Que a Joan Coma lo hayan detenido los Mossos d’ Esquadra es el enésimo síntoma de como la hoja de ruta de JxSí solo deja dos alternativas al movimiento democrático: ser derrotado o claudicar.

Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Jueves 29 de diciembre de 2016
Foto: EFE
El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opiniò (el equivalente al CIS en Catalunya) sigue marcando una tendencia a la baja del independentismo. Electoralmente, de celebrarse ahora nuevas elecciones, JXSí perdería entre 1 y 3 escaños, y la CUP entre 2 y 4, lo que peligraría incluso la mayoría absoluta (68) del bloque soberanista, al quedar su suma entre 65 y 69. Paralelamente los partidarios de la independencia siguen bajando, aunque a un ritmo mucho menos que el que se deduce de los titulares de la prensa españolista, quedándose en un 45,3 frente a un 46,8 de los contrarios.
Pero el indicador más revelador del cierto desinfle que afecta al movimiento democrático catalán no está en las encuestas, sino en las calles. Es sorprendente la escasa movilización social generada ante la escalada de detenciones y procesamientos por parte del Estado español. Esta semana se producían dos nuevas actuaciones de gran trascendencia. La primera la detención del concejal de la CUP Joan Coma por nada menos que el delito de sedición. La segunda, este jueves, el procesamiento de Francesc Homs por el 9N.
¿A que se debe que estos y otros golpes del Estado español estén pasando “sin pena ni gloria”? La razón no es otra que el llamado “procés” se ha convertido, no en una estrategia para conquistar el derecho a decidir, sino en una escuela de autolimitación, resignación y, al final, frustración desmovilizadora.
El hecho de que las últimas detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional, la de los militantes de la CUP que quemaron fotos de Felipe VI y la de Joan Coma, hayan sido realizadas por los Mossos d’Eaquadra, es una constatación práctica de que quien capitanea la hoja de ruta -el govern Puigdemont- no piensa realizar ni la más mínima acción de desobediencia ante la legalidad del Estado español y sus instituciones. Y a nadie se le escapa que es esta legalidad y estas instituciones las que hacen imposible el ejercicio al derecho a decidir.
Que las resoluciones del Parlament, las consultas convocadas o las declaraciones encendidas se quedan en nada cuando el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional abren la boca es un hecho contrastado para millones. Los que ayer creyeron honestamente que por la vía institucional, por arriba y sin más movilización social que la de las Diadas, era posible conquistar el derecho a decidir, ven que, una vez más, hay un muro en frente ante el cual esta hoja de ruta se muestra totalmente impotente.
Pero para que esta experiencia se traduzca en desmovilización y desgaste del movimiento democrático catalán se ha tenido que dar otra condición indispensable: la inexistencia de otra alternativa. Esta, en principio,le correspondía levantarla a la principal fuerza de la izquierda anticapitalista dentro del movimiento, la CUP.
¿Cuales podrían haber sido los pilares de esta alternativa? Fundamentalmente el preparar las condiciones para conseguir imponer al Estado español el ejercicio del derecho de autodeterminación. Es decir, todo lo contrario a lo que ha hecho Mas primero y Puigdemont después, siempre con el apoyo de ERC, la ANC, Omnium y lamentabemente también la CUP y su política de “mano extendida”.
Para pensar cuales eran, y son, esas condiciones necesarias habría que partir de qué es lo que va a oponer el Estado español a la voluntad democrática de los catalanes -hasta un 80% están a favor del derecho a decidir-. Enumeremos: la Fiscalía y la Judicatura -estatal y catalana-, Hacienda y la asfixia financiera, la policía -incluidos los Mossos d’Escuadra que deben obediencia en última instancia a los jueces y al Ministerio de Interior- y si es necesario el Ejército y la “ayuda” de sus socios de la UE y hasta la OTAN. Pensar que el Estado español va a permitir la secesión de un territorio que le aporta en torno al 20% de su PIB sin recurrir a todos estos medios pertenece más al mundo de la fantasía que de la política real.
Ante esta realidad ¿Qué ha hecho la hoja de ruta del “procés” para prepararse para resistirla y vencerla? Absolutamente nada, o mejor dicho menos que nada. En su afán de sacar al movimiento democrático de la calle y encorsetarlo en las instituciones autonómicas más bien ha contribuido a debilitar las condiciones necesarias para enfrentarla.
La CUP, dando por buena esta hoja de ruta y adoptando un papel de “presión por izquierda” sobre quienes la capitaneaban, no ha señalado ni puesto sus posiciones -en las instituciones y los movimientos sociales- al servicio de preparar dichas condiciones. ¿Cuales eran? Las que posibilitaban vencer al atacante, es decir doblar el brazo al Estado español y sus instituciones.
Algo sólo concebible, en primer lugar, consiguiendo que el derecho a decidir fuera parte de la agenda del conjunto de las clases populares y los trabajadores de Catalunya. Para ello, esta reivindicación democrática tenía que ir ligada a otras -como acabar con la casta política, la Corona...- y a un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Una unión programática que, para no ser mera letra muerta, debía partir de una posición elemental de independencia de clase. Es decir, ninguna alianza política con los representantes de la burguesía catalana y verdugos de las clases populares, mucho menos apoyarles los Presupuestos, como se está negociando.
Esta “expansión por abajo” del movimiento democrático, junto con la búsqueda de alianzas con el resto de sectores populares del Estado español, era y es una condición necesaria para poder poner en marcha un vasto movimiento por el derecho a decidir que luche por él con los métodos de lucha de la clase trabajadora. Sin huelgas, manifestaciones, piquetes, organismos de auto-organización y auto-defensa de los trabajadores y sectores populares, es imposible plantearse que la voluntad democrática del pueblo catalán podrá imponerse sobre la Corona, la Judicatura, los partidos de la casta y sus cuerpos armados.
Sobra decir que esta hoja de ruta causa urticaria en los dirigentes burgueses y pequeñoburgueses de JxSí. Que un derecho democrático elemental solo pueda ser conquistado por medio de los métodos de la lucha de clases es lo que convierte a estos partidos en obstáculos, y no en aliados, para esta pelea. No se trata de una cuestión de “sectarismo” o “purismo”, como acostumbran a decir los defensores incondicionales de la “mano extendida”, sino de un análisis concreto de las condiciones de la pelea y los intereses de los contrincantes.
El Estado español y su “atado y bien atado” así lo exigen, y el temor a que además del derecho a decidir un movimiento así quiera también “ajustar cuentas” con los explotadores de casa, así se lo desaconseja a Puigdemont y Junqueras. Este es el quid de la impotencia del “procés”.
La CUP hasta el momento sigue firme en su política de “ala izquierda” del “procés”. Llama la atención que incluso en la detención de Joan Coma ni siquiera hayan pedido responsabilidades al Conseller de Interior, como sí hicieron con los la de sus militantes que quemaron foto del Rey, para no enturbiar de nuevo las negociaciones de los Presupuestos. Lamentablemente, de no cambiar el rumbo, si la única hoja de ruta que se ofrece al movimiento democrático es la que no se prepara para vencer la ofensiva del Estado español, el día de la marmota sólo puede acabar de dos maneras: derrotado o claudicando.

Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.