La decisión de los senadores que el miércoles pasado rechazaron la legalización del aborto, se cobró este martes la vida de una joven mamá del conurbano bonaerense. Tras una larga agonía, murió a consecuencia de la clandestinidad que refrendaron legisladores y legisladoras de todos los bloques, en nombre de "las dos vidas".
Sol Bajar @Sol_Bajar
Miércoles 15 de agosto de 2018
La historia de Elizabeth es la de las cientos de mujeres que se convierten en frías estadísticas para quienes se oponen a este derecho elemental, cuya negativa lleva décadas: "no es suficiente", "no es demasiado", "salvemos las dos vidas". Frases que condenan particularmente a las mas jóvenes y pobres, que cuando no quieren o no pueden ser madres, por el motivo que sea, sólo consiguen acceder a la interrupción del embarazo en condiciones inseguras, con métodos inapropiados, sin los mínimos cuidados necesarios o con información insuficiente. Lo sabemos todos y todas: si este domingo el aborto hubiera sido legal, seguro y gratuito en Argentina, Elizabeth hoy estaría viva. Pero eso no importó.
Elizabeth ingresó al Hospital Manuel Belgrano con un tallo de perejil ubicado en el cuello del útero, que tuvieron que amputarle. Es una de las consecuencias que puede acompañar a este método desesperado al que obliga diariamente la ilegalidad y la criminalización cuando no hay ningún recurso. Lo advirtieron especialistas de alto nivel que fueron invitados a las audiencias informativas de ambas Cámaras durante el debate en el Congreso, como Alberto Kornblihtt y Stella Maris Manzano, pero eso no importó.
Aunque en el hospital del municipio de San Martín, que gobierna el peronista Gabriel Katopodis, la operaron de urgencia, Elizabeth debió ser derivada al Hospital Villegas, en Pacheco, porque en la institución a la que llegó en grave estado no había servicios de terapia intensiva disponibles para ella. También lo anticiparon las propias declaraciones del Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, en su exposición en el Congreso, pero tampoco importó.
La muerte de Elizabeth habla de un nuevo femicidio a manos del Estado. Eso fue lo que denunciaron decenas de organizaciones este martes, en manifestaciones que se realizaron frente a la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, frente al hospital de Pacheco del conurbano bonaerense, en la localidad de La Plata, en Salta y en otros rincones del país. Fue la muerte evitable de una mujer joven y pobre, por el sólo hecho de serlo, a manos de las instituciones estatales que deberían garantizar su acceso a salud: la otra cara del "alivio" que dijo sentir el miércoles pasado la gobernadora María Eugenia Vidal ante la votación del Senado. Esa institución completamente antidemocrática, junto a gobernadores, funcionarios políticos y jerarcas de la Iglesia, la condenaron a morir por aborto clandestino.
No tan distintos
Siendo una de las más cercanas figuras al papa Bergoglio dentro de Cambiemos, la gobernadora estuvo a la cabeza de impulsar el rechazo que finalmente le garantizó al Vaticano el Senado de la Nación, con gestos y pleitesías de todos los bloques. Hasta Cristina Fernández de Kirchner, que después de 12 años de rechazo dio su apoyo a la ley, pidió a los millones de jóvenes que estaban en la calle que “no se enojen con la Iglesia", mientras que su compañera de bloque, la senadora Larraburu, atacaba con un rosario de acusaciones al movimiento de mujeres.
Solo el Frente de Izquierda, que lo planteó en su programa político y en su plataforma electoral, incluso en tiempos en que nadie quería pronunciarse sobre el tema, defendió sin fisuras el reclamo de legalización, al mismo tiempo que denunció la injerencia en el debate de la cúpula de la Iglesia.
Pero a excepción de la izquierda, todos los partidos desempolvaron más tarde o más temprano sus lazos con la curia. Sin dudas eso también explica porqué para tanta gente quedó claro que el Senado es un reducto de 72 miembros que mantienen fuertes vínculos con quienes conducen esa institución. Legislan en nombre de millones a espalda de sus intereses, para impedir que avance cualquier medida progresiva que consiga imponer la movilización popular, para trabar cualquier reclamo que tienda a cuestionar las bases de este régimen social y amenace conmoverlo.
Ese es uno de los roles fundamentales de la Cámara alta. Y eso fue lo que se expresó el pasado pasado 13J cuando el movimiento de mujeres arrancó con su lucha la media sanción, después de siete presentaciones sucesivas que fueron cajoneadas por la férrea negativa de los gobiernos kirchneristas y por su alianza inquebrantable con Cambiemos y con la cúpula de la Iglesia.
Aborto legal ya
Si hoy estamos contando con un nuevo crimen perpetrado contra las más jóvenes y pobres, con un nuevo feminicidio que resulta de la criminalización que garantiza el propio Estado, es justamente por ese entramado tejido con impunidad, entre acuerdos, maniobras y operaciones políticas, por los legisladores del oficialismo y la oposición clerical, por los gobernadores e intendentes y por la jerarquía de las Iglesias.
El loby celestial, que encontró en comunión a la Conferencia Episcopal Argentina, a los llamados "curas villeros" y a los pastores que integran las diversas instituciones evangélicas, se tradujo en una campaña sin igual para impedir que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Mientras los pastores amenazaban con quitar su apoyo "espiritual" (y monetario) en las próximas elecciones, la cúpula de la Iglesia Católica desarrolló una intensa campaña con el millonario financiamiento que obtiene de las arcas del Estado, que le garantizan año a año todos los gobiernos. Con ese dinero, que proviene de los impuestos que pagamos todas y todos, el lema de "salvemos las dos vidas" se cobró ayer una nueva muerte de una mujer sin recursos y la orfandad de un niño de dos años de un barrio pobre bonaerense.
Con el cinismo que la caracteriza, hubo que escuchar después a la vicepresidenta Michetti, que afirmó "la respuesta del Estado es la prevención, no la consecuencia”. Un argumento con el que parecía justificar también que en la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno anterior como bajo el gobierno actual, siga sin aplicarse siquiera el protocolo de atención de los abortos no punibles: aquellos que corresponden a los casos de los que habla el Código Penal hace ya casi cien años y que debió refrendar en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado fallo F.A.L.
La bronca ante el femicidio de Elizabeth, el dolor ante una nueva muerte por aborto clandestino, es incapaz de nublar la vista de quienes pintaron de verde la experiencia de lucha de miles y miles en todo el país. Esa revolución de las hijas que acompañaron con entusiasmo millones en las calles; ese reclamo que abrazaron como propio miles de trabajadoras y trabajadores en todo el territorio; ese pañuelo que traspasó las fronteras, dejó planteados nuevos desafíos y nuevas tareas, como la de impulsar una gran campaña nacional por la inmediata separación de la Iglesia del Estado, mientras persiste y se intensifica el reclamo de aborto legal ya, como una medida de salud de carácter urgente, para que no muera ni una más, para que nadie decida por nosotras, para que ni una más vaya presa, para que ninguna vuelva a sufrir las terribles consecuencias del aborto clandestino.
