En el siguiente artículo haremos un breve repaso por la historia reciente y la actualidad sobre la relación entre las Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense y las fuerzas de seguridad.
Martes 7 de julio de 2020 23:33
Actualmente se desarrolla en el país una profundización de la crisis sanitaria, económica y social, donde la suba de contagios con más de 60.000 casos a nivel nacional, va acompañada del crecimiento de despidos y suspensiones que sufre la clase trabajadora. Como si fuera poco, el aparato represivo sigue teniendo un lamentable protagonismo. Cada vez se suman más casos de violaciones a los Derechos Humanos, como la desaparición y asesinato del peón rural Luis Espinoza en la Tucuman de Manzur, el caso de Walter Nadal en la misma provincia asesinado cobardemente de la misma manera que George Floyd, o la desaparicion forzada de Facundo Castro que fue visto por última vez el 30 de abril de este año cuando lo subieron a un patrullero de la policía bonaerense.
Es de público conocimiento el reclamo de Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense, a Sabina Frederic, Ministra de Seguridad nacional, por más efectivos para la provincia. Además del aumento de los casos de gatillo fácil en el conurbano bonaerense, se suman las militarizaciones de barrios en toda la provincia. En el barrio San Jorge en Zona Norte; en La Matanza desplegando el ejército al principio de la cuarentena en acuerdo con el intendente Fernando Espinoza; como también en el municipio de Mayra Mendoza en Quilmes, transformando al barrio Villa Azul en un verdadero ghetto. Este mismo municipio fue testigo de la represión a lxs trabajadorxs del Frigorífico Penta que reclamaban por sus puestos de trabajo. En este marco de escalada represiva, el mismo Berni se presentó en una jornada de capacitación policial en la UNSAM. Ya en abril se había pronunciado a favor de la creación de una universidad policial en la provincia, en conjunto, con su flamante asesor Miguel Angel Pierri, ex defensor de Mangeri; cabe preguntarse entonces: ¿qué relación existe entre la policía bonaerense con las Universidades Nacionales del Conurbano?
Una política ininterrumpida
Desde sus recientes fundaciones, la mayoría entre los años 1989 y 1995, las universidades nacionales del conurbano permitieron el acceso a la educación a sectores que estaban excluidos de las universidades tradicionales, como la UBA y la UNLP. En esta realidad, surgen nuevas contradicciones, cuenta la socióloga Vanina Malabrán, como la elevada tasa de deserción en los primeros años de las carreras debido a las dificultades laborales, económicas y sociales de estos sectores de la comunidad. Los objetivos del peronismo en la creación de estas universidades fueron principalmente dos: disputar el peso de los radicales en el sistema universitario, y aumentar el poder territorial de los intendentes. Así como también hay una puja importante por las administraciones ya que poseen grandes cajas presupuestarias. En este sentido, las universidades del conurbano juegan un rol fundamental.
Además de permitir que por primera vez una generación de hijos de trabajadores pudieran recibirse, las nuevas universidades han desarrollado distinto avances tecnológicos. Sobre esta realidad, se intenta ligar a la policía bonaerense con estas facultades, para mostrarla como una fuerza con un supuesto lado “sanitario” y “profesional”. El argumento es que el problema de la controvertida policía bonaerense radica en su formación y no en su rol social. Es decir, tratan de reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad. Esto explica la política de colaboración universitaria con dicha fuerza.
Tal es el caso de la Universidad Nacional de San Martín, donde el lunes 22 de junio fue noticia la presencia de Sergio Berni en una jornada de capacitación a la policía científica.
Entre el 2013 y 2014, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora se había inaugurado una sede descentralizada de la Escuela de Policías “Juan Vucetich”. Junto a ella, también se instaló otra en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) durante el primer mandato de Fernando Espinoza, bajo el proyecto de la creación de una nueva policía. Fue al año siguiente, con la participación del rector de la UNLaM, Daniel Martínez junto al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que se realizó un acto de egreso de policías con 396 egresados. Desde las gestiones universitarias argumentaron que estas personas son consideradas estudiantes, y por lo tanto según ellas, no estarían violando la autonomía universitaria. Sin embargo esto es falso, ya que el claro objetivo de esas escuelas es el de formar policías.
A pesar de que algunas camadas de policías efectivamente se egresaron en este proyecto, finalmente debieron retroceder por la presión estudiantil. Esto se debió a la gran contradicción, que suponía reconciliar a los estudiantes con las atrocidades realizadas por la policía bonaerense en los barrios que generaron odio y bronca, como fue el caso de Luciano Arruga, negándose a robar para la policía, secuestrado y asesinado a principios de 2009. Si bien hoy en día las sedes descentralizadas de las Escuelas de Policías “Juan Vucetich” no se encuentran en los predios universitarios, sí cabe mencionar su presencia hace algunos años atrás, ya que sienta un precedente grave en la autonomía universitaria
El refuerzo en el aparato represivo por parte de Daniel Scioli, bajo el segundo mandato de Cristina Kirchner, también incluyó a otras Universidades del conurbano, como es el caso de la firma de convenios entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui). El ex rector de la Unqui, Mario Lozano y el ex rector de la Unsam, Carlos Ruta, fueron impulsores junto con el anterior gobierno kirchnerista de lo que se podría denominar como una doctrina de “seguridad democrática” [1]. Este convenio consistía en búsquedas de personal en las universidades para la AFI. A su vez que se sumaba la novedosa apertura de la carrera de oficial penitenciario y policía comunalen esas dos universidades, sumando a la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Este fenómeno de relación con los servicios de inteligencia no fue exclusivo de las universidades del conurbano. También se sumaban la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad del Comahue y la Universidad Nacional de Córdoba. Como caso emblemático de la intromisión de los servicios de inteligencia en las Universidades, cabe mencionar al ex vicerrector de la UBA Darío Richarte, ex miembro de la SIDE durante la presidencia de De La Rúa.
La política de prestigiar a los aparatos represivos fue continuada bajo el gobierno macrista. Como en el caso de la Unsam, donde el año pasado el Consejo Superior aprobó un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido entonces por Patricia Bullrich, junto a las intendencias de Lanús y Tres de Febrero, para reforzar la capacidad del aparato represivo en esos municipios. Este plan consiste en contraer deuda entre un organismo internacional (Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington D.C.) y dichos municipios, mientras se utiliza a las universidades como unidad operativa. Tres meses después, la policía bonaerense asesinó a Diego Cagliero en Tres de Febrero. A su vez en 2018, la Universidad Nacional de San Martín fue sede del Congreso de Seguridad con la participación de Sergio Massa como invitado, uno de los principales abanderados de la reducción de la edad de imputabilidad. Hay que recordar que bajo el gobierno de Macri y Patricia Bullrich, la cantidad de asesinados por el aparato represivo aumentó en el promedio inédito: una muerte cada 19 horas.
Bajo el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, esta política tiene su continuidad en el municipio de Quilmes, con acuerdo de la intendenta Mayra Mendoza, en la instalación de una base operativa policial en el Campo de Deportes de la Unqui. Si lo sumamos a las ya mencionadas declaraciones y acciones de Sergio Berni, pareciera que el albertismo se muestra dispuesto a continuar con una tradición de ligazón entre policías y universidades bonaerense que inició con el kirchnerismo y profundizó el macrismo. Hoy en día, según datos del Observatorio Social que impulsa La Izquierda Diario, cada 12 horas se registra un caso de violencia policial.
Policía, reforma y universidad
La función social y política del brazo armado del Estado es defender los intereses de grandes empresarios. Se demostró en cada golpe de Estado en Argentina como en tiempos de democracia burguesa. En El Estado y Revolución de Lenin, tomando los pasajes de Engels, afirma que el Estado es una “fuerza” que surge de la sociedad pero se separa situándose por encima de ella. Esa fuerza consiste en “destacamentos especiales de hombres armados que disponen de cárceles y otros elementos.” Es decir, la burguesía para defender sus intereses necesita de estas fuerzas. Por esto es inviable afirmar que las fuerzas represivas del Estado puedan ser reformadas para dejar en el pasado las atrocidades cometidas. Son defensores de las ganancias y propiedad privada de una minoría. Como también están implicados en el crimen organizado, pasando por las redes de trata y el narcotráfico. La problemática sobre abolición o reforma de la policía, es un debate central hoy en día en Estados Unidos.
La relación entre universidad y policía posee tres patas. Primero, un lavado de imagen de la cuestionada policía bonaerense utilizando el prestigio de las universidades del conurbano. Segundo, que las universidades del conurbano brinden la infraestructura necesaria para el reclutamiento de policías en virtud de la política de aumentar la cantidad de efectivos disponibles. Tercero, poner los conocimientos de la universidad en pos de hacer más eficiente la política represiva. Frente al discurso de una reforma democrática y popular de la policía, la realidad demuestra lo contrario. Durante el último mandato de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri no sólo no se pararon los casos de muertes a manos del estado sino que aumentaron año a año como muestra este gráfico.
Por otra parte, con el esfuerzo de científicxs de la Unsam en colaboración de la Fundación Instituto Leloir, el CONICET y ANLIS Malbran se desarrolló un nuevo suero contra el coronavirus. Esto demuestra la capacidad de las universidades bonaerenses. Sin embargo, este conocimiento se puso al servicio de las ganancias del dueño de INMUNOVA, Hugo Sigman, que cuenta con la propiedad del descubrimiento. ¿La potencialidad desde las universidades debe ponerse al servicio de las policías y los grupos empresariales?Mientras Berni desembarcó junto a la policía en la Unsam, alumnxs de enfermería, que se encuentran en la primer línea en lucha contra el covid-19, reclamaban por recursos para su capacitación en medio de la pandemia.
Mientras crecen los contagios, la miseria y desigualdad, aumenta la politica represiva. En lugar de destinar mayor presupuesto para el sistema sanitario y educativo, el gobierno prioriza el aumento de efectivos. Destinan a las fuerzas represivas las tareas de “contención social” en los barrios, fortaleciendo este control.
Sabemos que muchos de los jóvenes que viven en los barrios populares hoy eligen unirse a la policía, aunque no sea su primera elección a la hora de seguir una carrera, por los beneficios que les otorga, que no podrían conseguir en otro trabajo. La UNLaM llegó a becar a los jóvenes que elegían estudiar para convertirse en policías. Este beneficio no se les otorgaba a quienes se dedicaban a otras carreras, como por ejemplo medicina. Rechazamos la injerencia de las policías en las universidades. No queremos que la universidad se ponga al servicio de otorgar conocimientos y lavarles la cara a las fuerzas represivas. Por el contrario queremos que sus conocimientos estén al servicio de la clase trabajadora. Es necesario que se imponga un plan integral de becas en base a un impuesto a las grandes fortunas para todxs lxs que quieran estudiar, y así no sean obligadxs a elegir entre estudiar o trabajar, o peor aún, unirse a las fuerzas represivas.
[1] Refiere a la doctrina de Estado que cimentó la creación del Ministerio de Seguridad en 2010, tras la ocupación del Parque Indoamericano, producto de la falta de vivienda.
