Este viernes el movimiento estudiantil luego de dos años de presencial producto de la pandemia, retornó a las calles exigiendo el aumento de la de la beca de alimentación BAES. En Arica, los y las estudiantes de la Universidad de Tarapacá marcharon desde el Campus Saucache hasta la sede de la JUNAEB. En medio de este escenario es necesario preguntarnos ¿Qué rol pueden jugar las y los funcionarios de la Universidad?
Domingo 27 de marzo de 2022
La discusión por el aumento de la BAES, abre por una parte todo un cuestionamiento en cuanto al aumento del costo de la vida que subió durante la pandemia, donde la crisis sanitaria y socioeconómica golpeó a la clase trabajadora y sectores populares con millones de despidos y suspensiones, donde los más pobres se hicieron más pobres pero los ricos aumentaron sus ganancias.
Por otro lado, el alza de aranceles y matrícula se cruzan, una vez más con las demandas históricas del movimiento estudiantil. Justamente por ello es que la movilización y paralización nacional del pasado 25M no puede quedar solo en un hito, sino que debe ser el puntapié para retomar el camino de la organización y movilización por una educación gratuita, de calidad, realmente democrática y no sexista.
Ante esto ¿Qué rol pueden jugar los funcionarios y funcionarias de la Universidad?
Las y los funcionarios son un sector fundamental dentro de la comunidad educativa, la mayoría realizando labores administrativas, logísticas y de limpieza. Quienes también se ven afectados por el agobio y la inestabilidad laboral, donde todos los años deben vivir la incertidumbre de si serán contratados nuevamente. Mientras el Rector, Emilio Rodríguez, tiene un sueldo millonario y continúan aumentando los aranceles los que ya van en casi 4 millones de pesos.
Las asociaciones de funcionarios se limitan a resolver aspectos administrativos. Hoy los trabajadores no cuentan con un espacio real democrático donde organizarse y discutir sus demandas, ni siquiera pueden denunciar situaciones de acoso o de hostigamiento, ya que el protocolo establece que cada denuncia está sujeta al criterio de máxima autoridad, quién decide si ésta es viable o no, limitando que algunos quieran denunciar para no exponerse y correr el riesgo de perder su trabajo.
Es el momento para que las y los funcionarios saquen la voz, para comenzar a luchar por mejorar las condiciones laborales en medio de una situación económica compleja a nivel nacional, pero en perspectiva de acabar con toda la herencia que dejó la dictadura en el sistema educativo. Modelo que fue profundizado por los gobiernos posteriores y que hoy pesa sobre los hombros de estudiantes y funcionarios.
Las y los trabajadores deben poner sus necesidades al frente partiendo por el paso a planta y el fin al subcontrato para acabar con la precarización laboral, protocolos contra la violencia machista que responda íntegramente en donde la decisiones no pasen por las autoridades, planteando además la necesidad de una asociación de funcionarios única donde se pueden unificar sus demandas, luchar de conjunto contra el autoritarismo y en alianza con las y los estudiantes para conquistar una educación gratuita, de calidad, democrática, laica y no sexista para el pueblo trabajador.
Además el cogobierno triestamental es una urgencia, entendido como un espacio donde los tres estamentos de la universidad (Estudiantes, Académicos y Funcionarios) estén organizados, con real capacidad de decisión e incidencia en las decisiones de su propia casa de estudios y trabajo (elección de autoridades, malla académica, etc). Los organismos universitarios en un cogobierno triestamental funcionan bajo democracia directa, con delegados de base, revocables, paritarios, donde todos los estamentos participan con derecho a voz y voto. Además de la elección universal de las autoridades unipersonales.
