Diez policías de Entre Ríos, están siendo imputados y esperan sus juicios por humillación, golpizas, torturas y privación ilegitima de la libertad a Jorge López quien filmaba un procedimiento callejero.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Viernes 24 de noviembre de 2017
Corría el 25 de mayo del 2015, Jorge López filmaba un procedimiento policial en la vía pública hasta que al advertir esta situación, un integrante de la Policía de Entre Ríos lo rocía con gas pimienta en la cara de López cuando este se negó a dejar de filmar el procedimiento que se sucedía en las calles entrerrianas.
López cegado por el gas pimienta se retiró al domicilio de su hermano mientras los policías lo perseguían. Ya dentro del domicilio los funcionarios policiales lo redujeron a fuerza de disparos de sus armas reglamentarias, una vez en el piso, lo golpearon, lo patearon y hasta recibió por parte de un efectivo un culatazo de su escopeta calibre 12/70 en el rostro.
Golpeado y todavía cegado por el gas pimienta es trasladado a la Jefatura de la Policía en la caja de una camioneta oficial mientras los oficiales le iban propinando nuevos golpes.
Ya en la Jefatura López siguió recibiendo golpes y humillaciones a la vista de su hermano, quien también había sido aprendido por la Policía. Mientras Jorge estaba esposado y tirado en el piso, los oficiales siguieron propinándole golpes y patadas.
Luego lo trasladaron al patio de la Jefatura Departamental donde fue desnudado ante la vista de todas las personas presentes, lugar que estaba siendo bastante concurrido por el desfile del 25 de mayo que se realizaba fuera de la Jefatura. A pesar de la época estival en que ocurría todo esto, López fue rociado con una hidrolavadora y luego lo trasladaron a la Comisaría Primera, mojado y desnudo, con tan solo con una bolsa para cubrirse.
Luego de varias horas de humillaciones y torturas por parte de la institución policial, Jorge López fue trasladado al Hospital Urquiza dada la cantidad de golpes y tormentos que había sufrido. Allí se constata por parte del personal medico que López, había sufrido innumerables golpes y que además orinaba sangre.
“Pensé que me mataban” relató cuando apenas pudo emitir palabras. Los policías involucrados seguramente también habrán pensado eso tras llevarlo al hospital.
Luego ocurrió el mismo accionar policial cuando ocurren estos atropellos a la libertades democráticas y a los derechos humanos. Los policías trataron de ocultar lo ocurrido, inventar causas y justificarse por su accionar.
López hoy posee “stress post-traumático crónico” como consecuencia de lo ocurrido dos años atrás.
Los acusados al banquillo
El miércoles 22 de noviembre, en los Tribunales de Concepción del Uruguay se realizó la audiencia de elevación a juicio del caso que investiga las torturas y vejaciones de las que fue víctima Jorge Adolfo López, por parte de personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.
Los oficiales policiales imputados por estos hechos son: Eduardo Troncoso, Leandro Miño, Francisco Borges, Jorge Valdez, Eloy Fernández, Gabriel Arias, Roberto Ocampo, Juan Asín, Pablo Benitez y Leonardo Povoroznik.
La Fiscalía expuso los hechos que pretende probar en la etapa de debate, y detalló el encuadre de cada una de las conductas arrojadas a los imputados, a quienes acusó de apremios ilegales.
Por su parte, la parte querella, acompañando la descripción de los hechos, efectuó un planteo un encuadre legal de las conductas distinto al de la Fiscalía, entendiendo que las lesiones y vejaciones sufridas por López exceden a la escala prevista por el Art. 144 bis del Código Penal, y revisten entidad suficiente para ser encuadrados en la figura del Art. 144 ter. del Código Penal. Es decir, la imposición de torturas.
El planteo constituye una diferencia fundamental con el planteo de Fiscalía, ya que la pena por torturas implica una reclusión de 8 a 25 años, en tanto que en el primer caso, la pena va de 1 a 5 años.
Asimismo, se detallaron las pruebas (informes, relevamientos, videos, fotografías, audios, etc), testigos, elementos secuestrados, etc. de los que se han de valer las partes en el debate para sostener sus posiciones, las inventadas por la Policía Provincial de Entre Ríos y las solidas pruebas de la victima de la violencia institucional Jorge López.
Finalmente, la Dra. Céspedes resolvió pasar a cuarto intermedio hasta la fecha y hora que será comunicada a las partes, momento en que dará lectura a su resolución en relación tanto a la elevación a juicio, como a los sobreseimientos solicitados y la exclusión probatoria.
No es un policía “loquito”, no son 10 policías “loquitos”, es toda la institución
Sendas cuentas dimos en este diario del accionar policial y de las distintas fuerzas armadas que representan al Estado para salvaguardar sus intereses. Es así que la criminalización a la juventud, el filmar un procedimiento policial, etc. tiene su correlato a nivel jurídico con los endurecimiento de las penas, reformando leyes en el Congreso Nacional siendo estas cada vez mas punitivistas para luego darle más poder a las distintos brazos armados del Estado.
Este hecho ocurrió en el año 2015 pero cuando el Estado (con sus distintos gobiernos de turno) ve peligrar o quiere aumentar sus propios intereses de la clase dominante del cual el mismo forma parte (como los es la contrarreforma laboral) muestra los dientes, no solo a nivel jurídico, si no, también dando más poder de fuego y más impunidad a sus perros guardianes para que actúen bajo sus propios códigos.
Cuando la Policía ataca, humilla, golpea y reprime, tiene y debe tener su correlato en la organización de cientos de miles que salgan a la calle para decirles en sus caras que no hay policías buenos o policías malos, es toda una institución podrida que merece ser desmantelada.
