TRIBUNA ABIERTA PERÚ: POR CONSULTA PREVIA VINCULANTE. Por la nacionalización de la minería e industrialización con control de los trabajadores

Antonia Huillca, esposa de Quintino Cerceda, pidiendo justicia
Foto: LaRepublica.pe

Ante el asesinato, por parte de la Policía Nacional del Perú, del comunero Quintino Cerceda acaecido el viernes 14 de octubre en la Comunidad de Choquecca del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas de la región Apurímac, nos pronunciamos:

1. El asesinato de Quintino Cerceda pone en evidencia, una vez más, que los aparatos represivos del Estado peruano sirven únicamente al gran capital extranjero y no a los campesinos pobres que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Por eso los policías no dudaron en utilizar sus armas de fuego contra los comuneros que en ese momento realizaban una acción de protesta contra la empresa minera MMG Limited (de capitales chinos), la cual en complicidad con el gobierno de turno viene violando los acuerdos a los que inicialmente arribaron con los pobladores de esta zona para explotar uno de los yacimientos de cobre más ricos del país y del continente a través del proyecto Las Bambas que como se sabe explotarán 1,710 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,6%.

2. Queda demostrado también que las mesas de diálogo entre las empresas mineras, el Estado y los comuneros no sirven como instrumentos de solución real a la conflictividad socio ambiental, sino más bien son utilizadas por los funcionarios públicos para distraer a las poblaciones afectadas por la actividad minera, las empresas también las usan para cooptar a los dirigentes sociales y de esa manera fragmentar y debilitar las luchas. Decimos esto, amparados en el hecho que desde el 2015 en esta región, el entonces gobierno de Ollanta Humala, implementó una mesa de diálogo entre las partes afectadas para lograr una salida consensuada, sin embargo vemos a la fecha que nada se ha avanzado debido a la intransigencia de la empresa minera, la misma que presionada por el impacto de la crisis económica internacional busca abaratar sus costos de producción afectando con ello a los campesinos de la zona en conflicto.

3. Las razones que han llevado a los campesinos a radicalizar sus medidas de lucha se sostienen en el rechazo a las diversas modificaciones que ha realizado la empresa minera al contrato inicial y al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Las Bambas sin siquiera tomar en cuenta sus puntos de vista. La empresa, para poder realizar estas modificaciones ha actuado amparada jurídicamente en los “paquetazos ambientales” decretados por el gobierno de Ollanta Humala en el año 2014, los cuales flexibilizan al mínimo los controles ambientales y democráticos para de esa manera acelerar la implementación en nuestro país de grandes proyectos mega mineros que, según la visión pro empresarial de nuestros gobernantes, nos ayudaran a reactivar el crecimiento económico.

4. La razón principal por la cual el conflicto en las Bambas se ha agudizado, no se reduce solamente a la brutalidad policial (la cual desde ya existe y es condenable desde todo punto de vista), ni a la impericia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para encarar la conflictividad social (la cual también es una realidad), sino que tiene que ver con la inviabilidad social de un modelo de desarrollo basado únicamente en la exportación de materias primas, el cual se sostiene en la gran inversión extranjera, fundamentalmente minera, y en el recorte de las más elementales libertades democráticas como la consulta previa vinculante a las comunidades aledañas a los grandes emprendimientos mineros. Este modelo de acumulación capitalista se ha venido implementado en nuestro país desde el gobierno de Fujimori, el cual para darle legalidad dio vida a la fraudulenta constitución de 1993 que legaliza el saqueo de nuestros recursos naturales y precariza el trabajo.

5. El gran capital extranjero ha demostrado en los años del boom primario exportador y en estos últimos años de crisis que no garantiza el desarrollo nacional, sino todo lo contrario; por ello ha evadido impuestos amparándose en los contratos de estabilidad tributaria y sus utilidades las han reinvertido en sus países de origen contando para ello con la complicidad de nuestros gobernantes y del empresariado nacional agrupado en torno a la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas). Por eso el crecimiento económico solo ha favorecido al 1%.

Para cambiar esta situación que es la que genera la conflictividad socio ambiental, debemos implementar un plan progresivo que empiece por darle otro enfoque al desarrollo de la actividad minera el cual nos permita aprovechar el conjunto de los recursos naturales, para ello es necesario imponer la nacionalización de la minería, para garantizar de esa manera la soberanía sobre nuestros recursos naturales y la posibilidad que seamos nosotros quienes definamos cómo organizar su aprovechamiento racional. Para lograr ese objetivo necesitamos formular una estrategia integral de desarrollo e industrialización dirigida y controlada por los trabajadores que respete el medio ambiente y que reconozca el derecho de los pueblos y comunidades afectadas a decidir a través de un proceso de consulta previa vinculante.

¡¡POR CONSULTA PREVIA VINCULANTE!!
¡¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA MINERÍA E INDUSTRIALIZACIÓN CON CONTROL DE LOS TRABAJADORES!!
¡¡NI UN MUERTO MÁS!!