Derecho a decidir. ¿Por qué no se trata el proyecto de aborto legal?

El martes 11 de agosto, en una entrevista en la radio Futurock, la periodista Rocío Criado le preguntó al presidente sobre la versión de Infobae de que no se presentaría el proyecto para legalizar el derecho al aborto. Alberto Fernández aseguró que era un tema a resolver pero, “cualquier argumento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia”.

#CronicaAnunciada | 📣 @alferdez: "El proyecto por el aborto es un tema que tenemos que resolver, pero es una convicción que yo tengo y lo voy a mandar en cuanto se pueda"
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— Futurock.fm (@futurockOk) August 11, 2020

El día anterior, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero había brindado otra explicación. En una entrevista con Fabián Doman en radio La Red, Santiago Cafiero afirmó que, “lo que nosotros buscamos es que eso sea como parte de un debate público. Si no hubiéramos tenido pandemia el proyecto se trataba este año. Ahora yo realmente no sé cuales son los tiempos legislativos”. En la misma entrevista confirmó que era voluntad del gobierno presentarlo.

Con la reafirmación de “que es voluntad” presentar un proyecto, el gobierno intenta disipar las dudas y la impaciencia con respecto a la promesa y los anuncios del propio Alberto Fernández sobre un reclamo vital del movimiento de mujeres en Argentina. Con el silencio oficial de fondo durante el segundo aniversario del rechazo del Senado al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el diario Infobae publicó supuestas declaraciones de funcionarios (de quienes no dio los nombres) que aseguraban que el gobierno buscaba evitar “ponerle más presión al sistema de salud”.

El diario Página/12 también se hizo eco del argumento “sanitario” y explica, según una fuente de Casa Rosada consultada por ese medio que, “es imposible sancionar Interrupción Voluntaria del Embarazo en este momento. El sistema de Salud está muy estresado y no podés otorgar ahora un derecho que después el Estado no va a poder garantizar”. Sin embargo, los estudios que analizan el impacto de los abortos inseguros apuntan, al contrario, que la legalización es el camino para desestresar el sistema de salud. Así lo confirma el estudio del Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. “Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, entre los años 2005 Y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil. De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98% de estas internaciones en hospitales”. Como conclusión, el estudio señala: “Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID -19”.

Cada día que no hay aborto legal

El 1 de marzo en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente había anunciado que en los próximos diez días enviaría desde el Ejecutivo un proyecto de legalización del derecho aborto al Congreso. Se cumplió el plazo pero el proyecto no fue presentado. El reclamo estuvo en el centro del 8M, la última gran movilización previa a la pandemia, confirmando su vigencia. Más tarde, se paralizó la actividad legislativa, y el proyecto no se conoce hasta hoy.

Durante los primeros meses de aislamiento, no se realizó ningún tipo de actividad en el Congreso, pero cuando empezaron a reanudarse las sesiones de forma virtual, volvió a resonar la pregunta. ¿Cuándo? A comienzos de junio, el presidente sostuvo que el proyecto estaba terminado pero tenía otras urgencias (en referencia a la pandemia y la negociación de la deuda externa).

El 19 de junio, en una entrevista en Radio Nacional con periodistas de todo el país, explicó que no había enviado el proyecto, “va a generar un debate, y está bueno que así sea. Pero preferí postergar ese debate por el de hoy, que es la pandemia”. Un argumento similar al que utilizó hoy.

Durante todos los meses que se postergó el debate, con el objetivo de mantener la unidad del país, la salud de las mujeres siguió en riesgo. Ni los riesgos para la salud ni las muertes por abortos clandestinos se reducen en la pandemia, sucede todo lo contrario.

En Argentina se estima que se realizan cerca de 450 mil abortos al año, una gran parte se practica en la clandestinidad. No existen datos que muestren que la pandemia o el aislamiento reduzcan la cantidad de embarazos no deseados ni los abortos en condiciones inseguras. Al contrario, el contexto actual dificulta el acceso a métodos anticonceptivos y a la salud sexual y reproductiva.

La noticia sobre la muerte de dos mujeres (que solo son una muestra de la clandestinidad) mostraron la vigencia del problema. En abril, trascendió la muerte de Ivana Micaela de 22 años en Formosa y en mayo, la de B. de 41 años en el municipio bonaerense de La Matanza.

Durante la pandemia, también se conoció que en Santiago del Estero, hay tres mujeres presas, imputadas por aborto. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de esa provincia, denunció que otra mujer había sido acusada del mismo delito, pero no quedó detenida porque la fiscalía decidió no acusarla. Estos hechos confirman la “maquinaria punivista” que sigue funcionado en Argentina, como denuncia Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres y abogada de Belén (joven tucumana que estuvo presa casi tres años por un aborto espontáneo). Cada día que el aborto no es legal, esa maquinaria sigue activa.

Temas que dividen

El presidente Alberto Fernández insiste en que el aborto es un tema que divide y por eso prefiere no ponerlo en debate cuando es necesaria la unidad del país para enfrentar la pandemia. La realidad es que esa voluntad de unidad no fue un impedimento para llevar al Congreso la reforma judicial, otro proyecto del Ejecutivo, que generó debate y divisiones. El otro proyecto, dilatado en su presentación y tratamiento es de impuestos a las grandes fortunas, no tanto por las divisiones sociales sino por los intereses en juego.

Quienes no se detuvieron en su esfuerzo por bloquear cualquier tratamiento del aborto legal son las Iglesias católica y evangélicas. Activas durante la pandemia, la Conferencia Episcopal y las federaciones evangélicas se reunieron con el presidente Alberto Fernández para transmitirle, entre otros temas, su preocupación por el aborto legal. Con mensajes directos al poder Ejecutivo, gobernadores, legisladoras y legisladores, e incluso con “amenazas” de movilización en medio de la cuarentena. La actividad del lobby antiderechos confirma la necesidad de separar las Iglesias del Estado y que no vuelvan a ser obstáculo a la hora de definir políticas públicas. La reciente adhesión con restricciones al protocolo ILE del Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es el restulado de la alianza con y la presión constante de las Iglesias y los grupos antiderechos.

Las declaraciones sobre la postergación empezaron a despertar críticas y generaron malestar entre diputadas y diputados que apoyaron el proyecto de ley en el Congreso en 2018. Fue el caso del diputado del PTS/Frente de Izquierda Nicolás del Caño que afirmó: “Asociar que no presentar ni tratar este año en el Congreso el proyecto de aborto legal tiene que ver con la carga o presión sobre el sistema de salud desconoce el impacto de los abortos inseguros sobre ese sistema y no hace más que dar la idea de que la salud de las mujeres es algo menos importante o menos urgente”. Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito volvió a insitir en sus redes sociales en la necesidad de que se debata el aborto legal, en el aniversario del #8A: "Seguimos exigiendo ciudadanía efectiva, justicia social y una Ley que salvará y mejorará nuestras vidas, que reconocerá nuestros proyectos y una apuesta colectiva para las nuevas generaciones".

Cada día que la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos deba realizarse en la clandestinidad, representa riesgos para la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. El contexto de crisis sanitaria solo multiplica esos riesgos, por eso el aborto legal, seguro y gratuito es urgente e indispensable. Y tiene que ser ley.