Crisis habitacional. Pobres y sin vivienda: la vida de las jefas de hogar

El último informe de inflación publicado por Indec arrojó que en los sectores más pobres este índice llegó al 57,6%. El impacto en las familias con menores ingresos se tradujo en la necesidad de llegar a los $ 28.414 para no caer en la indigencia, cuando un año atrás se requerían $ 18.029.

El Indec también calcula la canasta familiar de pobreza que en junio ascendió a $ 66.488. En junio, pero del año pasado, era de $ 43.811, es decir que subió un 51,8%. Sin embargo este índice no tiene en cuenta un gasto muy importante para muchos hogares como es el del alquiler. De acuerdo a la Junta Interna de ATE Indec si se contempla este gasto lo que necesitó una familia ( cuatro integrantes) para llegar a fin de mes en junio fue de $ 103.128.

Teniendo en cuenta este último valor respecto de la situación de las mujeres jefas de hogar no es muy difícil deducir la situación en la que se encuentran.

Jefas de hogar y pobreza

En este sentido recordemos que en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a cargo del INDEC (tercer trimestre de 2020) de alrededor de nueve millones de hogares relevados el 44% tenían jefatura mujer. Las asalariadas a cargo de sus hogares mayoritariamente no tienen cónyuge y 3 de cada 10 tienen trabajos precarios con un ingreso promedio de $ 29.900.

El 68,3% de los niños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares son pobres.

De acuerdo con un documento de Unicef y la Dirección de Economía y Género del Ministerio de Economía, en pandemia empeoró la situación de los hogares monoparentales conducidos por mujeres: El 68,3% de los niños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares son pobres.

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El acceso a la vivienda para mujeres que llevan adelante la crianza y manutención de sus hijos fue y es vedada sistemáticamente por los últimos gobiernos.

Ya en el año 2018 un informe realizado por el Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires señalaba que del total de jefas de hogar el 4,5% viven en inquilinatos, hoteles, pensiones e inmuebles ocupados. En tanto el 4,2% en villas de emergencia.

La lucha por tierra para vivir se agudizó sin dudas con la pandemia. La toma de terrenos vacíos por parte de familias que perdieron su casa pudo visibilizarse el año pasado en Guernica, donde más de 1000 familias, en donde un gran número eran mujeres con hijos en situación de violencia de género, lucharon para establecerse ahí y fuero violentamente desalojados por las fuerzas de seguridad al mando de Sergio Berni.

Pero esta crisis habitacional continúa. Hace pocos días un predio que era un basural del barrio Padre Carlos Mugica desde el 2015 (Villa 31), llamado La Containera se transformó en la única solución habitacional para 100 familias que rebautizaron la toma como “LA FUERZA DE LAS MUJERES UNIDAS”. Aquí viven alrededor de 100 familias con 175 niñas y niños.

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Frente a la intimación de desalojo judicial el Gobierno de la Ciudad les ofreció a las mujeres incorporarlas al Subsidio Habitacional, un parche que no resuelve de manera permanente la situación ya que se trata de una suma de 6 mil pesos durante 6 meses como máximo.

Una cifra que ni siquiera sirve para paliar momentáneamente la situación ya que en la misma Villa 31 una habitación con baño compartido cuesta alrededor de 10 mil pesos por mes, en tanto un departamento ronda los 20 mil y 25 mil.

Pero además de resultarles imposible juntar ese dinero, se encuentran con la negativa casi permanente de los dueños que no quieren alquilarles a mujeres que no tienen una pareja (varón). De modo que su derecho elemental a una vivienda se ve doblemente vulnerado: por su clase y por su género.

La situación no es sencilla si partimos de la base que estas mujeres, como muchas otras en el resto del país, por tener hijos menores a cargo solo pueden acceder a trabajos de tiempo parcial que en su gran mayoría son precarios e informales.

El IFE fue una medida paliativa para estos hogares, que intentaron complementarse con el resto de los programas como la Asignación Universal por Hijo ($4.500) y la Tarjeta Alimentar ($8.000 para mujeres con un solo hijo o hija y $12.000 para mujeres con más de un hijo, en ambos casos tienen que ser menores de 6 años).

Algo que resulta totalmente insuficiente y que por tratarse de medidas paliativas no provocan ningún cambio estructural que modifique la vida material de las mujeres de los sectores más vulnerables.

Un plan posible

Como mencionábamos en esta nota el déficit habitacional es un asunto de opción política y de medidas económicas de fondo. ¿Cuánto costaría la integración urbana de las casi 4.500 villas y asentamientos que hay en el país? Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) requeriría U$S 26 mil millones. “Con la mitad del préstamo otorgado por el FMI en 2018 alcanzaba para mejorar la habitabilidad de más de cuatro millones de personas, pero la deuda fue destinada en su mayoría a la fuga de capitales y pagar préstamos anteriores”, asegura nuestro columnista Matías Hofen su nota.

Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad fueron varios los programas anunciados en el marco de una agenda de género, desde subsidios por femicidios, anuncios de construcción de centros integrales de atención, hasta una mesa interministerial para analizar un mapa de cuidados.

Por el momento solo se trata de anuncios, muy alejados de la vida real de la mayoría de las mujeres. Sin embargo ellas no se rinden y encuentran en la organización la fuerza necesaria para seguir luchando.