El joven fue asesinado por dos agentes de la Policía de Salta, la misma que esta semana atacó con balas de plomo a vecinos del barrio Santa Rita y desde el sábado custodia la planta del Ingenio San Isidro.
Domingo 21 de enero de 2018 17:19
Para empezar, queremos traer a colación un hecho que no ha trepado a la vitrina mediática porque no resultó en “tragedia”. El martes 16 por la tarde, en barrio Santa Rita en zona oeste de la ciudad, mientras jugaban a la pelota un grupo de jóvenes, se produjo un inconveniente con un vecino que es policía y vive en el barrio cerca de una de las canchas de fútbol. El agente de la PS, sin uniforme y fuera de servicio, no dudó en amenazar a los presentes, entre los que se encontraban también niños, y amedrentarlos disparando nada más y nada menos que balas de plomo. Es válido preguntarse si el agente se sintió respaldado para actuar de esa manera por el accionar del cabo Juan Carlos Cardozo y el sargento Emilio Gastón Aguilera Alanis, responsables del fusilamiento a sangre fría y por la espalda de Nahuel el miércoles 3 de enero.
En una primer nota de esta breve historia represiva de los azules queda claro el accionar cotidiano de esta institución que está amparada por los gobiernos de turno y su principal función social es garantizar el orden. Pero, ¿el orden de quién? De las patronales del campo y la ciudad, y los partidos políticos y jueces que representan sus intereses como si fueran propios, como lo son Cambiemos y el PJ de Juan Manuel Urtubey.
Como una muestra más, desde el sábado 20 por la mañana es la misma PS la que está rodeando las instalaciones del Ingenio San Isidro en la localidad de Campo Santo para que los trabajadores no puedan ingresas a sus puestos de trabajo. Uniformados al servicio de una patronal multinacional de capitales peruanos (Gloria S.A.) que pretende dejar en la calle a 730 familias aduciendo una crisis económica que no existe.
Amparados en el Código Contravencional
La persecución de las fuerzas represivas hacia los pibes, los trabajadores, los artistas callejeros y la diversidad sexual no es nueva.
A nivel local, la PS es reconocida también por la represión sistemática a mujeres trans y por tener a nivel provincial una tasa de femicidios muy alta en manos de fuerzas de seguridad. Por eso, en muchas ocasiones, las manifestaciones por demandas de mujeres y sectores LGBTIQ de la provincia, como en las masivas del 3 de junio, parten desde la Central de Policía.
De la misma forma, estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Salta, que en mayo de 2017 tomaban una gaseosa después de jugar al fútbol en el predio universitario, también sufrieron detenciones arbitrarias por parte de la PS.
¿Qué une ambos relatos? Amparados en el reaccionario Código Contravencional, Ley 7135 votada en 2001 bajo el gobierno de Juan Carlos Romero, que fue modificado en diciembre de 2015, cuando Urtubey aún era parte del Frente para la Victoria, la PS acecha y actúa. El mismo Código que usaron para reprimir a la juventud rockera de Salta en los recitales de Perro Ciego y de Skay y los Faquires en septiembre pasado.
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¿Norma o exabrupto?
Si durante el último gobierno kirchnerista, cada 28 horas las fuerzas de seguridad asesinaban a una persona, en el gobierno macrista la cantidad de horas se redujo a menos de 24. Esto quiere decir que por día al menos una persona es asesinada por la gendarmería, las policías provinciales o la Federal, la Prefectura, entre otras variantes asesinas.
A comienzos de mes, mientras el gobernador Urtubey disfrutaba de sus soñadas vacaciones en Punta del Este, Nahuel era asesinado a sangre fría con un arma reglamentaria. Durante una semana el gobernador se mantuvo en silencio hasta que reintegrado a la provincia se limitó a decir que confía en la investigación de la justicia.
Cinco días después del asesinato de Nahuel, el Ministro de Seguridad de la provincia Carlos Oliver, recién salió del cascarón y dio declaraciones sobre el caso. Tiró frases a las que nos tienen acostumbrados desde el gobierno provincial: “los efectivos actuaron mal y tienen que estar donde están” o “un hecho así te tira todo el trabajo que se viene haciendo en la zona”.
Frente a esto, realmente nos preguntamos si lo que hicieron estos asesinos a sueldo de la Policía de Salta no tiene que ver con un modus operandi, que va de la mano con un envalentonamiento de las fuerzas represivas a lo largo y ancho del país, a la vez que su accionar es parte del ADN que llevan dentro.
Apremios ilegales
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad de la provincia, en 2014 con una planta de 10500 efectivos en la policía se registraron 61 casos por apremios ilegales, 100 por lesiones, 3 por abusos sexuales, 6 por violencia de género y 163 por otras causas, en las que se encuentran gatillo fácil y abuso de autoridad, entre otras.
En 2015, con 10804 agentes hubo 23 casos por apremios ilegales, 49 por lesiones, 4 por abusos sexuales, 39 por violencia de género y 208 por otras causas.
De 2016 y 2017 no hay datos, aunque Oliver no se canse de decir que el fusilamiento de Nahuel “rompe todos los lazos entre la policía y la ciudadanía”.
Para muestra, sobra un “botón”
Para continuar con este breve, recortado e imperfecto repaso por el prontuario de la PS, es válido recordar el caso de Samuel Flores, oriundo de la localidad del interior salteño, San Ramón de la Nueva Orán. Samuel pertenecía a la comunidad guaraní "200 años" y fue asesinado por un agente policial en el barrio Caballito y el disparo, según comprobaron las pericias, fue a espaldas del joven asesinado. El policía resultó absuelto.
En 2013 la policía provincial de Salta asesinó también por la espalda a Mura Ortiz, el hecho ocurrió en barrio Sarmiento al sudoeste de la capital. Para encubrir lo sucedido y haciendo gala de una acotada imaginación, la prensa policial intentó presentar el caso de gatillo fácil como una confusión producto de un enfrentamiento entre bandas antagónicas, que habrían arremetido contra los uniformados cuando estos llegaban al lugar para terminar con la pelea callejera. Esta versión fue desmentida por numerosos testimonios durante el proceso judicial, no obstante la Justicia absolvió a los uniformados implicados, en un claro mensaje de impunidad. Una coartada similar, de supuesto enfrentamiento entre “bandas antagónicas” intentó dar por estos días la PS sobre el fusilamiento a Nahuel. ¿Siguen las coincidencias?
También en 2013, Juan Daniel Estrada de 18 años fue baleado por efectivos del sistema 911 en la noche del 10 de marzo en zona norte de la ciudad. A raíz de este hecho quedó parapléjico. Un año antes, en septiembre de 2012, en el barrio El Círculo III, de la zona sureste y aledaño a Solidaridad, Diego Federico Quiroga fue acribillado por un agente de la división de Seguridad Urbana quien descargo 9 disparos sobre el cuerpo del joven trabajador de 35 años. ¿Razones? Una supuesta discusión minutos antes dentro de un quiosco. Quiroga agonizó 6 días en el hospital hasta que exhaló por última vez y dejó 5 hijos huérfanos. El uniformado quedó impune.
También en el 2012 se difundió por todo el país un video que muestra la aplicación de torturas a dos detenidos, Miguel Martínez y Mario Rodríguez, en la Comisaría 11 de la localidad de Güemes, cercana a la capital salteña. Más cerca en el tiempo, en abril de 2016, en el barrio 20 de Junio, hacia el sur de la capital salteña, un uniformado mató en el acto a un chico de tan solo 15 años, Nahuel Franco, por supuesto “desacato a la autoridad”. Otro crimen impune.
Tras mirar un poco por los márgenes de la historia no oficial de la PS, no es difícil entrever en los hechos qué prácticas son las que llevan adelante los “agentes del orden”. Persiguen a la juventud, reprimen la protesta social y la lucha obrera, amparados en la impunidad que les otorga el poder político y el poder judicial. La institución policial descarga de manera organizada la violencia de la clase social dominante sobre la inmensa mayoría, como decíamos más arriba, con el único fin de “mantener el orden”.
El asesinato de Nahuel no fue una excepción ni un exabrupto producto de una mala formación policial o un inesperado brote psicótico de dos agentes descolgados. Todo lo contrario, fue un caso que responde a la norma y que se inscribe en la lógica de la que se hace llamar la “mejor policía del país”.
