Medios de transporte. Por propuesta de la izquierda, el Concejo Deliberante de Moreno ordenó a las empresas de colectivos instalar cabinas de seguridad

Con el voto afirmativo de todos los concejales, el proyecto de la izquierda ordena a la intendencia de Mariel Fernández que exija a la principal empresa local de colectivos cumplir con la Resolución 926/2008 de la Secretaría de Transporte, la cual expresa que los operadores de los servicios de transporte público urbano y suburbano de pasajeros deben incorporar un sistema de protección antivandálico para el conductor. A su vez, se reitera que se cumpla con las ordenanzas anteriores que tenían el mismo fin.

Ante las últimas agresiones de chóferes, la medida tiene como fin acompañar los reclamos de los trabajadores del volante por mejores condiciones laborales. El proyecto surgió a partir de una reunión de la concejala con chóferes y la agrupación Bordó de trabajadores del transporte, cual pertenece al Movimiento de Agrupaciones Clasistas.

La concejala Seitler responsabilizó a los empresarios del transporte por no garantizar la integridad de sus empleados: “2500 millones de pesos fue lo que recibieron para medidas de seguridad. Todavía nadie puede explicar qué pasó con ese dinero porque las medidas de seguridad no existen”.

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Además, cuestionó a los últimos gobiernos por no obligar a cumplir a los empresarios con la resolución de cabinas que rige desde el 2008: “En los últimos quince años, gobernó dos veces Cristina Fernández, una vez Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Entonces, ¿quién gobierna? Pareciera que las empresas tienen impunidad para atentar todos los días contra las demandas de los trabajadores. Presionan y chantajean para obtener subsidios y tarifazos. Esto termina redundando en un servicio de mala calidad para millones de usuarios y usuarias”.

Responsabilizó a las conducciones sindicales de la UTA, tanto Roberto Fernández como Miguel Bustinduy, por no haber realizado un plan de lucha para que se cumplan las cabinas. “Ese silencio permite a las empresas amasar fortunas, mientras amenazan con dejar sin transporte a los pasajeros, sin sueldo a los trabajadores y y persiguen a quienes reclaman mejores condiciones laborales”, agregó.

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Para la docente de escuela pública, la solución a los reclamos de mayor seguridad en los colectivos no está en reforzar las calles de uniformados. Sostuvo que no se puede confiar en las fuerzas de seguridad, ya que en nuestro país hay un caso de gatillo fácil cada 29 horas y que son las primeras en reprimir la protesta social.

Salió el cruce de las fuerzas políticas que piden más presencia policial: “Patricia Bullrich los requiere para cumplir con slogans nefastos como ‘Hay que poner orden en Moreno’ y Ricardo Bussi, aliado de Milei, dijo que ‘los de gorra azul son los buenos y los que andan con palos y trapos son los malos’. En nuestro país no faltan policías, sobran fachos”.

Seitler argumentó que la violencia sufrida en el último tiempo por los conductores es producto de la degradación social, la cual tiene como responsable al actual gobierno del Frente de Todos: “Hay casi 19 millones de pobres. Seis de cada diez niños están bajo la línea de la pobreza. La inflación destruye nuestros salarios, las jubilaciones y los programas sociales. La desigualdad es escandalosa. Los trabajadores que somos la clase social mayoritaria nos llevamos el 41,7% de la riqueza mientras los empresarios, el 1% de la población, el 49,2%”.

En ese sentido, llamó a que se implementen medidas para las grandes mayorías. “Los trabajadores necesitamos soluciones de fondo. La clave es discutir cómo acabar con la pobreza, la desocupación y los trabajos precarios que alcanza al 70% de los jóvenes. Si se reduce la jornada laboral sin reducir el salario, se podrían generar nuevos puestos de trabajo con derechos. Si esa medida se aplica en las 12.000 empresas más grandes, se podrían crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo”, remarcó.

Para finalizar, la dirigente, quien lleva a Myriam Bregman y Nicolás del Caño como precandidatos presidenciales, convocó a la organización de los trabajadores y usuarios del transporte público, no solo para que se cumpla con la instalación de cabinas, sino también para “fortalecer a la única fuerza política que quiere reorganizar el país desde abajo y al servicio de las mayorías”.

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