En sesión extraordinaria el domingo 5 de julio el Congreso, aprobó la reforma constitucional que prohíbe que sentenciados por corrupción y delitos dolosos puedan postular al Congreso en las próximas elecciones generales del 2021. Se aprobó también el levantamiento de la inmunidad de los altos magistrados, sin embargo, la inmunidad parlamentaria quedo vigente. De esta manera, se abre otro capítulo de la pugna entre el parlamento y el ejecutivo, que pone en evidencia que la crisis del régimen político sigue latente.
Domingo 12 de julio de 2020
Fotos:Agencia Andina
Esta iniciativa parlamentaria se dio como respuesta al Ejecutivo presidido por Martín Vizcarra, quien, días previos anuncio la convocatoria a un referéndum para los próximos comicios del 2021, donde se pretendía aprobar esta reforma constitucional. Recordemos que esta reforma había sido bloqueada por la bancada fujimorista y sus aliados como el Partido Alianza por el Progreso, Podemos Perú, y Unidos por el Perú [1]. Al final los 14 miembros de la bancada fujimorista fueron los únicos que permanecieron en su posición de permitir que delincuentes puedan acceder a cargos públicos.
El pleno del congreso también aprobó la reforma constitucional sobre la inmunidad de los altos magistrados, involucrando a los Jueces Supremos, el Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional, sin embargo, mantuvo intacta su inmunidad pues señala que los congresistas quedan libres de toda persecución penal por “el normal desempeño de sus funciones”. De esta manera, eliminan la inmunidad para todos los altos funcionarios, menos para ellos.
Es necesario tener en consideración que partidos políticos como Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza por el Progreso y Unidos por el Perú han protagonizado penosas escenas en el congreso, aliándose en más de una ocasión con la bancada fujimorista a fin de mantener sus privilegios e intereses empresariales, como ocurre con los parlamentarios que son accionistas de universidades privadas y, como consecuencia de ello, gozan de ingresos millonarios a través de la mercantilización de la educación. Por otra parte, el congreso propuso una reforma constitucional para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria solo se produzca con una sentencia condenatoria firme. De igual forma, este congreso ha protegido al prófugo Juez Supremo Chavarry perteneciente a la mafia de los cuellos blancos en el Poder Judicial, a quien le han reducido las imputaciones a un único delito, por lo cual recibiría una menor pena [2].
El presidencialismo heredado de la Constitución Fujimorista
En el Perú existe un régimen presidencialista. La Constitución que redactara el congreso fujimorista en 1993 luego del golpe de Estado, establece que el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno (artículo 110) por ende, él designa la jefatura de todos los ministerios, todos los ministros son ministros políticamente alineados con el Ejecutivo. Es el presidente junto al Ministerio de Economía y Finanzas quienes emiten las normas económicas más relevantes para el funcionamiento del país, como la Ley del Presupuesto anual, además de tener la facultad de gestionar los recursos estatales como los tributos y las multas, y delegar este dinero a los gobiernos regionales y provinciales. El ejecutivo puede establecer las tasas de las contribuciones, y a través de sus ministerios, el índice de corrección monetaria y la política contra inflacionaria del Banco Central de Reserva BCR, además de la política laboral.
La Constitución fujimorista de 1993 también genera un presidencialismo blando a favor del Congreso. Así pues, el Congreso, dentro de sus facultades de control político del Ejecutivo, puede sancionar, fiscalizar y acusar a otros funcionarios, de acuerdo a los artículos 2 y 5 del Reglamento del Congreso. De igual forma, la Constitución les da las facultades de interpelar, censurar, generar un refrendo ministerial y ejercer una cuestión de confianza voluntaria y obligatoria (artículo 131, 132 y 133 de la constitución).
Frente a estos mecanismos de control político al Poder Ejecutivo, el ejecutivo puede cerrar el congreso y convocar elecciones, generándose una continua pugna política en el seno del Estado. Como lo hemos visto en los últimos tiempos, estas pugnas de intereses entre el parlamento y el ejecutivo, generalmente suelen estar muy lejanas de los problemas reales del pueblo y la clase trabajadora, y solo expresan la lucha por privilegios entre las castas burocráticas liberales que pugnan por mantener sus cuotas de poder al interior del estado. Se demuestra así las enormes limitaciones sociales del presidencialismo fujimorista, tesis que confirma la incompatibilidad entre los intereses del pueblo y los trabajadores, y las instituciones heredadas de este régimen [3] que tiene su expresión jurídica en la constitución de 1993.
Por otra parte, el gobierno de Martín Vizcarra y la Ministra de Economía y Finanzas han demostrado estar alineados con el gremio de empresarios “Confederación Nacional de Institucionales Empresariales Privadas” CONFIEP, cediendo ante su presión en detrimento del bienestar de los trabajadores. Ello se expresó claramente con la aprobación de la suspensión perfecta de los contratos de trabajo, la facilitación de su solicitud y trámite ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), no interviniendo los precios de los medicamentos de las clínicas privadas que dan atención y endeudan exorbitantemente a la población desesperada en esta emergencia sanitaria, no atendiendo las altas subidas en las facturas por electricidad, y siendo totalmente indiferente a la represión que sufren los obreros que deciden protestar por los despidos arbitrarios cometidos en medio de esta pandemia.
La única respuesta que ha tenido el gobierno ante la crisis de los trabajadores ha sido dar bonos muy por debajo del salario mínimo de 370 y 760 soles, sin abarcar a la totalidad de los desempleados, cuya población asciende a 3 millones y medio, ni aquellos que están precarizados ni suspendidos. De forma contraria, han financiado a los empresarios agrupados en la CONFIEP y a los estudios de abogados involucrados en los casos de corrupción Lava Jato, mediante el programa de Reactiva Perú [4].
Siguen las facilidades para la suspensión perfecta de labores a pesar del agravamiento de la emergencia sanitaria
El Estado de emergencia sanitaria continúa a pesar de la relajación de la cuarentena, y el gobierno no ha fomentado testeos masivos para prevenir la exposición de los enfermos de coronavirus en el sector público, vulnerando de forma directa la vida de los trabajadores del sector público y de los usuarios.
Para el sector privado, el gobierno ha emitido decretos de urgencia que facilitan la solicitud de la suspensión perfecta de los contratos de trabajo y excluyen a muchos trabajadores del bono estatal. El Decreto de Urgencia N° 072-2020 modificó el artículo 7 del Decreto de Urgencia 038-2020 - la norma que habilita la suspensión perfecta en la emergencia sanitaria - permitiendo la creación de un bono de s/ 760 para los trabajadores suspendidos, que trabajen en empresas de hasta 100 trabajadores y que no hayan recibido ningún tipo de subsidio ni bono estatal. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el 70% de la población económicamente activa PEA trabaja en Medianas y Pequeñas empresas MYPES que tienen menos de 100 trabajadores, por lo tanto, una parte considerable de la clase trabajadora quedará fuera del alcance de este bono.
Como los hechos lo evidencian, no será de la mano del presidente Vizcarra, de sus ministros o del parlamento peruano que vendrá la solución a los graves problemas que afectan a millones de trabajadores y al pueblo pobre. Debemos empezar a organizarnos y luchar contra los planes de ajuste que favorecen solamente a los grandes empresarios, como es el caso de la suspensión perfecta o el programa Reactiva Perú. Por eso hoy urge exigir la derogatoria de la iniciativa que faculta la suspensión perfecta de labores, luchar contra los despidos en las diferentes empresas, pelear para que allí se formen comités de seguridad e higiene dirigidos por los propios trabajadores, y si las empresas se declaran en quiebra, que estas pasen a estar controladas por sus propios trabajadores y trabajadoras, solo de esa manera evitaremos los despidos masivos que dejan a millones de obreros sin su fuente de subsistencia condenándolos así al hambre y la miseria.
Referencias:
1. Noticias RPP: “Congreso deja fuera de debate dictamen que impide que sentenciados por corrupción postulen a cargos públicos” Visto el 7 de julio del 2020. 10 am. https://rpp.pe/politica/congreso/congreso-dejo-fuera-de-debate-dictamen-que-impide-que-sentenciados-por-corrupcion-postulen-a-cargos-publicos-noticia-1277725
2. El Buho. Disponible en https://elbuho.pe/2019/06/fujimorismo-vuelve-a-blindar-a-pedro-chavarry-en-el-congreso/ Visto el 7 de julio del 2020. 10 am.
3. Diario Gestión “A nueve días de las elecciones solo un 16% de peruanos admite estar muy interesado” Visto el 7 de julio del 2020.
https://gestion.pe/peru/politica/a-nueve-dias-de-las-elecciones-solo-un-16-de-peruanos-admite-estar-muy-interesado-noticia/ 11 am.
4. Noticias RPP “Silvana Carrión, procuradora ad hoc, estudios de abogados de Lourdes flores y de otros investigados figuran dentro de la lista de beneficiados por reactiva Perú” https://rpp.pe/politica/judiciales/silvana-carrion-estudios-de-abogados-de-lourdes-flores-y-de-otros-investigados-figuran-dentro-beneficiado-por-reactiva-peru-noticia-1274545
