Este miércoles estalla el paro nacional en varias universidades por la exigencia de mayor presupuesto universitario. ¿Es posible que las 11 universidades salgan de la crisis?
Camilo Cruz México
Martes 8 de octubre de 2019
Este miércoles varios sindicatos universitarios pertenecientes a la Confederación de Trabajadores Universitarios estallaran el paro en exigencia a un mayor presupuesto a las universidades en quiebra.
Las once universidades en quiebra son la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Universidad Veracruzana (UV) a las cuales se les suma recientemente la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Esta crisis solapada durante el sexenio anterior tiene a más de 60 mil trabajadores universitarios en duras condiciones laborales, quienes han sufrido retrasos de pagos por quincenas o hasta meses.
Frente a este panorama, lejos de dar una respuesta favorable a los trabajadores, la Secretaría de Educación Pública bajo la cuarta transformación se apuesta a ubicar a los trabajadores y sus derechos como el lastre de la educación superior.
Ya el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, ha salido a sostener la política de la ANUIES, diciendo que el enorme peso para el sector universitario son las pensiones de los trabajadores y que más que rescate, lo que hay es un apriete para los trabajadores en las que se contempla despidos para trabajadores administrativos, académicos, retención de plazas, despidos de trabajadores contratados por honorarios y rediscutir el esquema de jubilaciones y pensiones del sector universitario.
Bajo este panorama nos preguntamos ¿es posible rescatar a las universidades en quiebra? La respuesta es sí, el problema es el programa político que tiene el gobierno federal respecto a las prioridades y las limitantes que le impone su propia agenda y acuerdos con las grandes patronales y los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los cuales tras la crisis están imponiendo en todo Latinoamérica un paquete de reformas para que la crisis internacional la paguemos los trabajadores.
No hay educación pública sin derechos laborales
La justificación del gobierno obradorista para mantener a la deriva 11 universidades es que no hay dinero para poder solventar el problema estructural. Pero si vemos otros rubros en los que el gobierno federal ha gastado nos encontramos con que el problema no es el dinero sino las prioridades que tiene la cuarta transformación.
Hace unos meses fue aprobada la Guardia Nacional, que es continuidad de la militarización de Calderón y Peña Nieto de todo el país, además de que hoy se pone al servicio de los caprichos del presidente Donald Trump, quien ha ordenado al gobierno federal impedir el libre transido de miles de migrantes en la frontera sur.
Para este proyecto de militarización se destinaron 70 mil millones de pesos, casi el doble del presupuesto universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Nuestro país está en el top 10 de los países con mayor deuda externa, el año pasado alcanzó la cifra récord de 452 mil 991 millones de dólares, lo que equivale al 35.8 % del PIB.
Esta deuda que hemos pagado decenas de veces en intereses es una manera en que los usureros internacionales, mejor conocidos como acreedores (organismos internacionales y fondos de inversión), se llevan millones de pesos de nuestro país. Una deuda completamente ilegitima que si se deja de pagar se puede invertir en el sector educativo y el sector salud.
Consideramos que los grandes empresarios nacionales, como Carlos Slim o Germán Larrea, han amasado enormes fortunas a costa de la explotación de millones de trabajadores y que ese dinero tiene que servir para garantizar cobertura universal educativa en todos los niveles. Es necesario poner impuestos progresivos a las grandes fortunas para que ese dinero esté puesto al servicio de quienes lo hicieron: los trabajadores.
Que los rectores de las universidades y directores de facultades y carreras ganen lo mismo que un trabajador calificado. Es necesario acabar con los privilegios de la “casta universitaria” que maneja a su antojo el presupuesto universitario y aplicar la precarización laboral contra trabajadores administrativos, de intendencia y académicos.
Estas propuestas dan cuenta de que es plenamente posible no sólo rescatar de la crisis a las 11 universidades en quiebra, sino garantizar salarios y jubilaciones acordes a la canasta básica y que se ajuste de acuerdo con la inflación.
Sin embargo, las grandes patronales no van a ceder sus ganancias por el simple hecho de exigirlas, es necesario articular un plan de lucha unificado de todo el sindicalismo universitario para pelear por un presupuesto para las universidades en quiebra, por frenar el ataque que la SEP quiere imponer al gremio y por romper el tope salarial. Que llame a las y los trabajadores estatales y del sector privado a unirse a esta lucha con sus propias reinvindicaciones, como basificación para todas y todos, reinstalación de los despedidos y cancelación de la reforma laboral, entre otras medidas.
Sin lucha y coordinación es difícil que podamos apoyar e nuestros compañeros que hoy padecen una crisis que la generaron los rectores, los gobiernos locales y el gobierno federal de los sexenios pasados y el ataque del actual gobierno.
En esta perspectiva, el paro del miércoles puede ser el punto de partida de una mayor coordinación en el gremio para poder estar en mejores condiciones rumbo a las revisiones salariales y contractuales de todos los sindicatos.
