En una nueva muestra de autoritarismo para enfrentar las movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa y por la salida de Peña Nieto, el gobierno federal dio luz verde al Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente.
Viernes 5 de diciembre de 2014
El miércoles 3 de diciembre en Iguala, Guerrero, en una ceremonia resguardada por elementos de la policía federal y el ejército, el gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente, con el que las fuerzas federales asumirán el control de la seguridad en 22 municipios de Guerrero, 8 del Estado de México, 4 de Morelos y 2 de Michoacán.
El operativo fue anunciado el jueves pasado por el presidente Enrique Peña Nieto como parte de su decálogo sobre seguridad http://www.laizquierdadiario.com/Pl..., en el que se hace recaer el problema de la corrupción y la inseguridad en los municipios.
En la ceremonia -con la notable ausencia de los presidentes municipales de Guerrero, salvo el de Iguala- estuvieron presentes la plana mayor del gabinete de seguridad y los gobernadores de los estados involucrados. Del operativo en Tierra Caliente participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaria de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y seguridad Nacional (Cisen).
En los 32 municipios que abarcará el operativo se aplicará el mando policíaco único, salvo en Morelos, en donde ya opera este modelo, que se coordinará con las fuerzas federales. Serán desplegados alrededor de 2 mil agentes de la policía federal. Todo queda bajo el mando del Ejército.
Como parte de esta estrategia, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, anunció la instalación de bases de operación mixta para garantizar el libre tránsito en la región de Tierra Caliente. Ayer arribaron al puerto de Acapulco 1300 elementos de la gendarmería nacional, para "garantizar la seguridad" durante la temporada vacacional.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la construcción de un nuevo cuartel militar en Teloloapan, Guerrero, y refirió que el operativo va encaminado a combatir la delincuencia y la corrupción, además de fortalecer el -tan cantado durante las últimas semanas- "estado de derecho".
Familiares de desaparecidos se manifiestan
Durante la ceremonia de presentación del operativo, familiares de otros desaparecidos en la entidad -además de los 43 normalistas de Ayotzinapa- se manifestaron afuera para expresar su temor ante el anuncio de que el 6 de diciembre regresarán los policías municipales que, tras la masacre de Iguala, fueron enviados a Tlaxcala para ser "capacitados" por el Ejército, y que son señalados por los pobladores como responsables de muertes, abusos y desapariciones.
Organizados en un comité de familiares de las víctimas, ya cuentan con un registro de 375 desaparecidos, y explican que en la entidad no hay condiciones para denunciar, pues se conoce la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
Atizando el descontento en Tierra Caliente
El operativo en Tierra Caliente está claramente al servicio de sofocar mediante la represión las manifestaciones que prácticamente todos los días se realizan en el estado de Guerrero, uno de los epicentros del movimiento nacional desatado a partir del asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y que junto a la demanda de aparición con vida de los normalistas exige en las calles la salida de Peña Nieto.
En el Estado se han realizado las acciones más radicales, como la quema del Congreso estatal, el palacio de gobierno de Chilpancingo, el palacio municipal de Iguala y la entrada de Casa Guerrero, la residencia del gobernador, además de bloqueos carreteros, liberación de casetas y enfrentamientos con la policía.
Ayer, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), derribaron la reja de acceso e irrumpieron en el palacio de gobierno de Chilpancingo, de donde extrajeron los bustos de bronce de los pasados gobernadores de la entidad y les prendieron fuego. Durante la manifestación exigieron la desaparición de poderes, tanto locales como federales, por los nulos resultados en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. Tras la acción, instalaron un plantón permanente para impedir el ingreso de personal al recinto.
La apuesta por la militarización y la represión muestra la desesperación de un gobierno que no halla cómo desactivar las movilizaciones en su contra, y amenaza con el choque directo en un Estado caracterizado por una larga tradición de lucha.
