Desde la revuelta social hemos visto un salto importante en la agenda securitaria y represiva del Estado. Sea con Piñera en el gobierno o con Boric, han asegurado que se resuelve la delincuencia con más recursos a las policías. Algo completamente falso. Ahora con la Ley Naín Retamal, de la mano de la agenda securitaria de la derecha -que el gobierno de Apruebo Dignidad toma en sus manos- somos testigos de cómo se blinda a las policías y avanzan los rasgos autoritarios del Estado, es decir, se arma para mayores embates de lucha de clases.
Lunes 24 de abril de 2023
Durante las últimas semanas de movilización en la Universidad de Santiago de Chile ya hemos sido víctimas de la represión policial en el frontis de Estación Central y durante la marcha hacia el ministerio de educación convocada por la CONFECH para entregar un petitorio nacional que ha escrito a puertas cerradas desde el organismo. También la represión ha sido especialmente dura en diversas marchas secundarias en el centro de Santiago.
El fortalecimiento de las facultades de la policía no es una forma seria para enfrentar la inseguridad. La idea de que para enfrentar el aumento de delincuencia en el país se deben entregar más facultades a carabineros ha ganado espacio entre los políticos del régimen, los grandes medios de comunicación e incluso los sectores populares. Sin embargo, esto es erróneo e incluso resulta a la inversa: una policía fortalecida es más susceptible a convertirse en un instrumento del crimen y en un factor de inseguridad. Solo con medidas anticapitalistas que permitan elevar el nivel de vida material y cultural de la clase trabajadora y la población se puede enfrentar el crimen organizado y la marginalidad, para superar las condiciones materiales ( hambre, no tener condiciones básicas para estudiar, abandono, transtornos mentales, etc) y políticas que generan delincuencia.
El discurso anti inmigrantes impulsado desde la derecha, la ex concertación y el Frente Amplio junto a la marginalidad impuesta a la población migrante son factores a tomar en cuenta, puesto que también sufren las consecuencias de las políticas securitarias (represivas) ejercidas por el régimen, encabezadas por la derecha pero ejecutadas por el gobierno de Boric, que no hacen más que esconder un problema humanitario para criminalizar a la población migrante ligando en la prensa constantemente los conceptos de migración y delincuencia.
La precarización de la vida y la irregularidad a la que se ven forzados por el gobierno la población extranjera ( por ejemplo mediante la ley de migración que expulsa a personas migrantes ) es el principal factor en la generación de la descomposición que se expresa en delincuencia y violencia.
Los ejemplos internacionales e históricos, como en los Estados Unidos y México, demuestran que el darle más facultades a las policías no resuelve el problema de la delincuencia y el narcotráfico y solo generan un recrudecimiento de la batalla contra estos. Incluso, para que el narco exista, es necesario que esté ligado a las estructuras de poder como la policía, los grandes capitales y el Estado -con sus políticos- para su funcionamiento, porque sino, no podría actuar libremente. Por ejemplo, no podrían pasar toneladas de drogas en los puertos más importantes del país como en San Antonio, o ser distribuida masivamente no solo en las poblaciones sino incluso en lugares de trabajo, estudio y ocio.
El problema de la delincuencia y la inseguridad es real, en la universidad lo hemos vivido diariamente en el último tiempo ya que estamos en una comuna con cifras rojas en el tema (Estación central). La demanda se ha integrado al petitorio estudiantil por los casos de robos y hurtos al interior del campus y en los alrededores. Pero nuestra seguridad no pasa por aumentar las facultades a las policías o aumentar las penas de los delitos a nivel general, porque no se ataca las causas sociales de la delincuencia que la reproducen en la sociedad capitalista, como el desempleo, el trabajo precario y el abandono. Tampoco pasa por poner más cámaras de seguridad al interior del campus, contratar una empresa externa de seguridad, poner más torniquetes en las entradas o guardias que sean ex uniformados. Estas medidas se prestan para la represión y serán utilizadas principalmente contra los estudiantes movilizados.
No por nada la criminalización de los estudiantes, en particular los que nos movilizamos, más la ligación que hace la derecha entre “capucha” y “delincuente”, tiene un peso importante en la campaña comunicacional y el discurso político que levantan a través de los grandes medios de comunicación y del Estado.
Es por esto que Rectoría ha tenido una buena disposición sólo a responder ésta demanda, con la mediación de la Feusach han llevado adelante esta demanda tal cual lo plantea el régimen y como lo han buscado implementar los rectores históricamente que buscan universidades públicas privatizadas; facultades cercadas con guardias privados que alejen cada vez más a la educación pública del conjunto de la población trabajadora. Como parte del movimiento estudiantil buscamos lo contrario, que se abran las puertas de las universidades a la clase trabajadora y el pueblo pobre.
Para enfrentar la inseguridad en la universidad es necesario una red de apoyo interna entre estudiantes, funcionarios de portería, funcionarios en general y académicos, para que nos cuidemos entre nosotros y vigilemos quienes si somos parte de nuestra comunidad a quienes entran con malas intenciones.
Que mediante comités de seguridad triestamentales organizados en asambleas podamos definir protocolos de seguridad, se vuelve una necesidad, para que sepamos quiénes somos parte de la comunidad universitaria y nos cuidemos mediante la colectivización y democratización del gobierno universitario hacia un cogobierno triestamental. Además es necesario que la educación superior se abra para la población migrante que viene al país por una mejor vida.
Pero esto debe estar ligado a una campaña contra la Ley Naín Retamal, contra las leyes represivas y de fortalecimiento de las policías, como de las políticas anti migrante. También a levantar un programa anticapitalista que ponga al centro medidas contra la desigualdad social, como educación gratuita, laica, democrática, de calidad y no sexista; repartición de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con un sueldo mínimo de 650.000 pesos ajustable según la inflación; fin al subcontrato y a toda forma de trabajo precario; salud pública y salud mental de calidad y accesible. Todo esto, financiado con plata de los super ricos mediante el impuesto extraordinario y la expropiación sin indemnización de las ramas productivas estrategicas como el cobre o el litio, para la renacionalización de los recursos naturales bajo control de sus trabajadores y comunidades.
¡Levantemos en la USACH una campaña contra la Ley Naín Retamal que ya se ha llevado muertos y contra todas las leyes represivas y anti migrantes! Ante el silencio de las federaciones con la represión, formemos coordinadoras contra las leyes represivas en unidad con universitarixs, trabajadores y secundarixs.
