Busca fabricar causa contra docentes que participaron de las últimas protestas. Aquí, el historial represor del gobernador Aureoles.
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Viernes 26 de enero de 2018
Silvano Aureoles llegó a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2015, tras los escándalos del ex gobernador Fausto Vallejo, y el gobernador interino Jesús Reyna García, ambos por vínculos con el crimen organizado.
Su administración destaca sobre todo por su política represiva y la criminalización de la protesta social. Y todavía algunos medios masivos de comunicación se refieren al Partido de la Revolución Democrática (PRD) como de izquierda, cuando no hay nada más alejado de la realidad.
Hostigamiento y represión contra opositores a megaproyectos
En abril de 2017, la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA MN) exigió la renuncia inmediata de Silvano Aureoles. Fue luego del asesinato de tres comuneros indígenas que se oponían a los proyectos de muerte de las trasnacionales a las que sirve el gobernador.
Además, Aureoles dio la orden para la invasión policial de la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Y en el marco del desarrollo de una supuesta mesa de diálogo, hizo que la Procuraduría General de la República (PGR) detuviera a 38 comuneros.
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Sólo entre 2015 y 2017, la CNPA MN documentó la detención de 26 comuneros: un comunero de Santa Fe la Laguna el 20 de noviembre de 2015; 12 de Cápacuaro el 17 de marzo de 2016 y 13 de Calzontzin el 24 de febrero de 2017 “no sin antes reprimir a dichas comunidades”.
Representantes del organismo denunciaron ya en 2017 en el portal Proceso: “Justamente para salvaguardar a las empresas trasnacionales es la insistencia del ejército y del gobierno federal de aprobar la Ley de Seguridad Interior, por eso la insistencia del ejército por distintos medios del establecimiento de una base de operaciones en el valle de Tlacolula, Oaxaca”.
Con la puesta en marcha del proyecto de las Zonas Económicas Especiales, las comunidades y los pueblos indígenas tienen una gran batalla por delante.
La saña de Aureoles contra los normalistas
Son muchos los episodios. Destacan entre ellos los ataques represivos del 12 de abril y 27 de septiembre de 2016, 21 de junio de 2017 contra estudiantes de la Escuela Normal Vasco de Quiroga, de Tiripetío. En junio la policía directamente entró a las instalaciones de la escuela, mientras los estudiantes estaban haciendo un brigadeo. Gael Solorio, un joven estudiante, fue gravemente herido por un disparo en la cabeza de los policías.
Estos hechos se suman a los del 14 de octubre de 2017, contra normalistas michoacanos y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Silvano Aureoles es el aplicador en Michoacán del ataque contra las escuelas normales, donde se forman las maestras y los maestros que enseñan a leer y escribir a los hijos del pueblo trabajador.
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Ataques contra los trabajadores
Se hizo notorio también el caso de hostigamiento a los trabajadores del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), a quienes se les ha despedido por buscar crear un sindicato para luchar por su basificación, ya que están hartos de que las autoridades los mantengan laborando bajo contratos por 90 días.
También se hizo público el operativo represivo desplegado contra los trabajadores de gobierno que pararon labores y se sumaron a las movilizaciones que exigían castigo a ex funcionarios estatales que desviaron 400 millones de pesos del Fondo de Pensiones, en noviembre de 2017.
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Criminalización del magisterio
Para garantizar la aplicación de la reforma educativa y en particular que se llevara a cabo la evaluación punitiva contra los maestros, Aureoles ordenó despliegues policiales monumentales.
Las últimas movilizaciones de los maestros, que contaron con la solidaridad de los mineros de Lázaro Cárdenas, fueron para reclamar bonos adeudados de varios años, descuentos compulsivos en salarios, aplicación ilegal del ISR sobre aguinaldos, salarios rezagados, rechazo a la descompactación de sueldos y por exigir la regularización de claves a todas las generaciones de egresados normalistas; por luchar contra la diferenciación entre trabajadores estatales y federales y por trámites administrativos pendientes que degradan sus condiciones laborales.
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Mientras recorta recursos para la educación, Aureoles ha aumentado el presupuesto para “seguridad pública”, es decir, para fortalecer el aparato policiaco. Para la seguridad de la aplicación de las reformas estructurales de Peña Nieto, ordenadas directamente desde Washington.
El impresentable gobierno de Silvano Aureoles se ha distinguido por su corrupción –con el derroche de millones de pesos en viajes en helicóptero, incluyendo el traslado de Belinda para ver al Papa Francisco–, la represión y criminalización de la protesta social. Todo para cumplir con su pacto de entregar recursos del estado a las trasnacionales y sentar las bases para una profundización de la explotación laboral.
Es este nefasto ejemplar de la “casta política” que gobierna al servicio de los empresarios el que ha impulsado una campaña difamatoria en los grandes medios de comunicación contra el maestro Alejandro Echevarría, quien fue participante del consejo general de huelga de la UNAM de 1999-2000. La huelga con la que se defendió la educación pública y gratuita para 18 generaciones posteriores.
Desde este medio nos sumamos al reclamo de libertad incondicional de los presos políticos del gobierno represor del PRD. ¡Presos políticos libertad!
