La brutal política de desalojos municipales en pos de intereses empresariales, que lleva adelante el alcalde Jonathan Velásquez, de la mano del presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta Antonio Sánchez y que deja en total desamparo a vendedores ambulantes, personas en situación de calle y personas migrantes.
Lunes 17 de enero de 2022
Ante el crecimiento del comercio informal en Antofagasta, el Municipio liderado por el alcalde Jonathan Velásquez ha llevado adelante una brutal política apodada bajo el eufemismo de “Recuperación de espacios públicos”, la cual excede de simples operativos de limpieza para llevar a cabo procedimientos de desalojos contra vendedores ambulantes y personas en situación de calle, ubicadas en distintos puntos de la ciudad como el Parque Croacia, Centro de la ciudad, Balneario Municipal, Parque Brasil, Playa Trocadero, etc.
Esto a raíz de un aberrante fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que ordena erradicar el comercio ambulante y a partir del cual el Municipio ha actuado por orden del presidente de la Cámara de Comercio de Antofagasta, Antonio Sánchez. Lo cual es una medida que solo viene a resguardar intereses empresariales y que no entrega soluciones responsables en torno al comercio informal. Puesto que no toma en cuenta causas desencadenantes como la precariedad laboral, que arroja a las personas a ejercer la informalidad y la falta de políticas migratorias que faciliten la regularización, para que personas migrantes puedan acceder a trabajos formales.
Es por esto que la concejala del Partido de Trabajadores Revolucionarios, Natalia Sánchez, aseguró que "El Alcalde quiere que la perla brille dejando a familias sin sustento (…). Las familias han tenido que salir a vender a las calles, tratando de salir del endeudamiento y para mantener sus hogares en una de las ciudades más caras de Chile (…). La municipalidad debe generar instancias y reuniones con los ambulantes, si es que realmente busca dar solución a este problema”.
¿Cuándo hablamos de comercio informal y de comercio ilegal?
El comercio ambulante es una actividad que no ha sido declarada ilícita por nuestra legislación y su ejercicio se encuentra en principio protegido por el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas. Por lo tanto, cuando autoridades como Antonio Sánchez, hacen referencia al comercio ambulante utilizando términos como “comercio ilegal”, entonces ocurre una criminalización de esta actividad.
Es necesario distinguir entre comercio informal y comercio ilegal para no caer en errores conceptuales. El comercio informal es aquel que no cumple con todas las exigencias legales para funcionar y por lo tanto corresponde a una falta administrativa con sanción de multa. En cambio, el comercio ilegal recibe una sanción penal de delito y corresponde a la venta de bienes incomerciables, es decir, cuya venta está prohibida en el comercio, por ejemplo el tráfico de órganos, armas, marfil, etc.
Ser migrante y ejercer el comercio informal por necesidad en Antofagasta
De acuerdo con un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, la situación laboral de las personas migrantes en el norte de Chile es más precaria que en el resto del país, solo en la región de Antofagasta las personas migrantes dedicadas al empleo informal llegan al 40,6%. Porcentaje que está muy por encima del promedio nacional de empleo informal de personas migrantes el cual corresponde al 28%. ¡Es necesario avanzar en Derechos laborales y sueldos dignos para trabajadores migrantes!
Por su parte, los desalojos municipales a migrantes dedicados al comercio ambulante, profundizan aún más la falta de oportunidad, precariedad laboral y de vida. La persona migrante es arrojada a la informalidad o a la precariedad laboral por la exigencia de un requisito administrativo de regularidad, que se convierte en el condicionante que debe cumplir la persona para ser concebida como sujeto de derecho y acceder a derechos humanos, tales como, el derecho al trabajo que es un elemento esencial en la vida del ser humano.
La situación empeora con leyes discriminatorias promulgadas en dictadura y reformas del gobierno de Piñera. Como el Decreto Ley N°1094 y la reforma del 2018, que abordan la migración desde un enfoque de seguridad nacional y no de derechos humanos, generando barreras al traslado y fomentando así la situación de irregularidad especialmente contra la migración haitiana.
A ello se suma la política comunicacional del municipio, que ha dado lugar a diversos debates racistas en la comunidad. Así el alcalde Jonathan Velázquez a través de sus dichos en redes sociales, atribuye a las personas migrantes características negativas como falta de higiene, comportamiento delictual e incluso llegando a desplazarlas del uso del espacio público. Logrando así producir un sentido común negativo contra quienes han llegado a Chile buscando trabajo y dignidad.
Capitalismo y racismo. No es mera coincidencia que la política de deshumanización y racialización contra personas migrantes provenga de políticos de derecha, pues uno de sus objetivos es reducir a la persona migrante a meros objetos de capital humano, a fin de enriquecerse a costa de su precarización dentro de un sistema capitalista.
¿Qué sucede con las personas en situación de calle que son desalojadas?
La calle es un lugar al cual las personas llegan por diversos factores, resulta fundamental para abordar la problemática de forma responsable el contar con políticas públicas que incluyan albergues para personas migrantes, programas de hospedería, de reinserción social para personas que caen en situación de calle por ser excluidas de oportunidades laborales al contar con antecedentes penales, de atención en salud mental para personas que se encuentran en calle debido a una discapacidad psíquica no debidamente atendida, centros gratuitos de rehabilitación de drogas, etc.
¡Basta de criminalizar a los vendedores ambulantes!
La criminalización del comercio informal no es el camino correcto, ni se condice con un ideal de justicia social con predilección por las familias de trabajadores y migrantes que han debido enfrentar los flagelos que dejó el gobierno de Piñera, los despidos y su detestable ley de (des) protección del empleo en plena pandemia.
No se puede pretender entregar solución al comercio informal, abordándolo como un problema de contaminación por basura como lo ha hecho el Municipio de Antofagasta, en contraste se debiera buscar políticas orientadas a la formalización con un enfoque multidimensional.
Tomarse en serio el comercio informal exige, primero, recabar más información sobre el fenómeno para poder diseñar políticas públicas a la altura de su complejidad, a fin de incentivar y facilitar el tránsito a la formalidad.
