La formación que dirige Pablo Iglesias presentó ayer una Proposición No de Ley en el registro del Congreso de Diputados, en la que insta al gobierno a presentar un decreto Ley para desarrollar medidas contra los crímenes cometidos durante el franquismo.
Miércoles 27 de junio de 2018
El documento presentado trataría de hacer “efectivo el reconocimiento del derecho a la justicia de las personas”. Para ello el documento recuerda el Auto resolutivo de fecha del 30 de octubre de 2014, que tomo el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina), que trata del genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, y que “procedió a la imputación de una serie de delitos […] a un total de viente personas (de las cuales varias han fallecido), entre los que se encuentran varios ministros de la dictadura”. Billy el Niño, Jesús Muñecas, Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa, y Jesús Martínez Torres son algunos de los imputados por torturas y crímenes que nombra el documento.
Esta Propuesta No de Ley (PNL) se realiza en el contexto de la reciente subida del PSOE al Gobierno y su “guerra cultural” por intentar recomponerse como pata “izquierda” del Régimen 78, después de ser parte de las medidas de ajuste antes del Gobierno de Rajoy. Estos días anunciaba su “intención” de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, como una de las medidas en esta “guerra cultural”.
En este contexto también influye un incremento constante del descrédito popular contra el aparato judicial. Las últimas medidas más insultantes de este aparato del Régimen ha sido la puesta en libertad del militar y guardia civil entre los violadores de “La Manada”. En las mismas fechas a los jóvenes de Altsasu se les pedían decenas de años de prisión por una simple riña de bar con unos guardias civiles, o se dictaba prisión a jóvenes artistas como Valtonyc por cuestionar a la monarquía.
La razón del descaro del aparato judicial y policial, junto a la casta política y empresarial, hay que buscarlas precisamente en el amparo que todo el Régimen del 78 siempre garantizó a su brazo ejecutor. La impunidad con la que los torturadores del franquismo salieron de la Transición se legitimó por la misma justicia patriarcal que hoy saca a la calle a los guardias civiles y militares que violan.
Una PNL que queda en agua de borrajas
En lo que se refiere al documento presentado por Pablo Iglesias, en términos de la regulación parlamentaria, no es una Proposición de Ley. Como su propio nombre indica, la PNL significa simple y llanamente que Podemos insta al Gobierno de la “cal viva” a hacer algo, y no tiene por qué ser las medidas propuestas.
Estas medidas, que incluyen que “se promuevan todas las acciones oportunas ante los Tribunales […] para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes [….] durante la Dictadura Franquista”, así como que se retiren las condecoraciones a “todas las personas imputadas”, podrían quedar sin resolver, por dos razones.
Por un lado, Podemos propone reformar la Ley de Amnistía para añadir simplemente que “las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan e impongan las penas correspondientes”. Es decir, no habla de liquidar una ley que garantiza la impunidad del aparato franquista en su conjunto, ni tampoco de que esos delitos debieran ser juzgados y penados, sino que deja la vía libre para que algún juzgado pudiera hacerlo.
Así mismo, se hace sin plantear la eliminación del Tribunal Constitucional, el Supremo, la Audiencia Nacional (es decir, el antiguo tribunal de Orden Público del franquismo), y todo el aparato judicial heredado, para poder hacer efectivas algunas de estas medidas en el que de que se aplicaran.
El PSOE: garante de la impunidad contra los torturadores
Por otro lado, más allá de los entresijos legales, la PNL antes de poder ser destruida por un Senado en manos del PP, debe ser aprobada por el mismo Gobierno del PSOE. Es decir, el partido que junto al PCE hizo posible la ley que dejó impunes a los torturadores y que formó parte del acuerdo con el aparato franquista para mantenerlo intacto en un simple “cambio de chaqueta”.
El PSOE después de la Transición no sólo fue el ejecutor de las medidas antiobreras más importantes, sino que además colaboró en la impunidad del aparato franquista. Incluso, el actual Ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, es famoso por obviar las torturas contra activistas, sentar a El Jueves en el banquillo o querer llevar a la cárcel a activistas del 15M
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de Jesús Martínez Torres, uno de los imputados de la sentencia argentina que nombra el PNL, comisario en los 70 en la Comisaria de Zaragoza y principal responsable de las torturas contra la militancia política y sindical antifranquista.
En diciembre de 1982, fue ascendido por el PSOE a Comisario General de Información por el entonces ministro socialista de Interior, José Barrionuevo, condenado por malversación de fondos públicos al terrorismo de estado en el caso de los GAL. Éste sólo pasaría tres meses en prisión, sin necesidad de pernoctar en la misma, siendo acompañado hasta la cárcel por Josep Borrell, actual ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sánchez.
Esa es la connivencia del PSOE con el viejo aparato. La lucha contra la impunidad franquista trata fundamentalmente de la lucha contra aquellas instituciones y partidos que la siguen garantizando. Que la política de Unidos Podemos sea hacer confiar que esta demanda democrática sea resuelta por los mismos que dejan impunes a los torturadores, es un auténtico lavado de cara. Cuando hoy en día miles de personas se echan a la calle para denunciar la doble vara de medir del aparato judicial, con más razón hay que denunciar su origen patriarcal y franquista por medio de la movilización social, precisamente lo que no llama a hacer Unidos Podemos.
Asier Guerrero
Delegado sindical de CGT Telepizza y militante de CRT
