Santa Fe. Policía imputado con Tognoli sigue en funciones

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio a ex Jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, imputado por encubrimiento del narcotraficante “Tuerto” Mendoza y por amenazas a Norma Castaño. La mujer, titular de Madres Solidarias, había denunciado a Tognoli cuando era Jefe policial y escribió dos cartas al entonces gobernador Hermes Binner, que fueron desoídas.

El policía que participó de las amenazas a Norma Castaño es Mauricio Otaduy. Según él mismo declaró “sigue en funciones en el Departamento Personar de la Unidad Regional I”. Un hecho más que demuestra el persistente amparo político que estos policías reciben por parte del gobierno provincial. Aún a pesar de estar siendo juzgado por amenazas a una mujer que denuncia al narcotráfico y la corrupción policial, el gobierno no lo separa de sus funciones.

Narcos con sirena policial

El primero que declaró este martes fue el oficial Fernández, siguió su colega Daniel Tomas y luego el subcomisario Alejandro Tognolo, quien dirigió el allanamiento a la quinta de Mendoza.

A partir de la declaración del primero salió a la luz que cuando se allánó la casa del Tuerto Mendoza en Julio de 2012 se halló una “baliza y sirena portátil” que utiliza la policía. El Ministerio Público Fiscal lo llamó un “souvenirs” que prueba la vinculación de Tognoli y el subjefe de Inteligencia de Drogas peligrosas, José Luis Baella, con el narcotraficante Mendoza.

¿Quién protege a Norma Castaño?

El testimonio de Norma Castaño será clave porque apunta a la vinculación directa de la policía con el narcotráfico y también a la complicidad política por parte de los gobiernos de Binner y Bonfatti. Pero la revelación de que Otaduy sigue en funciones es un dato escalofriante. ¿Quién protege a los testigos y, en particular, a Norma Castaño si el policía que la amenazó sigue en funciones?

"Me amenazaron de muerte varias veces; si me pasa algo la culpa es de Tognoli y Mendoza", dijo Norma Castaño en declaraciones tomadas por la Agencia Télam.
La pregunta se vuelve más grave si consideramos que uno de los abogados defensores en la causa Tognoli fue abogado de uno de los genocidas imputados en la causa Brusa, como reveló ayer La Izquierda Diario. En la causa Brusa declaró Silvia Suppo, que fue asesinada. El crimen de Suppo sigue impune. Su testimonio era clave para que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las violaciones y abusos en centros clandestinos y apuntaba duramente a la policía santafesina.

Medidas urgentes deben tomarse para ofrecer una protección integral a los testigos en las causas contra el narcotráfico y la policía. Protección que, por supuesto, no puede depender de la policía. La apertura de todos los archivos de las comisarías es una medida elemental. Allí existe toda la documentación necesaria para juzgar a todos los responsables sin necesidad de que los testigos se expongan.

Es preciso discutir la implementación de otra medida urgente, que desde la izquierda se exigió que se implemente en los juicios contra los genocidas: en toda causa contra un miembro de las fuerzas represivas por vinculación con el delito o por gatillo fácil, debe implementarse la inversión de la carga de la prueba. Habida cuenta de la extendida y más que demostrada complicidad policial con el narcotráfico y las redes de trata y considerando que en Santa Fe mueren más personas por gatillo fácil que en situación de robo, no puede depender de las víctimas demostrar la culpabilidad. En este caso los acusados son parte del poder del Estado y tienen a su disposición enormes recursos para destruir y plantar evidencia, amenazar y silenciar testigos, realizar pactos de impunidad. Y si todo esto falla, pagar los abogados más caros, defensores de narcos y barrabravas comoAndrés Ravinovich, “el abogado del diablo” que defiende a Tognoli. Que sean los acusados los que demuestren su inocencia y no las víctimas desprotegidas las que tengan que mover cielo y tierra y exponer su vida para demostrar la culpabilidad.