Colegio de profesores. ¿Por qué derogar la Carrera Docente?

Luego de meses de lucha y la reprobación por la mayor parte del profesorado, la Carrera Docente entra en vigencia y a pesar de los “arreglos” del parlamento, está lejos de representar un beneficio para la labor docente. Hoy, el Colegio de Profesores se reunirá en asamblea nacional programática, y la Carrera Docente que no disminuye el agobio, no ofrece estabilidad laboral, no garantiza jubilaciones dignas y establece una relación de competencia entre los profesores en base a la punición y el agobio, será uno de los puntos en discusión.

Bono de Retiro, lejos de asegurar una vejez digna.

Hace ya unos meses se aprobó el proyecto de ley de Bono de Retiro. El que comprende un máximo de 21 millones 500 mil pesos para los profesionales de la educación que tienen desde 37 y hasta 44 horas. Pueden acceder a este beneficio los profesores en edad de jubilar hasta un número máximo de 20 mil cupos.
Esta bonificación es una extensión del bono para el año 2015 obtenido en el marco de la llamada Agenda Corta, en donde las bases del profesorado, mediante la lucha y organización lograron asegurar los cinco puntos que contemplaba la agenda.
Sin embargo, este bono no contempla el aseguramiento de una jubilación digna pues tiene vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio del 2024. ¿Qué pasará después? Nadie lo tiene claro, por lo pronto el Colegio de Profesores celebra la noticia.

¿Y qué dice la Carrera Docente al respecto de la Jubilación? Nada, no especifica el término de la carrera, por tanto no existe ninguna ley que garantice que el profesorado tendrá jubilaciones dignas, nada nos asegura que en unos años más no tengamos que estar nuevamente peleando por nuestra merecida jubilación. De ahí que se hace necesario derogar la Carrera docente pues no incluye una jubilación digna que sea por años de servicio y que asegure como monto de jubilación el sueldo completo del profesor.

Agobio laboral y evaluación punitiva

La Carrera Docente lejos de terminar con el agobio laboral que se extiende sobre el profesorado, ya desde que se instala la evaluación docente –que representa mayor trabajo pero no mayor reflexión de nuestro trabajo-, sumado a las pésimas condiciones laborales como lo son las extenuantes jornadas, el gran número de alumnos por sala o la gran cantidad de trabajo administrativo, se suma a esto la presión y punición que contempla la Carrera y su evaluación, al clasificar en rangos los ingresos y el ascenso obligatorio de la Carrera. En vez de pelear por condiciones laborales que permitan un mejor desarrollo de nuestra función en el aula como lo son la disminución de alumnos por sala (20 máx), 50/50 horas lectivas y no lectivas, aumento de sueldos, formación y capacitaciones constantes, etc, la Carrera sólo garantiza el aumento de sueldo si sales bien evaluado, y en donde gran parte de los profesores son encasillados en los tramos más bajos, permaneciendo con malas remuneraciones y no obteniendo ninguna condición que asegure una estabilidad y fin al agobio laboral. Estabilidad que no fomenta la Carrera en la medida en que de salir mal evaluado dos veces consecutivas estás obligado a salir de la carrera y no poder optar a trabajo en ningún colegio que reciba subvención estatal. Se hace por tanto necesario pelear por las condiciones materiales que permean nuestro buen desarrollo en el aula, así como también, asegurando una estabilidad laboral exigiendo que todos los profesores sean empleados del Estado.

Demandas por Bono proporcional

En el marco de los tantos mecanismos existentes para el robo de dineros de la educación pública, actualmente a miles de profesores del sector municipalizado no se les ha pagado el bono proporcional mensual establecido en la ley 19.933 (ley que se establece para aumentar los sueldos de los docentes). Tanto las Corporaciones de Educación como los Departamentos de Educación Municipal, “entendieron” que esa ley se aplicaba sólo al sector particular subvencionado. Este hecho se vino a conocer producto de una demanda entablada en la comuna de Coelemu, que inició un largo proceso judicial acerca de si a los profesores municipales les correspondía o no esa específica bonificación proporcional. El juicio que tuvo varias instancias, falló finalmente la Corte Suprema a favor de los docentes municipales.

Tanto los sostenedores particulares subvencionados como los municipales han recibido, en la práctica, la señalada subvención por parte del Ministerio de Educación, de modo que no existe razón alguna para sostener que no se aplica a los profesores municipales.

En cuanto al valor de la bonificación proporcional, su cálculo depende de lo que haya percibido cada municipio y, esencialmente, de la carga horaria de cada profesor. Pero aproximadamente comprende como valor mensual que se adeuda a cada profesor municipal oscila entre los $30.000 (entre aquellos que tienen menos carga horaria) y $100.000 mensuales.

Y aunque lo que se adeuda a cada profesor es de muchos años, las reglas de prescripción legales indican que sólo puede cobrarse dos años hacia atrás, contados desde la presentación de la respectiva demanda. En base a esto el Colegio de Profesores esgrima que no tienen la capacidad física para hacerse parte de las demandas de cada municipio. Sin embargo, no se ha exigido nunca una demanda colectiva y una exigencia al gobierno para que termine con la modalidad de subvención y que en definitiva los dineros pasen directamente a cada profesor y no se pierdan en municipios corruptos, estableciendo como único empleador al Estado.

Desde Nuestra Clase, esto es lo que propondremos en la asamblea programática del Colegio de Profesores, desde los comunales de Antofagasta y Lo Espejo dónde fuimos electos para defender estas ideas.