Uno de los discursos claves del gobierno ha sido insistir en racionar los elementos de protección personal (EPP) argumentando que su uso no es necesario en muchos de los casos a la hora de enfrentar al COVID-19 pero ¿Qué tan necesario es este racionamiento?
Domingo 19 de abril de 2020
Al calor de esta pandemia global, uno de los elementos que más ha preocupado es el control del contagio. Por ello se discuten las medidas adoptadas en China, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como los balances que se hicieron a partir de la experiencia italiana, todos los cuales coinciden en darle preponderancia al control efectivo del contagio a partir de una combinación de medidas de protección personal, sanitización pública, test masivos y cuarentenas efectivas.
Pues todos ellos coinciden que la clave estaría en reducir al máximo la carga viral a la que se expone una persona, es decir, reducir al máximo la cantidad de patógenos que ingresan al cuerpo con el fin de que este último sea capaz de combatirlos. Para el caso del personal de salud esto es especialmente más prioritario, pues trabajan frente a una alta exposición a carga viral, por lo que además se recomienda intercalar semanas de trabajo con semanas de descanso que permitan bajar la exposición cotidiana a la que se enfrentan.
Sin embargo la línea gubernamental se contradice con todas estas medidas. No hay una lógica de test masivos (sigue enfocado a grupos prioritarios), tampoco cuarentenas efectivas. Y sobre todo esto, implementa un racionamiento de los EPP en el sistema público de salud, a pesar de sostener que no hay escasez de insumos, e incluso extiende por decreto su vida útil, exponiendo a miles de trabajadores.
Usaremos un estudio de caso para ejemplificar, el Hospital Barros Luco Trudeau, desde el cual recientemente se realizó una fuerte denuncia de falta de insumos que las autoridades se apresuraron en desmentir para asegurar que estos elementos están, sin embargo ¿Por qué las y los funcionarios siguen sin tener sus insumos?
Hace 3 semanas, la directora Gisella Castiglione sostenía insistentemente que un elemento como la mascarilla no era algo necesario, invocando incluso a la Organización Mundial de la Salud, la que dicho sea de paso, había desestimado el uso de mascarilla en las calles pero recomendaba absolutamente su uso dentro de los recintos hospitalarios. Sin embargo los propios médicos e infectólogos del hospital usaban mascarillas, deslegitimando los argumentos contrarios a su uso.
A partir de acá, se hace un giro en la línea y se empieza a hablar de “racionalización” del uso de los EPP, un eufemismo para hablar de racionamiento, dando a entender que no había suficientes insumos. Este es un problema que se vuelve un escándalo nacional, donde se multiplican las denuncias, más de 120 funcionarios terminan en cuarentena, fuera del hospital con las consecuencias para los funcionarios y los usuarios, y finalmente para el hospital se produce un momento de inflexión cuando la autoridad termina por anunciar de manera pública que el hospital se encuentra rebosante de insumos médicos. Mientras al cierre de esta columna aún muchos funcionarios alegan que no se les entregan los insumos correspondientes abriendo la pregunta ¿Por qué no se entregan si los insumos están? ¿Si el problema no es el stock, por qué las autoridades siguen racionando y exponiendo a las y los trabajadores en forma innecesaria?
Para esto, es necesario realizar algunas aclaraciones. En primer lugar hoy lo que existe no es un desabastecimiento, ni siquiera a nivel internacional, sino más bien una especulación dónde el mejor postor se está llevando los cargamentos en la misma lógica del acaparamiento de mercaderías que realizaron algunas familias en supermercados, sólo que a escala global. La propia Cenabast ha planteado que el principal problema es que hay un encarecimiento de los productos y de las mismas importaciones, lo que sumado a la demora crea dificultades para abastecer, por lo que recomienda también producirlos en el país.
Según la OMS, el encarecimiento es tal que las mascarillas quirúrgicas han aumentado su valor más de 6 veces, las N95 se han multiplicado por 3 y las batas hoy cuestan el doble, mientras que sus modelos de cálculo estiman que se necesitan 89 millones de mascarillas médicas al mes, en el caso de los guantes de examen, esa cifra asciende a 76 millones y la demanda internacional de gafas de seguridad se sitúa en 1,6 millones al mes. Y es tal la necesidad, que esta organización se encuentra intentando coordinar con los estados el aumento de la producción de insumos y hace recomendaciones que apuntan a reducir las restricciones para su importación y distribución
Además de ello, un desconocimiento cuidadosamente ambiguo sobre la forma en que se expande el virus, pues no sólo lo hace a través de “gotas” sino que también en determinadas circunstancias lo hace en forma de aerosol, según los estudios difundidos por la OMS. Y justamente las mascarillas se diferencian en la capacidad que tienen para filtrar el aire, siendo la conocida mascarilla quirúrgica la que es capaz de evitar las partículas grandes, mientras que la ahora conocida N95 es la más efectiva filtrando incluso el aerosol. Sin embargo, ni la mejor mascarilla puede durar más de 3 horas, pues al humedecerse producto del ejercicio de respirar, su efectividad disminuye.
También se ha revelado que el COVID-19 se puede adherir al cabello y la barba, y es así que la Posta Central ha implementado el uso de gorros para el pelo y el afeitado facial completo, mientras que el Barros Luco no lo hace ¿Es que el virus se comporta diferente de un hospital a otro?
Otro dato relevante, también de la OMS, gira en torno a la supervivencia del virus COVID-19 en diferentes superficies, pudiendo permanecer viable hasta 72 horas en plástico y acero inoxidable, hasta cuatro horas con cobre y hasta 24 horas sobre cartón. Por ello, se recomienda una sanitización rigurosa, pero en un hospital esto se torna difícilmente aplicable por el ingreso y traslado constante de pacientes entre pasillos y salas, generando una alta carga viral que vuelve indispensable el uso de EPP.
Por ello, la recomendación de la OMS sobre la racionalización está enmarcada en una serie de criterios que especifican las situaciones en que se deben usar los EPP que va acompañada de otras medidas como las barreras físicas (vidrio o plástico). Es en este punto, donde se habla de uso extendido de EPP pero a cambio de especificar personal, equipo y necesidades. Es decir, no es una medida generalizada, como lo hace el gobierno y las autoridades del hospital. Un punto importante es la recomendación de los infectólogos de cambiar inmediatamente todos los insumos al atender a un caso positivo, por lo que el uso extendido se realiza solo en entornos seguros o de menor carga viral.
Sin embargo la falta test masivos y la existencia de un importante margen de pacientes asintomáticos dificulta estas recomendaciones en Chile, ante lo cual el gobierno elige implementarlas igualmente exponiendo a los trabajadores de manera consciente e irracional ¿Será quizás que pensamos muy mal del gobierno y éste no es capaz de hacerlo de otro modo por la falta de medios?
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Peor, esto no se hace por falencias técnicas, pues el propio gobierno admite que tiene una capacidad de realizar 12 mil test diarios y sin embargo se mantiene realizando entre 5 y 8 mil generando una grave consecuencia: el llamado aplanamiento de la curva de contagio es en realidad hacer menos testeos para encontrar menos infectados, de forma que el gobierno toma estas decisiones eligiendo dejar al margen parte importante de la información, o dicho de otro modo, dejando que un margen de la población se enferme y propague el contagio.
Todo esto nos lleva a una sola conclusión ¿Una conspiración del gobierno para eliminar población? De ninguna forma, pues la verdad no es otra que al gobierno como al resto de las autoridades, incluidas las del hospital, no le interesan las vidas de los trabajadores y la gran mayoría de la población, su prioridad sigue siendo “la economía”, una abstracción para no decir que los empresarios continúen obteniendo ganancias.
La decisión de racionar es eminentemente política, no técnica. Hoy en día el gobierno responde a la anarquía del capital, a la especulación, además de la ambición de los empresarios locales, pues estirar la vida útil de los insumos, que equivale virtualmente a operar sin ellos, no es una lógica racional que demuestre los aprendizajes de la experiencia internacional, pues sólo busca exponer a las y los trabajadores mientras se busca el ahorro de los “costos” y la continuidad del modelo económico. Por ello hoy el gobierno busca reabrir el comercio e instaurar una nueva “normalidad”.
Esto hace mucho más necesario que los trabajadores avancen a tomar en sus manos la actual crisis sanitaria y también económica. Que los trabajadores de la salud tengan acceso a saber cuantos insumos hay, para cuanto tiempo se pueden mantener y los distribuyan según sus necesidades, como lo está proponiendo en estos momentos la banca del FIT en Mendoza, Argentina, dónde se plantea la distribución gratuita de los EPP y la implementación de una plataforma virtual de seguimiento y de actualización diaria del stock de EPP disponibles.
Junto con esto, la implementación de testeos periódicos a los trabajadores de la salud en todos los centros de atención, la generación de áreas de aislamiento voluntario, a través de convenios con hoteles, que permitan que los trabajadores de la salud en primera línea de atención cuenten con vivienda, alimentos, monitoreo y registro completo de su estado clínico, porque en la medida que los trabajadores de la salud estén seguros podemos garantizar que la atención no decaiga.
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Pero también es necesario que los trabajadores de otros rubros tomen en sus manos la problemática en torno a los insumos, poniendo freno de esta forma a todo tipo de especulación mediante la reconversión económica. Hoy la CMPC compró una maquinaria capaz de hacer miles de mascarillas, sin embargo podría comprar 100 más con los de 458 millones de dólares que obtuvieron de ganancia por la llamada “colusión del confort” y abastecer de esta forma las necesidades concretas del sistema de salud.
Sin embargo esto no se hace, y como los Matte de la CMPC, u otras empresas como la CCU, que está haciendo alcohol gel, y Caffarena, que hace mascarillas, y todas las que ni siquiera se están planteando la reconversión nos revelan que esto no va a salir desde la hipócrita filantropía empresarial. Y en ese tipo de decisiones los trabajadores de estos sectores tienen un rol clave.
Es necesario que se imponga la prohibición de los despidos y suspensiones laborales, que implica que se mantenga el pago de salarios, y si alguna empresa llegara a quebrar, reabrirla orientándola a la elaboración de los tan necesarios insumos, en base a las necesidades que definan los propios trabajadores y al financiamiento estatal lo cual es perfectamente posible considerando los millones ya destinados a mantener la liquidez de los grandes empresarios y en multiplicar los créditos para Pymes y personas en general.
Hoy la única manera de superar la crisis pasa por que los trabajadores pasen adelante, pues la otra alternativa es la vorágine del mercado donde la vida es una mercancía más. Por ello esto no es un mero paréntesis en el estallido social, hoy también nos estamos jugando la vida, pues el gobierno y los empresarios están buscando sortear esta crisis descargándola sobre los trabajadores, afectando no sólo sus condiciones laborales sino que directamente sus condiciones de vida. Hoy nos toca luchar, no sólo desde la salud, sino que desde el conjunto de la clase trabajadora para la propia superviviencia.
