Tras el conflicto AMLO-INE, ahora el gobierno es cuestionado nuevamente por el manejo de la pandemia.
Jueves 10 de febrero de 2022
Luego de los enfrentamientos entre el INE y el presidente López Obrador a raíz de la iniciativa para la revocación de mandato, ahora, la demanda contra Hugo López Gatell y los señalamientos por supuestos experimentos sin consentimiento de la población de la Ciudad de México para el uso de ivermectina en pacientes con Covid-19, ponen nuevamente en confrontación a los partidos del régimen.
Desde 2020, un grupo de familiares de pacientes fallecidos por Covid-19 encabezados por el abogado Javier Coello Trejo, -ex-representante de Emilio Lozoya, antiguo director de PEMEX- y otros personajes de la política mexicana, iniciaron una demanda contra el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, por omisiones, negligencia y mal manejo de la pandemia que han derivado en más de 300 mil fallecimientos. La demanda penal recientemente fue reconocida por el juez federal Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación contra López Gatell por el presunto delito de “homicidio por omisión”.
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En la mañanera del 8 de febrero, el presidente López Obrador refrendó su respaldo hacia el Subsecretario Gatell y calificó la demanda en su contra como una “campaña contra el gobierno”. De igual manera, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que es una “campaña de desprestigio” la controversia desatada por el uso del medicamento ivermectina en tratamientos para el Covid-19, por parte del IMSS y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Por lo que se sabe, tanto las denuncias de familiares contra López Gatell, como el cuestionamiento al uso de ivermectina en la CDMX, han sido utilizados por sectores de la derecha y sus medios de comunicación afines, para arremeter contra el actual gobierno y sus representantes luego de que la disputa con el INE fuera resuelta a favor del presidente y su iniciativa de revocación. Anteriormente, también el Partido de Acción Nacional (PAN) interpuso una demanda penal contra López Gatell por probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones.
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¿Qué pasa con la salud pública?
A raíz de estos enfrentamientos, en redes sociales circulan mensajes a favor y en contra de López Gatell, por medio de los hashtags #TodosSomosHugo y #YoNoSoyGatell, mismos que expresan nuevamente la polarización política entre el gobierno y la derecha. Pero, de lo que poco se habla, es de la crisis histórica de la salud pública en México, que desde antes de la pandemia se encontraba en estado crítico producto del saqueo en los gobiernos del PRI y el PAN, y que, con la pandemia y estrategia de reconversión de la 4T, continúa brindando servicios de salud precarios y deficientes para la población pobre y trabajadora.
Durante los gobiernos del PAN y el PRI, el presupuesto a la salud pública no superó el 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que fueron constantes los saqueos y el desmantelamiento del IMSS, ISSSTE y otras dependencias públicas, así como desvíos y robos millonarios de ahorros de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Ahora, con la 4T, el presupuesto para la salud pública apenas alcanza el 2.8% del PIB contemplando el aumento por la emergencia sanitaria del Covid, cuando lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otras instancias internacionales, es del 6% o más.
En México sólo hay 2.1 médicos y 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, es decir que, hay un déficit de 140 mil médicos generales y 300 mil profesionales en enfermería que sigue sin ser cubierto, aún después de dos años de pandemia. Peor aún, nuestro país ha ocupado en diferentes ocasiones el primer lugar en contagios y muertes entre el personal de salud, y entre la primera y segunda ola de la pandemia han fallecido casi 4 mil trabajadores de la salud y más de 200 mil se han contagiado en el ejercicio de su labor.
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Mientras los partidos del régimen siguen gastando millones de pesos en sus campañas políticas y mediáticas rumbo al 2024, la salud pública continúa en una grave crisis, sin que el gobierno de la 4T ahora, pero antes tampoco los gobiernos de la derecha, tomaran medidas contundentes para fortalecer estructuralmente los servicios públicos de salud. Por el contrario, las políticas neoliberales aplicadas en gobiernos anteriores que degradaron y vaciaron nuestros sistemas de salud, hoy se mantienen y profundizan bajo la administración actual, que continúa con la contratación temporal y bajo esquemas laborales precarios para gran parte de las enfermeras, médicos y personal de salud que han sido primera línea contra la pandemia, mientras que muchos otros han sido despedidos y las campañas de vacunación contra el Covid y construcción de hospitales, son puestaz a cargo del ejército y no de especialistas médicos y personal sanitario.
Ante este panorama crítico, las medidas de emergencia necesarias, así como el proyecto de un Sistema Nacional de Salud público y centralizado, solo pueden hacerse realidad con la lucha y movilización de los sindicatos, organizaciones sociales y el pueblo organizado, pues somos nosotras y nosotros los que hemos puesto la mayor cantidad de muertes y contagios en la pandemia, mientras que un puñado de empresarios han incremedo sus fortunas.
Como menciona Aldo Santos aquí: “Las organizaciones que se dicen democráticas y combativas, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras, deberían de llamar a un plan de lucha unificado para exigir que se vacune a toda la población mayor de 5 años que lo requiera; que se liberen las patentes para elaborar vacunas suficientes; que se garanticen pruebas de diagnóstico gratuitas para toda la población que las solicite; que se centralicen todos los servicios de salud, públicos y privados, para que no se saturen ni le falte atención médica a nadie; que se dote de insumos sanitarios a las escuelas, hospitales, dependencias públicas y a todos los centros de trabajo, entre otras medidas. Lo cual podría financiarse dejando de pagar la fraudulenta deuda pública; reorientando a la salud los recursos destinados a las fuerzas armadas; e imponiendo impuestos progresivos a los empresarios multimillonarios.”
¡La salud del pueblo pobre y trabajador, vale mucho más que sus ganancias!