP agrupa a 20 mil mineros.

El pasado domingo 10 de mayo, por orden del gobierno de Ollanta Humala, se llevó adelante el respaldo militar en la zona de Cocachacra al sur del país debido a las protestas que exigen la salida de la empresa Southern Copper Corporation (SCC), filial de Grupo México.

Alrededor de 500 soldados fueron desplegados en el interior del distrito en puentes, túneles e instalaciones de distribución de combustible alrededor de la mina, que servirían para contener las protestas que ya llevan más de 50 días contra este proyecto que amenaza la tierra de campesinos y el agua de los pobladores de Islay.

Estos militares que son del Ejército, Aviación y de la Armada fortalecerán por 30 días a los 2,000 policías que en la zona ya han mantenido enfrentamientos casi diario con los pobladores. La semana pasada un muerto por herida de bala se sumó a la lista. Además, el viernes pasado el presidente hizo un llamado a los poderes del Estado a que hay que “defender juntos el principio de la autoridad y el estado de derecho en el país”.

Debido a todo este clima de protesta social en el que se encuentra el sur de Perú, la empresa SCC hace unos días anunció que el proyecto se pondrá en “pausa” de 60 días para resolver las dudas de los opositores al mismo, además de que SCC señala que cumplirá con estándares ambientales altos.

Otro aspecto que ha aumentado el descontento es el audio que dio a conocer un supuesto soborno hacia Grupo México por parte de dirigentes del movimiento para que detuvieran las protestas. En el audio se escucha a Pepe Julio Gutiérrez, uno de los principales líderes de las protestas, hablar con un abogado al cual le plantea la posibilidad de pedir dinero a la empresa para frenar las protestas. De manera inmediata SCC, en un comunicado, desconoció lo dicho en ese audio.

Situación difícil para Grupo México

Este conflicto que comenzó desde 2011, y que ha tenido heridos y muertos, ha ido cada vez en aumento. Debido a esto, las tensiones entre el gobierno peruano y los capitalistas han tenido diferentes expresiones.

En un inicio SCC tuvo que modificar sus procedimientos, ya que el estudio de impacto ambiental le fue rechazado, así que decidió incorporar la construcción de una planta desalinizadora para extraer así sólo agua de mar; los comunicados que desde SCC en radio nacional se han hecho, como el señalar la incapacidad del gobierno de Humala para poder mantener el “orden” y detener a los “terroristas antimineros”, dan cuenta de ello. Ahora SCC ha cedido 60 días más, a la exigencia del gobierno, para que se explique a los campesinos y pobladores los “beneficios” de este proyecto.

De igual manera Grupo México anunció en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que “desconoce los intereses del grupo de activistas que se oponen al desarrollo económico y social de la región de Arequipa; esta minoría ha logrado dilatar este importante proyecto a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas. No obstante la empresa reitera su total respeto a la legislación e instituciones peruanas, estando siempre a disposición de las mismas para construir conjuntamente la paz social y desarrollo económico”.

A esta presión de los pobladores de Cocachacra, se suman las huelgas que se están llevando acabo por los trabajadores del sector minero peruano que están poniendo en duda el proyecto minero.

Esta huelga nacional de los mineros se da contra los decretos del gobierno que atenta contra sus derechos laborales, como el ataque a los contratos colectivos de trabajo y el desplazamiento de trabajadores estables por personal de empresas contratistas.

El sector minero en Perú es de los más importantes para la economía del país, y ahora uno de sus proyectos más importantes en el área se encuentra cuestionado.

Las protestas contra Tía María, que los pobladores afirman que contaminará con polvo ácido su agua y cultivos, continuarán en el país andino. La contaminación del agua por Grupo México no sería nueva, ya que en agosto del 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre los ríos Sonora y Bacanuchi en México.