Provincia de Buenos Aires. Por orden oficial, la Bonaerense requisa los autos del personal de institutos de menores

La noche del viernes 21 de agosto cinco jóvenes se fugaron del Centro de Recepción de Menores conocido como “El Castillito”, ubicado en el Complejo Villa Nueva Esperanza de 520 y 226 de la localidad platense de Abasto. Un complejo de institutos dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que dirige Eva Asprella, y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense (ex Desarrollo Social) conducido por Andrés Larroque.

La fuga de los cinco jóvenes (oriundos de la zona oeste del Gran Buenos Aires) trascendió en los medios regionales ya que, según las fuentes oficiales, en su maniobra habrían amenazado con armas caseras al personal que trabaja con ellos y se fueron en el auto de uno de los empleados tras arrebatarle su llavero y demás pertenencias. Posteriormente se difundiría que, en su salida triunfal, los jóvenes hasta habrían saludado al policía de la garita de guardia con un “¡buen finde!” mientras éste les abría el portón.

El hecho motivó el inicio de una causa penal por “evasión y robo de automotor”. La investigación recayó en la Unidad Funcional del Joven de La Plata, a cargo del fiscal Juan Benavídez, y las medidas que éste ordene están a cargo de la Comisaría Séptima de la capital bonaerense.

Hasta el momento el Gobierno de Axel Kicillof no informó si encontró a los jóvenes y mucho menos si hubo algún tipo de sumario o sanción para los policías que estaban esa noche en los puestos de control.

Sin embargo diez días después, el lunes 31, la Gobernación le dio más poder de control a la Bonaerense, incluyendo la facultad de requisar hasta los baúles de los autos y demás pertenencias personales de las y los profesionales, técnicos, docentes, administrativos y personal de maestranza que, día a día, sostienen ese importante complejo. Todo con la excusa de evitar nuevas “fugas”.

Consta en actas

La decisión de empoderar (aún más) a la Bonaerense contra empleadas y empleados que llevan años y hasta décadas trabajando en los institutos del complejo de Abasto, fue divulgada por el propio Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de un memorandum interno que llegó a decenas de casillas de mail.

El “memo” lo firma Martín Mollo, director Provincial de Institutos Penales del Ministerio de Desarrollo y está dirigido al departamento de Coordinación de Guardias Policiales de la OPNyA y a Omar “Chicho” Moya, histórico dirigente de la lista Verde y Blanca de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y actual subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del ministerio de Larroque. Moya, precisamente, es el encargado junto a la Bonaerense de instrumentar las requisas al personal.

El breve texto del memorándum dice: “Comunicar que, fundado en razones de seguridad, es atribución de las guardias policiales proceder a la revisación del interior de los vehículos, incluyendo el baúl, como así también a la identificación de sus ocupantes, tanto en su ingreso como en su egreso de los predios institucionales”.

Desde hace veinte días, con esa resolución en mano, en cada entrada y salida del personal la Policía “elige” al azar a sus presas. Las trabajadoras y los trabajadores son interceptados, se les pide identificarse, mostrar sus pertenencias y, si al oficial de turno se le antoja, permitir el registro de sus vehículos, incluyendo el baúl. Una avanzada sobre el derecho a la intimidad de personas que llevan años y hasta décadas trabajando allí (en muchos casos en condiciones infrahumanas).

Consultados por este diario, varios trabajadores y trabajadoras del complejo se mostraron más que molestos. Y cuestionan duramente el hecho de que Omar Moya sea parte de la ejecución de semejante medida coercitiva e intimidante para el personal, con el correlato de mayores espacios de poder conquistados por la Bonaerense.

Bordeando la ilegalidad

Seguramente las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad habrán considerado que nada de esto es ilegal. De hecho el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires (en sus artículos 222, 225 y 294) facultan a la Policía a meterse de esa manera en la vida de la población.

El último de esos artículos, específicamente, dice que “cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos”, la Policía podrá “proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen”.

En definitiva, desde el 31 de agosto para el gobierno de Kicillof cada profesional, técnico, administrativo o maestranza del Complejo Villa Nueva Esperanza es un potencial delincuente. Y encima para determinar si lo es o no, allí está la Policía Bonaerense. La misma que mata jóvenes pobres en plena calle con el gatillo fácil, o los “suicida” en las comisarías o incluso los hace desaparecer impunemente.

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Paradójicamente (o no tanto) desde hace tiempo diferentes sectores del área de Niñez y Adolescencia de la provincia vienen pidiendo que la Policía Bonaerense sea retirada de los centros donde se alojan niños y jóvenes judicializados. Lejos de ello, la actual gestión parece querer reforzar incluso lo que ya había hecho en la materia el Gobierno de María Eugenia Vidal (y eso no es poco decir).

Hasta donde pudo confirmar este medio, en otros centros cerrados de menores de la provincia este ataque a la privacidad del personal de Niñez y Adolescencia aún no ha llegado a tanto. No porque no sea la intención oficial, sino por la propia relación de fuerzas. Donde hay una mayor organización desde las bases, la prepotencia patronal es mucho más difícil de aplicar sin consecuencias.

¿No será entonces, en lugar de una cuestión de “seguridad” para evitar “fugas”, una medida preventiva del Estado ante una más que probable (e impredecible) crisis socio-sanitaria en los institutos del complejo de Abasto? Consultados en este sentido, quienes trabajan allí dan por hecho que lo único que busca una medida como ésta es perseguir y criminalizar al personal para intentar mantenerlo a raya en un entorno laboral casi insoportable.

Décadas de deshumanización

En el Complejo Villa Nueva Esperanza funcionan los institutos cerrados El Castillito, Almafuerte, Gregorio Aráoz Alfaro I, Carlos Ibarra, Pellegrini, COPA, Eva Perón y Legarra (los ocho para mayores de 16 años). Además se emplazan allí dos centros de recepción de jóvenes, el Abasto y el Eva Perón. Y también integra el complejo el Centro de Contención Agustín Gambier (de régimen abierto -aunque dentro del predio alambrado y custodiado por la Policía- para menores de 16 años). Se estima que actualmente el complejo aloja a casi la mitad de los jóvenes judicializados de la provincia de Buenos Aires.

En su informe El sistema de la crueldad XIV, recientemente publicado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) afirma que en el Complejo Villa Nueva Esperanza se vienen dando en los últimos años “situaciones gravísimas”, como la persecución de jóvenes por las calles aledañas por parte de directivos armados o la falta de gas durante dos inviernos seguidos.

Para la CPM, los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires “deben ser revisados aunque, para ello, primero deberían funcionar”. A su vez considera indispensable el nombramiento de un defensor de los derechos del niño y “la urgente derogación del artículo 64 de la ley 13.634, de flagrante inconstitucionalidad, que permite el encarcelamiento de los niños menores de 16 años”.

Pero para la gestión de Kicillof esas no parecen ser las prioridades. Por el contrario, desde hace veinte día en los institutos que alojan menores en Abasto hay más coerción, control y amedrentamiento policial. Y nada hace pensar que las "fugas" vayan a dejar de existir.