Abuelas que, pese a su edad, no bajan los brazos y un Estado que no cumple siquiera lo que está escrito. La propuesta de una comisión de víctimas y familiares y de un banco nacional de archivos.
Miércoles 29 de junio de 2016
“¿A éste también lo cuento?” . Esa fue la pregunta de Cecilia Góngora, la apropiadora de José Luis Maulin Pratto ante el presidente del Tribunal Oral de Santa Fe. Debía contestar sí tenía hijos. Luego confesó: “Tengo cinco hijos, tres adoptados legalmente”.
José Luis es un nieto recuperado. Nació el 26 de marzo de 1977 en un sanatorio de Reconquista. Góngora y su marido, Luis Ángel Segretín, lo anotaron en el Registro Civil como hijo propio, con un certificado falso que firmó la médica Elsa Nasatsky.
Las dos mujeres son juzgadas desde la semana pasada y José Luis declarará mañana en el juicio que se desarrolla por su apropiación. Los padres del joven sobrevivieron al terrorismo de Estado y desde el 2009, luego del análisis de ADN, él descubrió que sus padres biológicos son Rubén Maulín y Luisa Pratto.
José Luis hoy tiene 39 años y busca una sentencia que le devuelva su nombre y le permita cambiar -a él y a sus hijos- el apellido Segretín por Maulín Pratto luego de 7 años que descubrió su verdadera identidad. Todavía no cuenta con su verdadero nombre y está obligado a llamarse con el apellido de sus apropiadores. “Esto no nos permite presentarnos ante la sociedad como quienes somos, con nuestro nombre de verdad”, dijo el joven.
Una larga lucha
De aquí se abre una profunda reflexión. En Argentina aún resta encontrar a alrededor de 400 hijas e hijos de personas desaparecidas, apropiados por la dictadura genocida y sus cómplices. Pese a la larga historia de lucha de abuelas y familiares de las víctimas junto a organismos de derechos humanos, porque el tiempo duele y cada día que pasa nos interpela en la necesidad de un mayor esfuerzo en la recuperación de la identidad de los jóvenes apropiados.
Cuando escribo esto pienso en este jóven que ya encontró su identidad pero que no puede disfrutarlo. Pienso en Abuelas como Chicha Mariani que hoy a sus 92 años sigue buscando a su nieta Clara Anahí o en Mirta Baravalle que a sus 91 años sigue buscando a su nieto Horacio. Y pienso en todas y cada una de las abuelas que hoy están vivas y quieren encontrar a sus nietos, porque ellas comenzaron junto a la búsqueda de sus hijos “buscando vida”.
Y no se trata de uno o diez años, sino de 40 años sin parar de buscar y hacer un gran esfuerzo para dejarnos a las nuevas generaciones este legado.
Con el juicio por el Plan sistemático de Robo de Bebés quedó demostrado que la apropiación de niños fue parte del plan genocida de conjunto, y no casos de niños o bebés a merced de militares sueltos o locos. Se demostró que operaban de dos maneras a la hora de legalizar una apropiación. Una era inscribir al bebé como hijo biológico; la otra a través de adopciones ilegales con intervención de la justicia.
Las investigaciones
Durante todos estos años la investigación para la restitución de niños apropiados era en su mayoría desarrollada por los familiares con sus propias investigaciones o por Abuelas de Plaza de Mayo y luego también por la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a La Identidad), donde realizaban la denuncia ante un juez penal que investigaba el delito de apropiación.
En octubre de 2012 la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, creó una Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y un Protocolo de actuación que deben seguir todos los fiscales en estos casos.
Esta Unidad especializada tiene importantes atribuciones. Una de ellas es requerir información de diferentes instituciones para la investigación y el juzgamiento de los casos de apropiación de niños, como la Conadi, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), los registros civiles, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; así como también con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los poderes judiciales locales involucrados en las investigaciones, para nombrar algunas de dichas instituciones
Pero lo novedoso y positivo de esta unidad fiscal es que no solo tiene poderes tanto para investigar “el caso por caso”, como se venía haciendo, sino que además puede realizar investigaciones “preliminares”. Esto es juntar toda la prueba requiriendo información a todas las instituciones del Estado. Contar con su propia base de datos e iniciar investigaciones, sin denuncias previas, y luego presentar el caso ante el juez para que solicite la prueba de ADN.
Sin embargo hasta aquí la única corte provincial que ha tomado medidas es la Corte Suprema Tucumana, que ordenó un relevamiento exhaustivo de expedientes judiciales, tramitados entre 1975 y 1983. Se trata de guardas temporales, adopciones e inscripciones tardías de niños y niñas en los Juzgados de Familia y Sucesiones del Fuero Civil del Poder Judicial, para ser enviados a la unidad especializada.
Otras provincias ya habían entregado bases de datos, como Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires. Pero en estos casos se trata solo de las partidas de nacimiento que se encuentran en los Registros y no los legajos y causas judiciales que comprometen a jueces y otros funcionarios.
Frente a estas recientes acciones institucionales hay que preguntarse por qué durante estos años no han entregado los archivos y legajos la totalidad de las provincias del país.
Lo que necesitamos
Es necesaria la creación de un banco nacional con la totalidad de datos, registro y archivos; de partidas de nacimiento de todas las provincias, de todos los expedientes judiciales de adopción, minoridad y todos los legajos, que corresponda al período comprendido entre los años 1975 y 1983, así como impedir su destrucción.
Ante la avanzada del macrismo, que incluye las nefastas denuncias de personajes presentando denuncias y acusándonos a los nietos recuperados de ser estafadores y truchos para intentar deslegitimar esta pelea, junto a la impunidad de todos estos años, es necesaria la sanción de una Ley Nacional que establezca la obligatoriedad de los registros públicos y privados de conservar dicha documentación y remitir copias a ese Banco Nacional de Datos.
Para ello es necesaria la creación de una comisión independiente, integrada por las víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, con pleno acceso a esta información, investigación y control de las causas judiciales donde se investigue la identidad de niños apropiados.
Porque también es verdad que cada abuela, madre, hermano tiene derecho a investigar como decida hacerlo y a contar con la información necesaria. Sin que pasen semanas y meses para conseguir algún dato. No podemos permitir que abuelas de más de 90 años sigan buscando como lo hacía en sus comienzos.
Mientras vemos en estos tiempos cómo se viene atacando áreas sensibles de investigación, como con la desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) que había sido creado para custodiar las muestras de ADN que permiten la identificación de nietos, hijos y hermanos apropiados, es necesario exigir la intangibilidad del presupuesto asignado a los entes y áreas encargados de la toma y custodias de los ADN, el aumento del mismo en función de las necesidades reales para su mantenimiento y ampliación y la reincorporación del personal despedido de esas áreas.
Para que cuando un nieto aparezca pueda conocer a su abuela, para que los hermanos puedan reencontrarse, por el juicio y castigo.
Esta es la forma en la que creemos que es necesario pelear por la recuperación de la identidad de los hijos de nuestros 30.000 desaparecidos.
