Política de género en ciudad de Córdoba: "la misma demagogia con distinta jurisdicción"

La primera reunión

La reunión inaugural de la Comisión de Género y equidad del Concejo Deliberante sesionó hoy de manera virtual. Contó con la presencia de Mónica Ferreyra, de la Dirección de Género y la presidenta de la comisión, Soledad Ferraro concejal del schiarettismo en la ciudad. La concejal del FIT, Laura Vilches, participó junto a otras concejales de dicha reunión.

La política de género y equidad en la ciudad no promete sorpresas positivas para quienes la padecen: tal como expresaron las funcionarias, la segunda ciudad más populosa del país no cuenta con recursos económicos significativos ni planes ni la declaración de la emergencia para hacer frente al recrudecimiento de la violencia machista con la pandemia.

Sólo se limitaron a presentaron los lineamientos de un área creada a partir de la asunción del gobierno de Llaryora, que se dedicará a las "capacitación y formación" virtuales; a la "vinculación institucional" (léase, subordinación política a la línea y los recursos provinciales"; "análisis y diseño de políticas públicas" y "creación de protocolos".

En Córdoba, en estos primeros meses del año, se cuentan 5 mujeres víctimas de femicidio, pero en el gobierno provincial recién se dieron cuenta la semana pasada, que al COE (Comité de Operaciones de Emergencia) se tenían que sumar las funcionarias del área de violencia de género para pensar este aspecto del aislamiento social obligatorio.

Una burda muestra de la nula sensibilidad de los gobiernos que desoyen las advertencias de las organizaciones de mujeres desde el día cero de la declaración de la cuarentena, que hasta la propia ONU advirtió para alertar a los gobiernos de todo el mundo.

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Es ese mismo COE y el mismo Polo de la Mujer dirigido por la Ministra Claudia Martínez, al que la Municipalidad y el Concejo deliberante conducido por el PJ provincial le ceden toda la iniciativa: la directora de género de la ciudad, excusándose en la novedad del área, señaló que sólo se están limitando a las "capacitaciones bajo la Ley Micaela". En un momento de emergencia existencial para las mujeres como el que vivimos desde hace años, la funcionaria se aboca a una tarea de largo plazo (aunque no menos relevante) como la "educación" de funcionarios e instituciones de la sociedad civil y pegar afiches con "violentómetros" en lugares de concentración poblacional en plena temporada de "aislamiento social preventivo y obligatorio".

De la puesta en pie de refugios para asistencia de las víctimas, recursos económicos para quienes han quedado a la deriva como parte de esos 7 millones de personas en el país que no poseen trabajo formal, o profesionales para el acompañamiento de quienes denuncian, nada. La Municipalidad de la segunda ciudad más importante del país, en la que habitan alrededor más de 700 mil mujeres de todas las edades, las funcionarias declaran que "ojalá en algún momento" puedan tomar en sus manos la tarea de asistencia a mujeres víctimas de la violencia machista.

Política de cartón

Hay una notoria actitud en la Directora Mónica Ferreyra, que esta cronista ha observado en otros funcionarios municipales: a pesar de ser parte de la fuerza política con la que comparte gobierno de la provincia, parece que cuentan con la provincia cuando le conviene y cuando no, se reservan al silencio. Así ocurrió cuando la concejal Laura Vilches le preguntó sobre qué opinaba de que el gobierno provincial hubiese dejado de pagar los planes Por mí (al igual que los precarizadores PPP, PILA y PIP) que con pomposa publicidad anunció como parte de los planes de "combate" a la violencia machista por el Polo de la Mujer ($4500). La funcionaria dijo desconocer la medida tomada por Schiaretti y Martínez, en quienes se recuesta sin embargo, para hacer "política de género".

La inclusión laboral trans y los negocios de la Iglesia

La reunión estuvo también atravesada por las disputas mezquina entre las ex oficialistas del radicalismo y las actuales oficialistas pejotistas, por una demanda vital para la población trans. El cupo y la inclusión laboral trans volvió a ser una promesa, no sin el pase de factura de la utilización política por uno y otro bando que dejaron una vez más a la intemperie a las personas trans que pelean todos los días por la supervivencia.

Por su parte, la concejal Vilches anunció que presentará proyectos homólogos a los ya trabajados en su mandato como legisladora provincial, para que los inmuebles ociosos o destinados a fines de lucro que la Iglesia posee en la ciudad, sean destinados a poner en pie refugios para atender a las mujeres víctimas de violencia; así como eliminar toda eximición de impuestos y tasas con las que goza esta institución reaccionaria, tocando sus privilegios, para que esos recursos (junto a impuestos a las grandes fortunas) también sean destinados a un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres y disidencias y a enfrentar la pandemia del coronavirus.

La misma demagogia, distinta jurisdicción

La concejal del PTS-FIT, señaló al finalizar la reunión virtual que "vemos la misma demagogia del gobierno de Hacemos por Córdoba pero con distinta jurisdicción. Inclusive, desde su propia lógica, podrían opinar que la segunda ciudad más importante del país debería reforzar lo que ya hace el gobierno provincial de su mismo signo político, pero ni siquiera eso. Ni un peso más de presupuesto merecemos las más de 700000 mujeres que habitamos la ciudad. Nada. Todo se deriva al Polo, donde las propias trabajadoras denuncian hace años la precariedad en la que trabajan y malviven"

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Luego agregó: "nosotras seguimos organizadas y luchando a pesar de la cuarentena, porque los femicidios no se tomaron vacaciones sino que la violencia recrudeció, como vimos brutalmente al inicio del asilamiento y este fin de semana otra vez, no sólo apareció el cuerpo violentado de Cecilia Basaldúa, otras dos mujeres fueron asesinadas en el país. Por eso convocamos mañana a un “ruidazo” en redes y seguimos denunciando que el estado es responsable porque prefiere privilegiar el pago de la deuda, no tocar las ganancias de banqueros, sojeros y grandes empresarios sino que las mujeres sigan expuestas a esta violencia estructural".

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Es de esperarse que las reuniones de la Comisión, como ocurrió en la Legislatura provincial, se limite a votar con nombres rimbombantes “políticas” que poco y nada cambian la vida cotidiana de millones de mujeres que enfrentan día a día la violencia machista. El gobierno provincial y municipal se alinearon con las directrices de Alberto Fernández y su ministro Guzmán, que negocian el pago al FMI mientras deciden no tocar un peso a los grandes ganadores de los últimos años: bancos, agropower, mineras, petroleras. El clima colaboracionista de la oposición y su pose para la unidad nacional, no dejan margen para esperar brechas a favor de los sectores populares. Poco podrá salir de aquellos espacios que mujeres y disidencias no estén dispuestas a pelear en las calles, con el incondicional apoyo del Frente de Izquierda, ahora en el concejo, como durante todos estos años.