Crisis política en Perú. Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo

En un escenario marcado por contundentes luchas sociales en casi todas las regiones del interior del país, las cuales vienen siendo brutalmente reprimidas por la Policía Nacional y el Ejército, quienes actúan amparados en el estado de emergencia decretado por la golpista Dina Boluarte, el poder Judicial peruano a través del Juez supremo Juan Carlos Checkley impuso 18 meses de prisión preventiva contra el ex expresidente Pedro Castillo, a quien vienen investigando por los delitos de rebelión y conspiración.

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Como se recuerda, en horas de la mañana del pasado 07 de diciembre, antes de que se realice la sesión del pleno del Congreso de la República donde se discutiría y votaría la moción de vacancia (destitución) contra Pedro Castillo, este, al parecer presionado por las denuncias en su contra y por la posibilidad de no contar con los votos suficientes para evitar su destitución por el Parlamento, opto por una medida bonapartista orientada a cerrar el Congreso y otras instituciones públicas como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

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Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con Alberto Fujimori el 05 de abril de 1992, en esta oportunidad Castillo no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales, razón por la cual su intentona bonapartista nunca llego a concretarse, ya que los efectivos del ejército y la policía en vez de cerrar el Parlamento y las demás instituciones señaladas por Castillo en su discurso, terminaron deteniendo al mismo Castillo cuando este buscaba asilarse en la embajada de México, minutos más tarde que el pleno del Congreso decidiera la vacancia del mandatario por 101 votos a favor.

La vacancia de Castillo hace parte de toda una estrategia golpista implementada por el Parlamento en complicidad con la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y auspiciada por los grandes medios de comunicación. Para poder materializar esta estrategia destituyente, a la cual recurrieron desde el primer día que Castillo llego a palacio de gobierno, apelaron a la existencia de una supuesta red de corrupción, la cual habría sido montada y estaría siendo dirigida por el expresidente para apropiarse de dinero público, favoreciendo así a sus familiares más cercanos y a sus allegados políticos. Sostenían sus acusaciones contra Castillo en denuncias periodísticas y en las declaraciones de los denominados “colaboradores eficaces”.

Castillo, quien llego a la presidencia enarbolando el cambio de la Constitución fujimorista de 1993 vía una Asamblea Constituyente, así como una serie de reformas al modelo neoliberal, una vez en el gobierno abandonó sus promesas de campaña y buscó cogobernar con los ricos de siempre, por eso, dejo incólume las instituciones en las que se sostiene el régimen del 93 y en materia económica mantuvo vigente el piloto automático neoliberal. Por eso nunca recurrió a la movilización social para enfrentar a la derecha destituyente, sino todo lo contrario, siempre buscó la conciliación y la negociación con sus adversarios y la adaptación a la institucionalidad vigente. Tanta fue su adaptación al sistema que no dudó en apelar a la imperialista y golpista OEA para tratar de mantener su gobierno.

A pesar de toda esta derechización y adaptación al régimen del 93 de quien fuera dirigente sindical del magisterio y uno de los líderes más importantes de la histórica y contundente huelga docente del 2017, un sector de la derecha parlamentaria y los empresarios nunca le perdonaron su procedencia social y cultural (docente rural de origen campesino y provinciano), por eso nunca aceptaron su apretado triunfo electoral en la segunda vuelta y desde que Pedro Castillo inició su gestión buscaron destituirlo, para lo cual impulsaron dos procesos de vacancia fallidos y, como ya se dijo, instrumentalizaron una serie de denuncias contra el exmandatario hasta lograr su objetivo el pasado miércoles 07 de diciembre.

La vacancia de Castillo y la asunción de su vicepresidenta Dina Boluarte a la presidencia, como consecuencia del golpe parlamentario ya reseñado, ha abierto un escenario de alta conflictividad social donde los pobladores de las regiones más golpeadas por la difícil situación económica son los actores principales. Los miles de pobladores del campo y las ciudades que han salido a protestar rechazan a Dina Boluarte, así como al Parlamento y al conjunto de instituciones, ya que las sienten muy ajenas y contrarias a sus intereses y necesidades.

La derecha parlamentaria, los grandes empresarios y las fuerzas represivas, utilizan ahora al gobierno de Boluarte para reprimir al pueblo y acallar sus legítimas demandas. Quieren imponer la “paz social” y reoxigenar el régimen con las balas y tanquetas. Mientras tanto, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación buscarán dar un escarmiento a Castillo para, a partir de ello, evitar que alguien más que no pertenezca a los círculos oficiales de la denominada “clase política” peruana, ose tentar la posibilidad nuevamente de ser presidente de un país altamente centralista, racista y clasista como el Perú. Esa es la razón de fondo que motiva los 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, los cuales seguramente luego se prolongaran a partir de los diversos procesos por corrupción que ya penden sobre la cabeza del profesor cajamarquino.

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