Con una tibia declaración, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, mujer mapuche y académica, se sumó a una declaración conjunta de convencionales pertenecientes a los pueblos originarios. En el pronunciamiento demandó la desmilitarización en el Wallmapu y el diálogo político para la reparación de los derechos territoriales. El cómo llegar a estas justas demandas se expresa en diferentes posturas políticas en los pueblos originarios y por esto, es urgente una plan de lucha para poner fin a la represión estatal y la impunidad a los violadores de los derechos humanos.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Martes 13 de julio de 2021
El asesinato de Pablo Marchant, comunero mapuche miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), puso en evidencia los límites de la Convención Constitucional ante las demandas históricas y ancestrales del pueblo mapuche en lucha.
La diplomacia de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, mujer mapuche y académica, frente al asesinato del joven weichafe en manos de la policía militarizada no deja de sorprender. En una declaración conjunta, Loncón insta al gobierno criminal de Piñera y al odiado Congreso a atender los requerimientos planteados en el proceso constitucional: " pues buscan contribuir a un clima de paz y abrir espacio al diálogo de buena fe para construir entre todos y todas un Estado Plurinacional donde se respeten y garanticen los derechos humanos".
Pero es sabido que ni el gobierno ni el Congreso escucharán, porque tanto empresarios y los partidos políticos del régimen son responsables de la represión estatal que ha cobrado vidas mapuche. Héctor Llaiutul, líder de la CAM, sostiene que el asesinato de Pablo es una ejecución política. Su argumento se refiere a que el Estado a través de la policía militarizada ha protegido las ganancias de las forestales, pertenecientes a dos multimillonarias familias: Matte y Angelini; latifundistas e hidroeléctricas. Y es cierto. El Estado continúa devastando y saqueando el territorio ancestral.
Y es que hay diferencias políticas entre los miembros de los pueblos originarios con propuestas y formas de gobierno: Loncón, aboga a la integración del pueblo mapuche al Estado desde la cultura y educación; mientras que sectores como la CAM plantean el autonomismo del pueblo mapuche con el Estado Chileno mediante la recuperación de tierras ancestrales y sabotaje a las grandes empresas. Sin embargo, pese a estas diferencias, la denuncia contra la violencia estatal y el llamado a la desmilitarización del Wallmapu debe ser mucho más concreta desde quienes hoy conforman la Convención Constitucional.
Un plan de lucha contra la represión y la impunidad
Desmilitarización del Wallmapu, libertad a los presos políticos mapuche, devolución de las tierras ancestrales y derecho a la autodeterminación han sido las demandas históricas que movilizaron a millones en la rebelión de Octubre. También estas demandas han sido el motor por el cual jóvenes mapuche de las ciudades se han movilizado al sur, como Pablo Marchant, intentando poner fin a una diáspora obligada a punta de fusil, despojo y expoliación de la cultura.
Es por esto la urgencia de un plan de lucha contra la represión estatal y la impunidad de los represores de ayer y hoy, partiendo por el mismo Piñera: ¡Que la Convención se declare soberana y devuelva las tierras usurpadas por las forestales al pueblo Mapuche!
