Baja California
El pasado viernes 24 de abril se dieron negociaciones entre los voceros de la Alianza Nacional, Estatal y Municipal por la justicia social, organización que agrupa a los jornales en paro de San Quintín, y las autoridades del gobierno federal, diputados y senadores.
Jueves 30 de abril de 2015
En esta negociación los jornaleros manifestaron su exigencia de aumento salarial de 300 pesos diarios, afiliación colectiva al seguro social y no represión contra los participantes del movimiento, entre otras demandas.
Dicha negociación fue acompañada por una marcha de 21 kilómetros por la carretera transpeninsular, en la que participaron alrededor de 20mil jornaleros, acompañados de contingentes de profesores (que en este momento también se encuentran en paro), estudiantes universitarios, representantes de organizaciones indígenas, trabajadores del campo en EUA y organizaciones sociales de la región. Ese mismo viernes se registraron manifestaciones de solidaridad en las ciudades de Ensenada,
Tijuana y Mexicali
La respuesta de las autoridades en estas negociaciones fue que no podían decretar un aumento general de salarios; en el caso de las autoridades estatales manifestaron que estaba fuera de su competencias solucionar algunas de las demandas; y el subsecretario de gobernación anunció que estaban en un proceso de investigación para multar a las empresas que no cumplen con la reglamentación laboral.
La comisión del gobierno se levantó de la mesa de negociaciones con la promesa de responder a las demandas en una nueva reunión programada en dos semanas, ante el descontento generalizado de la representación de jornaleros.
Los Jornaleros anunciaron nuevas movilizaciones en la región, además de una campaña de boicot a nivel nacional a la venta de la mora y fresa. Además han anunciado que de no haber solución a las demandas boicotearán el proceso electoral del 7 de junio.
El próximo 1 de mayo se manifestarán en la Ciudad de Mexicali y una comisión viajara a la Ciudad de México para participar de la movilización convocada por la Nueva Central de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Además se anunció la propuesta de construir un Sindicato Nacional de Trabajadores del campo, para romper con los sindicatos corporativos charros que tienen el control de la contratación colectiva.
Organizaciones campesinas han anunciado que se sumarán a la demanda de aumento salarial con base mínima de 200 pesos por jornada.
¿Cuáles son las condiciones de trabajo?
El Valle de San Quintín es una de las zonas de mayor producción agrícola en Baja California, se estima que el 40% de la producción del estado proviene de la región, la mayor parte destinada a la exportación en el mercado norteamericano y europeo, cuyas empresas multinacionales son las beneficiarias de la misma. En el valle de San Quintín se producen fresas, moras, pepino, rábano, cebollín, tomate, espárrago…
Las condiciones de explotación del trabajo son paupérrimas. En la producción de hortalizas y frutos rojos se hace presente lo más moderno de la tecnología agrícola junto con formas de trabajo arcaicas, que utilizan una gran cantidad de mano de obra con un muy bajo costo, para aumentar la ganancia para las grandes empresas.
Esta situación se ha acentuado en los últimos 20 años después de la reforma al artículo 27 de la constitución, que permitió el libre mercado de tierras en la región.
Con dicha reforma se destruyó la organización ejidal y hoy es común la venta o arrendamiento de tierras y permisos de agua a grandes empresas trasnacionales y a ranchos intermediarios. La entrada del Tratado de Libre Comercio ha dado el marco perfecto para acabar con la pequeña producción campesina y orientar la producción agrícola a la exportación.
Grandes empresas del sur de California se aprovechan de la complicidad de las autoridades estatales y del trabajo para burlar la ley y generar un bajo costo laboral, así como de las organizaciones sindicales ligadas a la CTM y CROC que manejan la contratación y han mantenido bajo control a los trabajadores.
Los jornaleros, en su mayoría son migrantes, del sur del país, especialmente indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero, que migran de un estado a otro de la república siguiendo el calendario de las cosechas. Viven con sus familias en barracas construidas de madera o material de desecho en los alrededores de los campos y cerca de los canales de riego, de donde obtienen el agua para sus necesidades básicas. En muchos casos no existen instalaciones sanitarias y los baños son colectivos. La cercanía a los campos los expone a los pesticidas utilizados en esta industria, es por ello que las enfermedades más comunes son las gastrointestinales y la taza de cáncer ha aumentado drásticamente.
El pago es por jornada de trabajo, el promedio en la región es de 100 pesos, no tienen acceso a las prestaciones de ley como el aguinaldo, la prima vacacional, ni al pago de horas extras. En muchas ocasiones no son dados de alta en el seguro social, sólo son atendidos a través de pases proporcionados por los patrones. Una jornada de trabajo comienza a las 5 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, extendiéndose en ocasiones hasta cumplir la cuota de producción del día, lo que implica de 12 a 14 horas de trabajo diarias.
En ocasiones el pago también se da a destajo: el jornalero para poder obtener su paga íntegra, debe completar un numero de cajas, o de baldes del producto, que es pesado por los capataces. En caso de no cumplir con las especificaciones de peso son sancionados y recortado su salario.
Los bajos salarios contrastan con los altos costos de la vida en la región fronteriza, esto obliga a integrar a la familia completa en las labores. En muchas ocasiones sólo es el padre de familia el que está contratado de manera formal, pero al campo acude toda la familia para poder cumplir con la cuota de producción y completar un salario de subsistencia.
La mujer sufre de una triple explotación: a las labores del campo se suma el trabajo para la reproducción social de la familia y su condición de indígenas, además de que se ha denunciado que sufren acoso sexual de los patrones y los capataces.
El trabajo infantil es otra realidad que se vive en la región. A pesar de que las compañías trasnacionales realizan supervisiones cotidianas y niegan oficialmente el empleo de mano de obra infantil en los campos, ésta es una práctica cotidiana. En algunos casos los patrones argumentan que se trata de una práctica cultural arraigada entre las comunidades indígenas, que no se ha podido erradicar, sin embargo este no es un argumento real, ni la razón concreta del por qué se da esta situación.
Varios estudios de catedráticos e investigadores de Baja California y EUA han documentado la existencia del trabajo infantil y hecho la denuncia de las consecuencias que trate al desarrollo físico, psicológico y social de los niños, que en muchos casos deben abandonar los estudios para salir al trabajo con sus padres, desde muy temprana edad.
A esta situación se suma el constante hostigamiento de parte de los patrones, que como han denunciado los jornaleros en ocasiones llegan a evitar la salida de los trabajadores de los campos, impidiendo su libre movilidad y para ello se utiliza a personal de seguridad armado.
Una situación que acentúa la explotación en general es la discriminación de la población indígena, por parte del gobierno del estado y los patrones. En estas últimas semanas diversos funcionarios y políticos panistas han expresado declaraciones racistas y de desprecio a los “oaxacos” o “indios”, y se han multiplicado en las redes sociales grupos que aprovechan el conservadurismo de los habitantes de la región, lanzando campañas de odio contra los jornaleros, exigiendo su salida del estado.
¿Porque luchan los jornaleros?
El escenario antes descrito, sumado al aumento generalizado de los precios en la región a consecuencia del aumento de los impuestos y de las reformas aprobadas por el gobierno de Peña Nieto, han generado las condiciones para la rebelión de los jornaleros.
Ya en años anteriores se habían registrado paros parciales en algunos ranchos y empresas, así como bloqueos en las carreteras, pero el paro iniciado el 17 de marzo pasado superó el nivel de organización: en su mejor momento fueron más de 80 mil jornaleros los que se sumaron al Paro y al menos 20 mil siguen hasta este momento; muchos de los que han regresado a laborar lo hacen bajo protesta y han declarado estar dispuestos a acudir a las manifestaciones y acciones en el momento en que se les convoque.
El pliego petitorio de los jornaleros consta de 14 puntos, los más importantes se exponen a continuación:
* Salario de 300 pesos al día por una jornada de 12 horas
*Jornada laboral de ocho horas
*Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social
* Prestaciones con base en la ley
*Vacaciones
*Respeto al séptimo día de descanso
* Pago de horas extra
*Fin al acoso sexual que se ha dado contra mujeres jornaleras
A estas demandas, se ha sumado la necesidad de la organización, por lo cual en las últimas semanas se ha discutido en el movimiento la necesidad de ligarse a los movimientos a nivel nacional, como el de la aparición de los 43, la Convención Nacional Popular y la propuesta de crear un Sindicato Independiente y de Carácter Nacional de Trabajadores del Campo.
Una lucha que unifica a los trabajadores del campo y la ciudad
Esta lucha es un ejemplo para los trabajadores de la región, que no habían presenciado desde hace muchos años una movilización independiente y de estas dimensiones de un sector de trabajadores. Por ello ha contado con la solidaridad de la población de Baja California: en las principales ciudades movimientos sociales, organizaciones políticas de trabajadores y jóvenes han realizado campañas de difusión de la lucha, acopio para los paristas y asistido a las manifestaciones, especialmente en Mexicali donde se realizó un plantón. Cada día se levanta más la consigna de ¡Fuera el Gobernador Kiko Vega!
Esta es una lucha que unifica a los trabajadores del campo y la ciudad, ya que las condiciones de explotación que se viven en San Quintín se reproducen a otra escala en todo el estado, especialmente en las zonas urbanas donde se da el trabajo en las maquiladoras, que al igual que las empresas del agro, aprovechan las condiciones de “paz laboral” y de violación de los derechos para reducir el precio de la mano de obra.
La lucha de los trabajadores de San Quintín está teniendo impacto en todo el estado y en la población trabajadora.
La rebelión de los trabajadores de San Quintín y su ejemplo de valentía se ponen a la vanguardia de las luchas de los trabajadores del país. Es de suma importancia su difusión y la solidaridad de toda la clase trabajadora para que esta lucha llegue a la victoria y se expanda a nivel nacional.