Patricio del Corro (PTS/FIT), junto a gran cantidad de organismos y personalidades de DD.HH., presentó un nuevo pedido de informe. Exigen conocer más datos sobre la fuerza.
Martes 26 de abril de 2016
Ayer se cumplían tres años de la represión en el Hospital Borda, llevada a cabo por la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. La fecha fue aprovechada por la banca del PTS-FIT para hacer un pedido de informes sobre esa fuerza.
En la represión del Borda, la Metropolitana actuó de manera feroz, sin protocolo previo, para demoler un taller protegido de ese hospital. Trabajadores, pacientes, familiares de pacientes, militantes sociales y sindicales fueron salvajemente reprimidos en el hospital, cuando 400 efectivos de seguridad ingresaron al establecimiento.
Gases, balas de goma y palazos, durante más de 8 horas, dejaron el saldo de 40 heridos además de 8 detenidos de los cuales, 5 fueron procesados. Ni durante la dictadura se habían animado a hacer algo así.
Precisamente por esto, la primer mención en la conferencia de este lunes fue el reclamo de absolución de las personas procesadas: la enfermera de neonatología, Cristina Díaz Além, presente en la conferencia; de Susana Bejarano, enfermera del Borda; de Carina Maloberti del SENASA; de Belén Rebollo, fotógrafa; de Horacio Melnik de Talleres Protegidos y de Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital. Todos ellos, como resultado del procesamiento, van a juicio oral.
¿Qué objetivo había detrás de esta violenta represión?
En diciembre de 2012, cuando Macri era jefe de gobierno de la Ciudad, con los votos del FpV de la legislatura porteña, aprobaron construir en los terrenos de los hospitales Rawson, Tobar García, Moyano y Borda, un emprendimiento inmobiliario, empezando con un centro cívico en éste último, con la venta del Mercado del Plata. Así, las fuerzas de represión de la Ciudad actuaron para defender los intereses de las empresas. Un modus operandi que se repetiría.
Tanto Macri -entonces jefe de Gobierno- como el resto de los funcionarios responsables, quedaron impunes luego de estos graves hechos. Lo mismo ocurrió con casi todos los miembros de la Policía Metropolitana.
Esta impunidad fue cuestionada en la conferencia de ayer lunes. Allí se exigió el castigo a los responsables materiales e intelectuales de aquella represión.
Pedido de informes sobre antecedentes de represores
Junto lo mencionado más arriba, el pedido de informe también parte de otros datos que son parcialmente conocidos y muestran la presencia de represores que actuaron bajo la última dictadura, dentro de la fuerza.
La investigación de la Comisión de evaluación de personal de la Policía Metropolitana del año 2010 y los Informes del CELS de los años 2011 y 2013, consignan datos muy graves en relación a quienes conforman la fuerza. En estos informes se da cuenta, entre otras cosas, que:
Precisamente, en la resolución de este proyecto se exige la individualización de este personal, sus funciones y destino, teniendo en cuenta la gravedad de que, luego de dar a conocer estos datos, no se haya tomado una sola medida al respecto.
Muy por el contrario Mauricio Macri, utilizó este personal con la experiencia en el genocidio para llevar adelante las represiones a los trabajadores y el pueblo de la Ciudad.
Este informe también exige los nombres de los 27 integrantes del personal superior de la Policía Metropolitana proveniente del área de inteligencia del PFA, según consta en el informe de la comisión de evaluación de personal.
El pedido de informe solicita, además, que se aclare qué funciones cumplen los 186 miembros de las FF.AA. que ingresaron en esta fuerza desde el 2009 a 2012.
Es preciso señalar que se trata de una clara violación a las leyes nacionales que impiden a las Fuerzas Armadas actuar en política interior. El macrismo, con solo un decreto reglamentario, autorizó que efectivos que mantienen estado militar, puedan ingresar a la Metropolitana. Esto implica, por ejemplo, que efectivos con entrenamiento de guerra son los que llevan adelante, las represiones y la persecución a los sectores más vulnerables, como las personas en situación de calle que viven, constantemente, brutales amenazas y maltratos por esta fuerza.
Cuestionamientos a la formación
El último punto del pedido de informe vuelve sobre algo que también ha informado el CELS, alrededor de la formación que recibe el personal policial, cuyo paradigma -según los informes del 2011/2013- son la “lucha contra el terrorismo, narcotráfico y la guerrilla”.
Ese tipo de instrucción no se diferencia prácticamente en nada de la obtenida en la década del 70, en la llamada “lucha antisubversiva”, donde se perseguía, reprimía y espiaba a las organizaciones de la guerrilla pero también, y esencialmente, a los sectores obreros y populares. Varios de sus miembros han realizado adiestramientos en “combate al narcotráfico y al terrorismo” en EE.UU. e Israel.
Prontuarios
Desde que se fundó en 2008, la Metropolitana tiene un prontuario nefasto. Orientada fundamentalmente a dos cuestiones: inteligencia y a las represiones brutales contra los trabajadores y sectores populares.
En función del primer objetivo, requieren a integrantes de la Policía Federal que proviene del área de Inteligencia: para las escuchas ilegales a los maestros, a la oposición, como se ha visto en el escándalo del “Fino” Palacios y Ciro James. El segundo objetivo es lo que llaman “control social”, que termina en el gatillo fácil contra la juventud y en la violencia institucional contra los pobres.
El pedido de informes fue elaborado en común con los compañeros de Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y estuvo acompañado por una gran cantidad de organismos y personalidades de DDHH. Estuvieron presentes Ernesto Moreau (APDH); Graciela Rosemblung (presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre); Enrique “Cachito Fuckman (Asociación de ex detenidos desaparecidos); Cristina Díaz Alem, trabajadora del Hospital Garrahan reprimida y procesada por el reclamo en el Borda; Ernesto Ávila, referente de proyecto 7 -organización que defiende los derechos de las personas en situación de calle-, la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman, entre otros.
Por el CeProDH se hizo presente Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y militante del PTS. Además, acompañaron este proyecto Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo-línea fundadora); Elsa Pavón (presidenta de la asociación Anahí), CORREPI y mandó un saludo especial, apoyando esta iniciativa, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz e integrante del Serpaj.
Además, entre los presentes se encontraban Bárbara Acevedo (delegada Hospital Garrahan); Ana Laura Lastra (delegada INDEC); Facundo Gómez (consejo directivo del CEFyL) y Sofía Achigar (consejera directiva del Centro de estudiantes de Sociales, UBA). Además, apoyaron el proyecto el bloque del PO/FIT (Marcelo Ramal), Fernando Villardo (Autodeterminación y Libertad), junto a legisladores del FpV.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
