Las municipales y autonómicas de mayo son el primer round entre dos proyectos defensores del legado neoliberal, ajustador y al servicio de las grandes empresas y el Régimen del 78. Es necesario construir una alternativa de clase y socialista contra la derecha y la trampa del “mal menor”.
Miércoles 5 de abril de 2023
Se acerca la primera cita de este 2023 electoral. El 28 de mayo tendrán lugar las elecciones municipales y las autonómicas a excepción de Catalunya, País Vasco, Galicia y Andalucía. El primer round antes de las generales previstas para noviembre, en las que la coalición de PSOE y Unidas Podemos aspira revalidar otra legislatura más y la derecha volver a la Moncloa, con el apoyo o el pacto con Vox si es necesario.
Una legislatura “progresista” que consolida la herencia neoliberal recibida
¿Qué deja como legado la legislatura “más progresista de la historia”? Culmina con la herencia de una década de ajuste y tres más de contrarreformas neoliberales prácticamente intactas y revalidada. Sirvan de muestra la reforma laboral que confirmó lo esencial de las anteriores, incluyendo la de Rajoy, la reforma de pensiones que mantiene la jubilación a los 67 años de Zapatero, la Ley Mordaza, la Ley del Suelo de Aznar, el rescate a la banca por medio del SAREB, la Ley 15/97 que abrió las puertas a la privatización de la sanidad pública… y un interminable etcétera.
Han seguido regando con miles de millones a la banca y las grandes empresas, tal y como lo reconocía el secretario general del PCE, Enrique Santiago, recientemente cuando afirmaba que “en la historia de España no ha habido una transferencia de recursos del Estado tan grande a las empresas privadas como la que ha llevado adelante este gobierno". Mientras, a la clase trabajadora y los sectores populares no se ha pasado de limitadas ayudas que no han resuelto ni la precariedad estructural, ni mucho menos la enorme devaluación salarial o la crisis habitacional.
El gobierno Sánchez-Iglesias, primero, y Sánchez-Díaz después, han conseguido también apuntalar la crisis de la Corona con un reinado menos expuesto para Felipe VI y el exilio dorado del emérito, o consolidar la restauración autonómica en Catalunya con la ayuda del viejo procesismo, en particular ERC. Cierran su legislatura embarcados en la escalada imperialista y militarista de la OTAN, con un rearme histórico y blindando las fronteras con masacres como las de Melilla.
Una derecha radicalizada y en ascenso a lomos de la decepción “progresista”
A la vez en estos años se viene produciendo un fortalecimiento demoscópico y una radicalización de la derecha y la extrema derecha. A nadie debería sorprenderle algo así. No hay mejor alfombra roja para el crecimiento de estas opciones reaccionarias que un gobierno autodenominado de izquierdas que aplica gran parte de la agenda de la derecha, y también de la extrema derecha.
La emergencia de Vox en 2018 fue una especie de “freno de mano” del Régimen del 78 ante la afrenta que había supuesto el referéndum del 1 de octubre y el fracaso de la restauración conservadora de Rajoy. Desde entonces, estos herederos y defensores directos de la herencia del Franquismo, si bien parecen estancados en su progresión de voto, vienen marcando por derecha el tablero político y son un reservorio reaccionario disponible para enfrentar cualquier otra afrenta que venga desde abajo.
Feijoó aspira a llegar a la Moncloa si la suma con los de Abascal lo hace posible, para desplegar un programa super neoliberal, como el que despliega el PP en Madrid o Andalucía, y nuevos embates a los derechos democráticos de las mujeres, las personas LGTBI e inmigrantes.
Este crecimiento de la derecha no es solo responsabilidad del gobierno “progresista”. También sus socios de investidura de “izquierda” -en particular Más País, Compromís, EH-Bildu, BNG y ERC-, la burocracia sindical y la que controla diversos movimientos sociales -como sectores del movimiento feminista o el de lucha por la vivienda- le han dado un respaldo y una tregua que han fortalecido la idea de que no hay alternativa por izquierda. La mayor parte de la “oposición” ha quedado así como terreno libre para la demagogia derechista que vemos a diario en el Congreso o en manos de los “influencers” de la derecha.
28M: dos proyectos que no tienen nada que ofrecer a la clase trabajadora y los sectores populares
El 28M todas estas opciones esperan revalidar sus proyectos políticos. El bloque “progresista” lo afronta como un primer paso para cuatro años más de que “todo (parezca que) cambie, para que no cambie nada”. El PSOE lo hace con el aura de renovación que el pacto con Unidas Podemos le ha otorgado. Unidas Podemos lo hace con más crisis, pero con una intentona de renovación estética y conservadora tras el proyecto de Sumar.
La derecha y la extrema derecha lo encaran como el primer paso de un cambio de ciclo gobiernista. Con un PP de Feijoó que finge separarse de la extrema derecha, pero con la que no puede romper la dependencia parlamentaria que condiciona casi todos sus gobiernos.
Ni un proyecto ni el otro tienen en agenda para resolver ni uno de los enormes problemas sociales y demandas democráticas pendientes. Ni uno ni otro pretende tocar los intereses y beneficios de los grandes capitalistas. Ni uno ni otro pone en cuestión los grandes ejes de las políticas de Estado en defensa del imperialismo español. Ni uno ni otro, por lo tanto, tienen nada que ofrecer a las mayorías trabajadoras, la juventud y los sectores populares.
Desde la centroizquierda, y también desde algunas voces que se autodefinen como anticapitalistas, nos quieren vender que lo que toca este 28M y las siguientes convocatorias electorales, es brindar el apoyo político mediante el voto al progresismo en el poder o alguno de sus socios. Incluso aceptando algunas de las críticas por los “incumplimientos de la legislatura” o la “timidez” de sus medidas, los llamamientos a optar por el “mal menor” volverán a llenar artículos y redes conforme se acerque la cita electoral.
Pero es justamente este apoyo “con la nariz tapada” o en clave malmenorista el que viene jugando un rol pasivizador enorme. En contra de quienes nos quieren colar la trampa de que a la derecha se le enfrenta apoyando a la centroizquierda en el gobierno, estos cuatro años demuestran que esta receta solo ha servido para debilitar la verdadera fuerza con la que poder enfrentar a la derecha y sus políticas, las aplique quien las aplique. La organización de la clase trabajadora y la juventud, la movilización social, es la única capaz de ponerles freno, como demuestra hoy la lucha de clases en Francia.
Postales de grandes contiendas electorales que se resolverán con más continuidades
El 23M habrá elecciones autonómicas y municipales en la mayor parte de las comunidades: Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, mientras que en Andalucía, Catalunya, Galicia y Castilla y León solo se celebrarán elecciones municipales. Estas son algunas postales de las principales contiendas que tendrán lugar.
Madrid, donde la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital están en manos de la derecha, son los grandes laboratorios de sus políticas privatizadoras -como vemos en la sanidad pública- y antiderechos, junto a Andalucía. Ayuso y Almeida buscan separarse de Vox tras el fiasco de la moción de censura con el inefable Tamames, no porque el trumpismo madrileño del PP tenga alguna diferencia con la ultraderecha en su programa neoliberal reaccionario y antiderechos, sino por pura conveniencia política. En el flanco de la izquierda institucional, el PSOE busca recuperar terreno después de su peor resultado histórico en 2021 con la candidatura del ignoto Juan Lobato. Mas Madrid quiere presentarse con Mónica García como alternativa con un programa reformista de gestión y capitalismo verde, mientras Unidas Podemos intenta salvar el tipo con Alejandra Jacinto después del varapalo de Pablo Iglesias en 2021, ambos cruzados por las desavenencias en torno al proyecto de Yolanda Díaz. Todos buscan capitalizar el importante movimiento por la Sanidad Pública que ha puesto al gobierno de Ayuso como centro de sus críticas, cuando defienden a un Gobierno “progresista” que gobierna para el IBEX35 y mantiene la herencia de años de gestión neoliberal del sistema estatal de salud, incluyendo leyes privatizadoras como la 15/97.
En el terreno municipal, se espera un revival senil de la campaña con la que Pablo Iglesias quiso derrotar a Ayuso en 2021. Un rotundo fracaso que muestra de cómo a la derecha no se le puede enfrentar con el pedigrí de haber estado hasta la víspera aplicando parte de sus políticas desde el Consejo de ministros y ministras. En esta ocasión es Rita Maestre, de Más Madrid, la que la encabeza y repite fórmula, aunque mucho mejor ubicada en las encuestas para competir con Almeida y ser la favorita para liderar el espacio de la izquierda institucional madrileña. Maestre, Iñigo Errejón y su equipo reivindican el legado de Manuela Carmena, es decir el ayuntamiento "del cambio" de la operación Chamartín y el pago de la deuda ilegítima. Con cara amable un plan de infraestructura y transporte al servicio de los madrileños, pero detrás hay una campaña securitaria de “más policía en los barrios” que deja a su reformismo no solo como uno de manos vacías, sino de porra y placa. Recordemos que en ocasión de la cumbre de la OTAN en Madrid los pasados 29 y 30 de junio, Maestre dijo que era “un placer y un orgullo” que la cumbre de la alianza imperialista se celebrase en la capital y que no participarían de las movilizaciones denunciando el militarismo y la guerra porque esa lucha “no forma parte de su catálogo de preocupaciones ni de reivindicaciones”.
En Aragón esta disputa en clave de mal menor se reproducirá a la inversa. En este caso es el gobierno “progresista” conformado por una coalición entre el PSOE, CHA, Podemos y el derechista PAR, el que intentará evitar su recambio por un ejecutivo de la derecha - en el que el PAR seguro busca de nuevo cobijo-. Las políticas neoliberales del gobierno del “cuartipartito” se han diferenciado en poco a las de la derecha: ya sea con la consejera de universidad Maru Díaz de Podemos que no movió ni una coma del Plan Bolonia; otro ejemplo ha sido con la huelga de la plantilla del transporte sanitario donde mantiene externalizado el servicio público a través de dos contratas con las empresarias Acciona y Transalud. Y más grave aun cuando este gobierno ha permitido la detención de dos trabajadores por defender su derecho a la protesta contra la privatización del servicio. Mientras en la capital es Zaragoza en Común la que aspira a volver al ejecutivo sin tener en su gobierno de 2015 al 2019 ni una sola transformación estructural a mostrar que marque la diferencia. Ni tan si quiera llevaron hasta el final demandas tan básicas y mínimas como no pagar una deuda que habían generado la gran patronal y la casta política, aplicando a rajatabla las “leyes Montoro” del PP. La otra de las grandes apuestas municipales que pretendía acabar con las privatizaciones y el negocio en el sector público fue la supuesta defensa de la remunicipalización de las contratas -buses urbanos, Parques y Jardines, Depuradora, 010, puntos limpios, etc. - que quedaron en papel mojado. El derecho a la vivienda otro tanto de lo mismo. Y no digamos de la “la disolución de la UAPO” que quedó limitado a una reforma estética del cuerpo policial.
En Barcelona, Colau espera conservar la Alcaldía que le disputan sus socios del PSC y el convergente Trias. El ayuntamiento del “cambio” cumplirá así 8 años en los que el problema de la vivienda se ha agravado enormemente - con los alquileres un 50% más caros y una decena de desahucios al día-, se mantienen el 98% de las externalizaciones, los abusos de la Guardia Urbana contra jóvenes y migrantes siguen en ascenso y el modelo gentrificado de turismo y grandes eventos sigue siendo la “marca Barcelona”. Que el 25M se quiera vender como una disputa entre la ciudad de los de abajo versus la de los de arriba es ridículo. Al ayuntamiento de Barcelona en Comú ha sido un digno continuador de los previos del PSC - en los que ICV, hoy parte de BeC, también formaba parte - o el mismo Trias. ERC, por su parte, ante las dificultades de disputar Barcelona, concentra sus esfuerzos en una plaza metropolitana como Santa Coloma. Con Rufián como candidato han optado por imitar al PP de Albiol en Badalona, haciendo eje de campaña la ampliación de la Policía Local, las cámaras de videovigilancia y la asunción de las competencias de seguridad por parte del alcalde.
En el caso de Andalucía, las elecciones se presentan como una contienda por ver si el PSOE es capaz de evitar la consolidación del PP como fuerza hegemónica en el que hasta ahora había sido su bastión histórico, mientras que el PP busca repetir el éxito de la victoria absoluta en las últimas autonómicas. En este sentido, el panorama político andaluz desvela la crisis del bloque progresista con un PSOE que sufre una grave crisis política, con ex altos cargos entrando a prisión por el caso de corrupción de los ERES, la amenaza de división interna y con una incapacidad para diferenciarse de la derecha debido a haber aplicado durante décadas políticas neoliberales. Por otro lado, esta región ya ha sido un adelanto de la actual división a nivel estatal del neorreformismo con la crisis de Sumar y Podemos. En Andalucía ya hace un año que los distintos proyectos neorreformistas rompieron y ahora se centran en pelear abiertamente por cargos y sillones. Una prueba de ello es el mapa electoral de las municipales donde dependiendo del lugar los distintos partidos (IU, Podemos y Más País) confluyen o no según el reparto de las listas. Una división que no responde a diferencias políticas, todos apoyan ser muleta del PSOE y sus políticas de recortes. Finalmente, Adelante Andalucía, la apuesta neorreformista en clave soberanista de Anticapitalistas y sus aliados andalucistas, afronta las elecciones en solitario y sin sus principales figuras públicas tras la dimisión de Teresa Rodríguez y de José María González “Kichi”, una decisión que podría significar el descalabro de un proyecto político que no se ha diferenciado realmente del resto de opciones políticas neorreformistas salvo por el tono soberanista. Estas municipales podrían marcar el alcance real de la hipótesis de la tercera ola andalucista y de si esta perspectiva es la que realmente recoge el malestar por la crisis del eje territorial o si simplemente el voto y simpatías recibido respondía más bien al malestar de algunos sectores respecto al gobierno PSOE-UP.
En el País Vasco, el otro gran socio de investidura del gobierno, EH-Bildu, pretende recuperar algunas plazas municipales. Es el caso de San Sebastián, donde se vuelve a presentar a Juan Karlos Izaguirre, que ya ocupó ese cargo entre 2011 y 2015. Una experiencia de ayuntamiento del “cambio” previa a los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, y que inauguró el giró socialdemócrata y de integración al régimen de la izquierda abertzale.
La ilusión del “municipalismo” anticapitalista que deviene en gestión reformista del Estado capitalista
A la izquierda de los socios de investidura, otras formaciones hacen del “municipalismo” con discurso anticapitalista. El ejemplo con mayor extensión y tradición es la CUP en Catalunya, que hunde sus raíces en candidaturas locales de este tipo y que en la última década se ha extendido por decenas de consistorios.
Lejos de representar un “uso” de sus cargos institucionales como una trinchera o una “posición” desde la que promover el desarrollo de la lucha de clases, su práctica cotidiana se reduce a una suerte de gestión del Estado capitalista desde su nivel más elemental, el municipal, y, por lo tanto, el más limitado y encorsetado por los marcos legales establecidos.
Esto ha tenido como deriva la réplica a esta escala de las políticas de participación en gobiernos de coalición con diferentes partidos del régimen y social liberales. El caso que más ha evidenciado esto en la legislatura que termina es el de Sant Cugat del Vallés, un municipio de 90 mil habitantes, donde la CUP ha integrado el equipo de gobierno junto al PSC del 155 y la misma ERC que gestiona los negocios de las grandes familias desde la Generalitat. Pero en su historia reciente ha contado con experiencias como la de Sabadell o Badalona - municipios de más de 200 mil habitantes - en las que han fue parte de sus gobiernos del “cambio” en la legislatura anterior, en la misma línea que los de Colau en Barcelona, Carmena en Madrid o Santiesteve en Zaragoza.
En todas estas experiencias ni el problema de la vivienda, ni las remunicipalizaciones de servicios, ni la recuperación de espacios e instalaciones privatizadas se ha llevado adelante. Y lo que es peor, la ilusión de que este tipo de medidas se conseguirían desde la institución, han sido un verdadero obstáculo para que se desarrollaran procesos de movilización obrera y popular para imponerlas.
En la misma línea podríamos hablar del ayuntamiento del “cambio” encabezado por el militante de Anticapitalista, José María González “Kichi”, de Adelante Andalucía en Cádiz. Junto a Colau es de los pocos que revalidaron el mandato en 2019. Y como ella también, a ocho años, el balance es que las pocas reformas han logrado revertir la crisis social crónica de la ciudad -con un 25% de desempleo- y, lo que es peor, la alcaldía “anticapitalista” ha contribuido a mantener la paz social en la ciudad en los momentos en que la lucha obrera y popular tomaba sus propias vías y métodos de lucha.
El mejor ejemplo lo vimos hace poco más de un año, en la lucha del metal de Cádiz. En aquel momento “Kichi” manifestó su solidaridad con la lucha de los trabajadores, pero para acto seguido ofrecerse para mediar en el conflicto, abonando así el terreno para la traición de CCOO y UGT y su tradicional “hay que saber acabar una huelga” o “más vale un mal acuerdo que un buen conflicto”. Recientemente, el alcalde “anticapitalista” nos ofrecía otra estampa del grado de integración al que esta gestión municipal le ha llevado, haciendo de anfitrión nada menos que de Felipe VI y el ministro de Exteriores, Albares, en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz, en plena escalada imperialista y guerrerista.
El 28M, voto nulo o abstención. Por una alternativa de clase y socialista contra la derecha y la trampa del “mal menor”
Desde la CRT en los últimos años hemos hecho diversas propuestas a otras organizaciones de la izquierda anticapitalista para intentar construir una alternativa en el terreno electoral que defendiera una perspectiva de independencia de clase y socialista. Nos hemos dirigido a diferentes grupos que se ubicaban como críticos del noerreformismo de Podemos o la política de conciliación de clases de la CUP en Catalunya.
Lo hemos hecho convencidos de la necesidad de disputar también en el terreno electoral a las distintas fuerzas políticas que defienden los intereses de los grandes capitalistas, combatiendo a la derecha reaccionaria y desenmascarando a los falsos “progresismo”. La experiencia desde el 2011 del Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad en Argentina, del que forma parte nuestra organización hermana, el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), junto a otros grupos de la extrema izquierda, es un buen ejemplo de esto. Una izquierda que pelea abiertamente por un programa anticapitalista y emplea sus posiciones institucionales para ponerlas al servicio del desarrollo de la lucha y la autoorganización, y que no es parte de su hoja de ruta entrar a gestionar en ninguno de sus niveles el Estado capitalista.
Lamentablemente, en el resto de grupos de la extrema izquierda en el Estado español se han negado a avanzar en esta dirección. Bien sea por una combinación de sectarismo y de una limitación a una práctica sindicalista o social, o bien, por optar por apoyar, integrar o replicar algunos de los proyectos reformistas existentes.
Este ha sido el caso de Anticapitalistas. Tras su ruptura amistosa con Podemos por la entrada en el gobierno, han seguido embarcados en reproducir una suerte de proyecto neo-neorreformista como el que representa Adelante Andalucía y llevando adelante su propia experiencia de municipalismo del “cambio” a la que nos referíamos. Tampoco ha sido posible con Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes, que mantiene su posición tradicional de hacerle campaña a los partidos de la izquierda del régimen. O, en Catalunya, con grupos como Lucha Internacionalista, que optó por seguir siendo parte de la CUP, aun cuando se dirigía abiertamente a apoyar la investidura de Pere Aragonés, y están ahora embarcados en una deriva de “amigos de la OTAN” con su campaña de apoyo a la llamada “resistencia ucraniana” junto a otros grupos como Corriente Roja.
Otros grupos nacidos en el último tiempo, como parte de rupturas con la izquierda independentista vasca, catalana o la izquierda social de otras zonas del Estado, que impulsan el llamado “movimiento socialista”, optan por un proyecto político de propaganda abstracta y sectarismo en los que, si la intervención en la lucha de clases pasa a ser algo no contemplado, mucho menos aún el terreno electoral.
Esta situación hace que en las próximas elecciones del 25N no vaya a existir ninguna opción en clave anticapitalista y de clase, por lo que nuestra posición de voto será la de anular o abstenerse.
Al mismo tiempo, seguiremos peleando por construir una alternativa política que pueda disputar también en el terreno electoral. Ante el avance de la derecha y la bancarrota del neorreformismo y otros proyectos como el procesismo, del que la CUP ha sido su pata izquierda, es urgente poner en pie una izquierda que defienda abiertamente un programa transicional, con eje en el desarrollo de la lucha de clases y la perspectiva de pelear por gobiernos de trabajadores y trabajadoras y una sociedad socialista.
