Río Negro. Políticos, jueces y empresarios involucrados en prostitución infantil

Foto: Juan Antonio Bernardi, juez de Cámara Penal.

La causa se viene investigando desde diciembre, pero salió a la luz el pasado miércoles, ante el destape de la olla. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro tuvo que confirmar la veracidad de la denuncia en la que hasta funcionarios de su cartera se ven implicados. No solo hay involucrados funcionarios del Estado provincial sino hasta personajes del poder judicial: ese mismo día fue allanada la casa del juez Juan Bernardi, implicado en el entramado. Ante el escándal,o el camarista penal negó las acusaciones y pidió licencia hasta que se resuelva la causa.

La primera denunciante fue la madre de una de las víctimas, a la que se le sumaron otros casos recopilados por Desarrollo Social. Según el propio ministro de Desarrollo Social no solo hay testimonios sino también pruebas fotográficas. A su vez declaró que no se trató de un hecho aislado, sino de una metodología.

Según se dio a conocer, además del juez, la mira está puesta en el encargado de la propiedad allanada de Bernardi, un médico, un abogado y un empresario ganadero. En la misma situación se encontraba un empleado de Desarrollo Social que ante el conocimiento público del caso se suicidó el viernes pasado.

Una vez más, así como se vio con el caso de Marita Verón, se desenmascara un régimen podrido en el que el Estado, funcionarios, jueces, la policía y empresarios encubren y/u organizan las redes de prostitución. Un entramado en el cual cientos de mujeres y niñas son sometidas a este negocio multimillonario que en Argentina ya se cobró más de 700 desaparecidas víctimas de redes de trata y prostitución.